El país ha declarado el servicio como ilegal y ha amenazado a la empresa estadounidense con multar a sus conductores y prohibir sus funciones indefinidamente.
Colombia está a un paso de romper completamente su relación con Uber. Al igual que en Europa, el lugares como España, Francia y Alemania, este país ha sufrido una serie de altercados entre taxis, autoridades y la app, que han provocado que el servicio este a un paso de ser considerado ilegal indefinidamente en esta nación latinoamericana. Pero, ¿qué pasó para que este altercado llegara a este punto?
La relación entre el gobierno de Colombia y la aplicación no ha sido fácil. Sus problemas comenzaron en 2015, cuando la empresa recibió su primera multa. Una sanción de 200.000 dólares que fue confirmada en segunda instancia en marzo de este año, pero que no ha sido acatada por la empresa, y que según las autoridades se debe a que el servicio funciona de forma ilegal en varias regiones el país.
“Conforme a la orden de la Delegatura de Tránsito y Transporte de la Superintendencia, la Sociedad Uber Colombia S.A.S. deberá suspender la facilitación y promoción –en todo el país– de la prestación de servicios de transporte no autorizados”, dice un comunicado publicado por el Gobierno.
No obstante, Uber no ha dejado de funcionar en este país ni tampoco ha cancelado su primera multa. Incluso, la app ha incluído nuevos servicios en Colombia, como son los viajes en helicóptero. Una opción que tampoco contaba con los permisos necesarios y que obviamente, también podría significar un proceso sancionador para la empresa.
Esta visión, obviamente, no es compartida por la compañía. "Nuestra estructura de pago de impuestos está en línea con el estándar adoptado por la mayoría de las multinacionales (...) Uber es un importante contribuyente de las economías locales, pues ha creado una oportunidad económica para más de 60.000 colombianos que han usado la aplicación como conductores y el 75% de los ingresos generados por viajes son depositados en sus cuentas bancarias domiciliadas en Colombia", señaló al respecto la empresa.
Todos estos conflictos han llevado a las autoridades, inicialmente a ordenar a la compañía a no publicitar sus servicios 'no autorizados'. "La promoción a que se refiere incluye la divulgación a través de voceros o terceros, o de medios publicitarios de los servicios no autorizados que al público se ofrecen a través de la plataforma#, señaló la entidad en un comunicado. No obstante, la situación entre la empresa y el país ha empeorado y actualmente, la app se encontraría a un paso de ser prohibida de forma indefinida.
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A esto se suma, además, una serie de posibles multas sucesivas de 334 millones de pesos colombianos (US$113.560 dólares) que también podría aplicarse a la compañía tecnológica,; la suspensión de la licencia de conducción para quien preste ese tipo de servicio y la inmovilización hasta por 40 días de los vehículos usados para esa actividad.
Esta medida del gobierno colombiano surge como respuesta a la presión de algunos grupos por la prestación de estos servicios, especialmente del gremio de taxistas. Estos conductores, si bien se han opuesto desde el día uno a la llegada del servicio a Colombia, encrudecieron sus alegatos recientemente luego que Uber comenzara a aceptar el pago en efectivo dentro de sus viajes.
Hoy en día la empresa de transportes no sólo se encuentra en una mala racha legal, sino que también en un complejo momento económico. La app anunció recientemente en su informe trimestral que perdió un total de US$1.200 millones, específicamente, debido a los subsidios a los conductores. Tal es el problema que incluso, la app no es rentable en Estados Unidos, su mercado principal.
Este contexto surge además, unos meses luego de que Uber vendiera parte de su negocio en China, luego que no lograra alcanzar un éxito de usuarios en el país asiático.
Sin embargo, ninguno de estos problemas parece asustar al servicio que tiene presencia en Colombia desde noviembre de 2013. A pesar de las amenazas, Uber sigue prestando su servicio de transporte público en las principales ciudades del país a través de más de 20.000 vehículos particulares conducidos por sus propios dueños, los cuales todavía son usados por cerca de 250.000 personas.
