La nueva ley de presupuesto del sector público asciende a US$ 66.972 millones y prioriza sectores como educación, salud, saneamiento y seguridad ciudadana, representando un incremento del 4,5% en comparación con el presupuesto de 2024.
El Poder Ejecutivo de Perú oficializó hoy las leyes de Presupuesto Público, Equilibrio Financiero y Endeudamiento para el Año Fiscal 2025, tras su aprobación en el pleno del Congreso el pasado 30 de noviembre.
La Ley 32.185, Ley de presupuesto de sector público para el año fiscal 2025, asciende a 251.801 millones de soles (US$ 66.972 millones) y prioriza sectores como educación, salud, saneamiento y seguridad ciudadana, representando un incremento del 4,5% en comparación con el presupuesto del presente año.
Educación recibirá 49.611 millones de soles, (US$ 13.195 millones) lo que representa un incremento de 3.062 millones o US$ 814 millones (un 6,6% más que en 2024), consolidándose como el sector con mayor asignación.
En tanto, Salud tendrá 30.373 millones de soles (US$ 8.078 millones), lo que equivale a un 3% de crecimiento, que representa 885 millones de soles (US$ 235 millones).
En seguridad ciudadana, no solo se brinda recursos al Ministerio del Interior, sino también al Ministerio de Justicia, que administra las cárceles, entidad para la cual se aprobó un endeudamiento de más de 3.000 millones de soles (US$ 797 millones) para la construcción de cárceles, que considera también al Ministerio Público y el Poder Judicial.
Además, para orden público y seguridad, el monto asignado asciende a 15.532 millones de soles (US$ 4.131 millones), que representa el 6,2% del presupuesto total para 2025.
Asimismo, se publicó la Ley 32.186, Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector público, la cual establece las normas para mantener la estabilidad en la ejecución del presupuesto del próximo año.
Por otro lado, la Ley 32.187 tiene por objeto regular las condiciones para el endeudamiento del sector público para 2024, de conformidad con el artículo 9 del Decreto Legislativo 1.437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público.
