La Polar, empresa del retail chilena, ha planificado e implementado una estafa que ha estremecido a la sociedad chilena. Sus directores y ejecutivos maquillaron la contabilidad de la empresa con el propósito de mostrar cifras azules en los balances financieros y así promover la compra de acciones del público, mientras ellos las liquidaban a buenos precios en el mercado. Ha sido un escándalo nacional, que ha afectado a accionistas, pensionados de las AFP y cientos de miles de clientes. La fe pública y la propia imagen del país se han deteriorado.
Los ejecutivos de La Polar han tenido un comportamiento delincuencial. Pero no son los únicos responsables. Para empezar, está la responsabilidad de la clase política, que en vez de desarrollar iniciativas y legislaciones para favorecer con crédito bancario razonable a las familias de bajos ingresos, convirtió a los retail en cuasi bancos, permitiéndoles elevadas tasas de interés y escasa regulación. Ello tuvo dos impactos sociales graves. Por una parte, los costos del crédito del retail han encarecido la vida de los pobres; por otra parte, ese sistema de crédito ha debilitado la posición competitiva del comercio minorista, aumentando su mortandad.
El auge del retail en Chile se encuentra estrechamente vinculado al negocio financiero. Comenzó como herramienta para potenciar ventas, convirtiéndose posteriormente en un negocio autónomo. Estas empresas se han concentrado en atacar nichos de mercado que no son segmento objetivo para la banca, logrando rentabilidades extraordinarias. El negocio financiero de las tarjetas de crédito es el componente más importante de los ingresos totales de las compañías de retail, enfocado en clientes de estratos C3 y D; vale decir, las familias de más bajos ingresos.
En el caso de la Polar el negocio financiero se convirtió en una perversión, ya que no sólo expolió con tasas de interés usureras, sino que utilizó a sus clientes morosos como instrumentos para transformar una compañía virtualmente en quiebra en una empresa próspera. En efecto, La Polar realizó repactaciones automáticas unilaterales de las deudas con sus clientes, incluyendo sobre-intereses, mora, gastos de cobranzas, etc. Así, la contabilidad transformaba cifras rojas en azules, se posponía la deuda anterior mediante la repactación, y se mostraba un crédito nuevo. Es la “contabilidad creativa”, fraude inventado por los ejecutivos de Enron y Worldcom, en los EE.UU., para inflar ganancias, engañar al público y accionistas. Su propósito: favorecer la posición en la bolsa para que los inversionistas sigan comprando acciones mientras sus ejecutivos las venden. Y, al mismo tiempo, el directorio recibe jugosas ganancias y los ejecutivos bonos por buen desempeño.
A pesar de todo lo sucedido, el ex presidente de la Polar, Pablo Alcalde, dice que no tiene nada que temer. Es explicable. El sistema penal chileno sanciona muy levemente estas estafas y no existe cárcel para estos delitos, a diferencia de lo que sucede en los EE.UU.
El directorio de la Polar dice que no advirtió las anomalías existentes, pero nadie le cree (y están renunciando en bloque). Su responsabilidad es ineludible, como lo es también la de Price Waterhouse Coopers (PWC), auditora externa de la multitienda, la que visó de forma irresponsable todos los estados financieros, sin observar problema alguno. Por su parte, la Superintendencia de Bancos e instituciones financieras (SBIF), aunque no fiscaliza en terreno a los emisores de tarjetas no bancarias, le corresponde revisar los informes preparados por la auditora externa, vale decir PWC. La SBIF sabía perfectamente el elevado endeudamiento de los clientes de la Polar, pues estaba destacado en su propia página web y, por tanto, actuó con escasa rigurosidad al dar visto bueno a lo obrado por la auditora externa.
La Polar pudiera no ser la única empresa que presenta anomalías de carácter fraudulento, ya que la perversa lógica del sistema de las tarjetas de crédito se encuentra presente en todo el retail e incluso en supermercados. Al mismo tiempo, sin mecanismos de control adecuados, el respeto a los consumidores descansa en la “responsabilidad social empresarial”, la que en el sistema capitalista chileno deja mucho que desear. Por tanto, una investigación rigurosa bien podría destapar casos similares al de La Polar en otras empresas del retail.
El ex presidente de Chile, Ricardo Lagos, decía “hay que dejar a las instituciones funcionar”. En este caso se equivoca. Todo indica que el conjunto de la institucionalidad anda mal y hay que cambiarla. Hay que modificar un sistema financiero que ha promovido las tarjetas de crédito no bancarias y que al mismo tiempo no tiene capacidad de controlarlas, sobre todos cuando las cifras de la SBIF revelan que a fines de 2010 sólo el 23% de las tarjetas eran bancarias y el 77% restante correspondían al retail. Y éstas están destinadas a las personas más pobres del país, precisamente aquellas que no pueden acceder a créditos de consumo en la banca. Las tasas de interés por esas tarjetas son cuatro veces más de las que cobran los bancos. El volumen del negocio y su impacto social debió haber interesado mucho más a gobiernos y parlamentarios. Las sanciones para quienes cometen delitos financieros gravísimos también debieran haber concentrado su interés. Lamentablemente no ha sido así y ahora se viven las consecuencias. Los directivos de La Polar deben responder ante la ley y la clase política ante la sociedad. Los primeros por fraude; los segundos por negligencia.
