La investigación empírica es concluyente: las sanciones económicas generalizadas (por ejemplo, el embargo comercial de los Estados Unidos hacia Cuba), no suelen conseguir sus objetivos declarados (en el ejemplo, el fin del régimen comunista en Cuba). Las sanciones parciales (por ejemplo, hacia algún sector específico de la economía), y con objetivos acotados (por ejemplo, el cambio de un política específica por parte del Estado sancionado), tienen una probabilidad de éxito algo mayor, pero tampoco son particularmente eficaces.
No es sólo que las sanciones generalizadas suelan ser ineficaces, es que además son contraproducentes. De un lado, las investigaciones de Daniel Drezner sugieren que los regímenes autoritarios tienen la capacidad de redistribuir el impacto de las sanciones, de modo tal que su costo recaiga sobre grupos vulnerables de la sociedad (o sobre sus adversarios), mientras las rentas que las sanciones podrían generar (por ejemplo, a través del contrabando de bienes que no pueden importarse por vía legal), beneficien a sus aliados (garantizando de ese modo su lealtad). De otro lado, según un estudio del economista Ronald Wintrobe, el efecto adverso que las sanciones podrían tener sobre el desempeño de la economía, eleva la probabilidad de que un régimen apele a la represión como medio para compensar la pérdida de respaldo social que ello pudiera implicar.
Constatar esos hechos fue el origen de lo que hoy se da en denominar “Sanciones Inteligentes”. En lo esencial, se trata de sanciones que afectan los intereses en el exterior (por ejemplo, congelando activos o cuentas bancarias en Europa y Estados Unidos), de empresas e individuos específicos. De esa manera se busca asegurar que la mayor parte del costo que imponen las sanciones sea asumida por aquellos a quienes van dirigidas, dándoles así incentivos para realizar las concesiones que se esperan de ellos.
Subsisten sin embargo algunos problemas. Cuando las políticas objeto de sanción se consideran una cuestión de interés nacional y representan algo cercano a una posición de consenso dentro de su sociedad (como por ejemplo, las políticas de Rusia hacia Ucrania), el régimen preferiría asumir costos sumamente elevados antes que cambiarlas. Conseguir el objetivo trazado podría entonces implicar sanciones más severas de lo previsto, las cuales resultan riesgosas cuando existe una elevada interdependencia económica entre los Estados que aplican las sanciones y el Estado sobre el que estas recaen (por ejemplo, alrededor del 30% de la energía que consume Europa occidental proviene de Rusia).
Presumo que esto último fue lo que tuvo Vladimir Putin en mente cuando primero amenazó con sus propias sanciones contra las potencias europeas, y luego amenazó a los inversionistas que abandonaban su país (en previsión de nuevas sanciones), que no se les permitirían retornar a la economía rusa. Pero con eso lo único que consiguió fue acelerar la fuga de capitales que abandonan su país: dependiendo del cálculo, la salida neta de capitales privados se sitúa entre los US$50.000 y los US$70.000 millones en lo que va del año (es decir, entre 2,5 y 3,2% de la economía rusa). Eso provocó una devaluación del rublo de alrededor de 15% en los primeros meses de 2014, lo que a su vez hizo que la inflación anualizada alcance en abril la cota de 7,2% (lejos de la meta del 5% para 2014). Para frenar la inflación y reducir la fuga de capitales, la autoridad monetaria de un lado colocó en el mercado US$35.000 millones de sus reservas, y elevó las tasas de interés primero de 5% a 7%, y luego a 7,5%. Pero con esto último refuerza la tendencia declinante en la tasa de crecimiento de la economía: de una previsión inicial de 2% de crecimiento para 2014, la agencia Moody’s pasó a prever una contracción del 1% (y la caída de 0,5% en el primer trimestre del año parece apuntalar esa previsión).
Aunque no garanticen el cambio de las políticas que las ocasionaron, las sanciones y su influencia sobre las expectativas de los inversionistas están pasando una onerosa factura a la economía rusa. La cual a su vez podría eventualmente pasar una factura política al gobierno de Vladimir Putin.
