La obra, que será la más importante en el sector energético del país, ha sido cuestionada por interesados en el contrato y tendrá un costo cercano a los US$2 mil millones y está ad portas de ser adjudicada.
Crece el ruido alrededor de la licitación para adjudicar la construcción de la Central Hidroeléctrica Pescadero Ituango y las denuncias de posible direccionamiento para favorecer a uno de los consorcios.
Detrás hay una gran lucha de intereses y no es para menos: la megaobra de Empresas Públicas de Medellín (EPM) compromete un presupuesto de casi cuatro billones de pesos, que es un poco más de lo que costarán las 100 mil viviendas gratis que construirá el gobierno.
Las denuncias no son nuevas y han acompañado esta licitación desde el principio, haciendo de este proceso una batalla en la que ha tenido que intervenir la justicia.
El cuestionamiento más sólido es que uno de los socios del consorcio más opcionado para ganar la licitación también hizo parte de las empresas que elaboraron los diseños, situación que le permitió tener acceso a información privilegiada. Y como si esto fuera poco, los denunciantes dicen que EPM ha modificado paulatinamente el pliego de condiciones para evitar que ese grupo constructor quede fuera.
A pesar de los reclamos, las insistencias y las tutelas, el contrato está ad portas de ser adjudicado. Paradójicamente, en el proceso va punteando la empresa sobre la cual han recaído los cuestionamientos: el Consorcio CCC Ituango, integrado por las firmas colombianas Conconcreto y Coninsa Ramón H. y la brasileña Camargo Correa.
Claro está, las coincidencias que se han denunciado no implican que esté probada alguna ilegalidad. Vale recordar que el Consorcio CCC ya ha sido contratista de EPM, con la construcción de Porce III, el cual también fue motivo de reproches, ya que luego de haber ganado el contrato por casi $450 mil millones, la obra terminó costando casi $600 mil millones debido a modificaciones de diseño que fueron aprobadas por la empresa Ingetec, que curiosamente será la interventora de Hidroituango.
Este ruido ha generado que los ojos estén puestos sobre el multimillonario proyecto, al punto que recientemente el procurador general, Alejandro Ordóñez, ordenó una visita de carácter preventivo a EPM, de la que surgieron recomendaciones como la de verificar que los oferentes cumplan los requisitos señalados en el pliego de condiciones, antes de tomar la decisión final.
Sin embargo, la sugerencia no es de estricto cumplimiento, ya que el Ministerio Público aclaró que a EPM la cobija el régimen privado de contratación. Tras la visita de la Procuraduría, EPM emitió un comunicado en el que contó que la empresa presentó al ente de control la información del proceso y que “los funcionarios manifestaron su tranquilidad. Además, que formularon recomendaciones que serán acatadas por la empresa”.
De igual forma reiteraron que el proceso ha sido transparente y acorde a los términos del pliego de condiciones, y que a pesar de que la empresa se rige por el derecho privado, velarán por el interés general y la protección del patrimonio público.
Pese a la cantidad de dudas frente a la empresa, que ameritarían una defensa de EPM, la decisión fue la de guardar silencio. Así lo ha hecho saber el gerente de la entidad, Juan Esteban Calle, quien dijo que no se pronunciarán frente a las denuncias mientras no concluya el proceso de contratación.
Vale resaltar que Hidroituango es un proyecto del que se ha hablado en Antioquia por casi 40 años y está a punto de ser una realidad. Es por este motivo que hay gran interés en su futuro, ya que será una obra de importancia estratégica para Colombia.
La hidroeléctrica generará casi 2.500 megavatios, convirtiéndose en la más grande de ese país. Tendría que estar operando a finales de 2018 y una vez esté en funcionamiento tendrá capacidad de producir energía para atender la quinta parte de la demanda nacional.
Sin embargo, el objetivo será exportar a Centroamérica. La cuestionada licitación se abrió en octubre del año pasado y desde su apertura ha sido criticado por varios constructores. Incluso, firmas españolas que estaban interesadas, como Sacyr, Dragados y Ferrovial, no presentaron ofertas por considerar que la licitación fue excluyente.
Un dato concreto que dimensiona la queja: de 21 empresas que mostraron interés al adquirir pliegos, sólo siete se presentaron. Las sospechas y observaciones alrededor de Hidroituango motivaron un estudio de la organización Virtual Transparency, que en junio pasado sugirió excluir la propuesta del Consorcio CCC Ituango.
La petición está respaldada por un estudio en el que analizaron certificados de Cámara de Comercio de las empresas interesadas, los pliegos de condiciones y otros procesos de contratación de EPM. Allí encontraron que el Consorcio CCC supuestamente incurrió en una de las causales de eliminación establecidas por EPM, específicamente la que prohibía que entre los socios del proponente estuviera alguien que hubiera participado directamente en “el estudio del proyecto, en la elaboración de diseños o pliegos de condiciones”.
Según el estudio de Virtual Transparency, esto ocurrió con Jairo Hoyos Gómez, quien además de haber sido miembro de la junta directiva de la empresa Coninsa Ramón H. (integrante del consorcio CCC), fue representante legal del grupo empresarial Sociedad Integral S.A., que participó en la elaboración de diseños del proyecto en 2008, a través de las empresas Solingral S.A.S. e Ingeniería de Consultas S.A.S. Como dato adicional, estas mismas empresas tendrán que prestar asesoría durante la construcción.
Ante la denuncia, el Consorcio CCC se ha defendido diciendo que en este caso no hay irregularidad, debido a que Jairo Hoyos Gómez no participó en la elaboración de los diseños, ya que él sólo llegó a esas empresas dos años después de haberse firmado el contrato.
Sin embargo, para Virtual Transparency esta explicación no derrumba el argumento de que él pudo haber accedido a información privilegiada antes de abrirse la licitación, lo que dio ventaja al consorcio. En este estudio de Virtual Transparency recientemente se han apoyado los competidores para seguir con sus críticas frente al proceso de selección del constructor de la hidroeléctrica. Afirman que la ventaja puntual de CCC al haber accedido a la información del diseño consiste en haber tenido a su alcance “los estudios de los riesgos del proyecto, los estudios de precios unitarios y la simulación del programa de construcción, situación que genera desigualdad entre los proponentes, así como una competencia desleal”.
La denuncia va más allá, al indicar que en caso de resultar elegido el Consorcio CCC, existiría un hecho más complejo y es que a la hora de adelantar la construcción recibirán asesoría de las empresas que elaboraron los diseños. Es decir, a través del enlace de ambas empresas se podrían manejar con facilidad posibles cambios en la obra y, por ende, posiblemente aumentar a futuro el costo del proyecto.
A la denuncia del caso de Jairo Hoyos Gómez, que parece ser el argumento más sólido de los proponentes para cuestionar la transparencia de la licitación, se han sumado otras quejas que indican que EPM ha ido ajustando las condiciones del proceso para permitir que el consorcio CCC Ituango avanzara sin tropiezos hasta la etapa de adjudicación del contrato.
Requisitos exagerados en materia de experiencia; la eliminación a última hora de la condición de tener un crédito aprobado para financiar la obra, y el rechazar a tres días del cierre de la licitación la suma de experiencia de empresas que se fusionaron (pese a que en otros procesos las habían aceptado), son algunas de las denuncias. Un ejemplo claro fue lo que ocurrió con el requisito de tener un crédito aprobado para participar en la licitación, exigencia que daba puntos en la calificación final antes de la adjudicación.
Al comienzo varias empresas se abstuvieron de participar por no cumplir este requisito, como ocurrió con las empresas Dragados S.A. y Sinohydro Group Ltd. Sin embargo, esta obligación la eliminaron justo cuando más avanzada estaba la licitación, porque ninguno de los proponentes la cumplía a cabalidad. Estas dudas han motivado denuncias, con las que los proponentes buscan que se suspenda la licitación mientras EPM las aclara, ya que consideran que en el trámite se han violado las leyes de contratación.
A este panorama se le suma el malestar de los competidores por las reiteradas negativas de EPM de hacer públicas las propuestas de los que compiten por el contrato bajo el argumento de ser información reservada. Esta negativa motivó la intervención de un juzgado administrativo, que ordenó a la empresa hacer públicos todos los documentos, lo que es clave antes de la audiencia de adjudicación, para que todos los interesados puedan conocer los argumentos de la calificación final.
Sobre el tema de la reserva, el gerente de EPM, Juan Esteban Calle Restrepo, dijo que esa condición la conocieron todos los proponentes y la aceptaron sin reparo. Y agregó que no era cierto que EPM hubiera ocultado información de los oferentes, razón por la cual pidió a un juez dirimir el conflicto y cuando éste ordenó entregar la información, la empresa cumplió.La más reciente crítica fue el resultado de la calificación final de los cuatro consorcios que llegaron a la última instancia del proceso, en la que se conoció que quedaban por fuera de la competencia la Unión Temporal Aoco (conformada por Acciona, El Cóndor y Obras Subterráneas) y el consorcio Pescadero Ituango (Andrade Gutiérrez de Brasil, Impregilo de Italia y Conciviles de Colombia).
Los finalistas fueron el Consorcio CCC Ituango y el Consorcio OMS Ituango (conformado por las firmas Odebrecht, Minciviles y Solarte). De éstos, la primera opción la tiene CCC por haber presentado la propuesta más económica. Su oferta fue por casi US$1.900 millones, casi 13% menos del presupuesto de referencia presentado por EPM, que fue por casi US$2.200 millones. Por su parte, el Consorcio OMS Ituango fijó su propuesta en casi US$2.100 millones.
Según los denunciantes, la evaluación final comprueba el beneficio que obtuvo el virtual ganador al supuestamente haber accedido a información privilegiada de los diseños. “La estrategia está en presentar valores por debajo del presupuesto de EPM, para ganar la licitación y durante la ejecución, fundado en su conocimiento de los diseños, negociar adiciones que desde la preparación de la oferta sabe que deberán ser ejecutadas”.
Actualmente el proceso está suspendido por cuenta de la tutela que presentó la Unión Temporal Aoco, en la que le pidió a un juez ordenar a EPM que dé explicaciones frente al método de calificación y que permita a los proponentes realizar observaciones a la evaluación. Por ahora, los ojos siguen puestos sobre el proyecto hidroeléctrico más importante del país y al final del proceso se espera conocer si todos estos tropiezos hacen parte de una simple guerra de intereses o realmente existe un caso más de posible corrupción.
