El gobierno de Daniel Ortega se ha especializado en revivir las centenarias disputas de límites con los países vecinos. El litigio que enfrenta con Colombia, en la Corte de La Haya, no es el único, sino varios frentes de batallas limítrofes que enfrentan con sus vecinos.

En el caso de Colombia, desde 1980 la Junta de Reconstrucción Nacional de Nicaragua decidió declarar "la nulidad e invalidez" del tratado de límites Esguerra-Bárcenas, que fijó en 1928 la línea fronteriza entre los dos países. Un tratado mediante el cual Nicaragua reconoció como territorio colombiano el archipiélago de San Andrés y Providencia. Entre tanto, Colombia aceptó los dominios de Nicaragua en la costa de Mosquitos y las islas de Mangles, Corn Island y Littie Corn Island.

En aquel entonces, la tesis de Nicaragua era que, debido a la ocupación norteamericana, dicho tratado firmado con Colombia había sido producto de una imposición norteamericana. Por lo tanto, un acuerdo firmado bajo esas circunstancias carecía de validez jurídica. Posteriormente, desconoció el tratado de límites entre Colombia y Honduras, firmado en 1986, que determinó los linderos marítimos colombo-hondureños en el Caribe y que ratificó la soberanía colombiana sobre San Andrés y Providencia. 

Los reparos de Managua se centraron en que el tratado había reconocido a Honduras posesión marítima hasta el paralelo 15, mientras ellos reclamaban dominios hasta el paralelo 17. Sus argumentos fueron que el tratado "lesionaba sus derechos en el Caribe, al pretender imponer límites arbitrarios, a través de un reconocimiento recíproco de Honduras y Colombia, en perjuicio de Nicaragua".

A pesar que la Corte dirimió el pleito, otorgando dominios a Honduras sobre cuatro islas y reconociéndole a Managua dominios sobre 130 mil km², aún el gobierno de Ortega continúa reclamando nuevas definiciones fronterizas con Honduras en el Caribe. 

Nicaragua, no conforme con el fallo, acude de nuevo a la Corte y demanda a Colombia en 2012, estamento que profirió un fallo donde estableció la delimitación marítima entre los dos países en el Caribe, a través de la cual Colombia perdió alrededor de 75 mil km² de aguas territoriales que rodean a San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, Colombia decidió retirase del Pacto de Bogotá y no acatar el fallo. 

Managua vuelve y acude a la Corte, presenta dos nuevas demandas y la Corte se declara competente para estudiarlas. La primera, sobre violaciones a la soberanía y espacios marítimos otorgados en el fallo de 2012. La segunda acerca de más dominios territoriales sobre la plataforma continental extendida. Lo polémico es que Colombia no firmó la Convención del Mar, en la cual se desarrolla esta figura. De nuevo la decisión de Colombia es no acatar las decisiones de la Corte y acudir a mecanismos de negociaciones bilaterales.

Además de este litigio en la Corte, Managua también sigue teniendo líos con otros países vecinos. Pese a que hace seis años la Corte falló a favor de Costa Rica en el litigio sobre el área limítrofe de disputa en el río San Juan, aún sigue teniendo roces por la postura hostil de Managua.

Como el gobierno de Ortega se ha dedicado a desconocer tratados y laudos arbitrales, también mantiene vigentes las rivalidades con Honduras y El Salvador, en el golfo de Fonseca, en el Océano Pacífico. De hecho, ha desconocido aspectos importantes del fallo de la Corte, que en 1992 dirimió los dominios de las tres naciones en el golfo, donde concedió a El Salvador dominio sobre las islas de Meanguera y Meanguerita; a Honduras sobre la isla de El Tigre y a Nicaragua posesión sobre tres millas a partir de punta Cosigüina.

Un fallo que determinó que los tres países, mediante mecanismos tripartitos, dirimieran los derechos de cada uno a partir de la bocana del golfo mar adentro. A pesar de los memorandos de entendimiento que han suscritos para hacer del golfo una región de paz, de seguridad y de desarrollo, Nicaragua no ha respetado los memorandos, ni la decisión de la Corte.