La ola de manifestaciones que ha generado la llegada de la compañía a Latinoamérica no ha sido una sorpresa. La presión por expulsarla es fuerte, pero su servicio no deja de crecer. ¿Qué harán las autoridades?
Venimos escuchando novedades sobre Uber hace unos cuantos años, cuando esta emergente startup tecnológica llamó la atención por el creciente impacto que estaba provocando en la ciudad, movilizando a miles de personas a diario. Rápidamente se expandió desde sus orígenes en San Francisco, California, al resto de los Estados Unidos y así al mundo.
Pero no todo es sonrisas para Uber, pese a una extraordinaria valoración que supera los US$50.000 millones (para algunos esta cifra llega incluso a los US$70.000 millones). El año pasado explotaron con muchas fuerza las protestas en Europa y este 2016 parece ser el turno de América Latina. Si bien los conflictos se vienen arrastrando desde hace un tiempo en lugares como Brasil, México o Colombia, el tema se está posicionando con mayor fuerza en la agenda pública de más países de nuestra región.
Hasta el momento la tendencia ha sido una coexistencia. ¿Pacífica? No precisamente. Los taxistas han alzado la voz contra este servicio que ofrece conectar a las usuarios, mediante una aplicación, con conductores privados, personas comunes y corrientes que ponen a disposición su vehículo para hacer carreras durante el tiempo que ellos mismos dispongan.
Las acusaciones en general apuntan a que se trata de una competencia desleal, que no paga impuestos ni licencias y que no es seguro pues los conductores no son profesionales, entre otros motivos. Con algunos matices, las protestas han involucrado paralizaciones, bloqueos de calles y en los casos más extremos, ataques directos a los conductores o usuarios de Uber.
Pese a todo esto, el punto es que Uber sigue funcionando, sigue creciendo, y sigue convenciendo a sus usuarios de que su servicio es una mejor alternativa que el transporte público tradicional, en particular el de los taxis. En Latinoamérica están presentes en más de 30 ciudades. Entonces, ¿qué podemos esperar respecto al futuro de la compañía y estos servicios en nuestra región? ¿Podremos ver operativa (regulada y legalmente) a esta empresa que se ha convertido en un ícono de la economía de las aplicaciones?
Como decía anteriormente, la tendencia en gran parte de los casos ha sido similar. Uber opera, pese a que las autoridades la catalogan de brindar un servicio “ilegal”. Lo concreto es que las legislaciones no estaban preparadas para responder a este tipo de servicios que incluyen tecnología, por tanto, en muchos casos se produce un vacío legal que abre el debate en torno a este tema. Aunque sí es importante acotar que la empresa se ha constituido legalmente.
PANORAMA EN AMÉRICA LATINA
Si bien en todos los lados aparecen regularmente noticias del tema, la contingencia nos lleva a Argentina. Ante el anuncio de la compañía de la primera convocatoria para conductores, la cual reunió exitosamente a miles de ellos, el sindicato de taxistas del país anunció que impedirá a toda costa que Uber pueda operar en las calles de Buenos Aires u otras provincias. El llamado de los taxistas se ha intensificado y la autoridad ha respaldado estas denuncias aclarando que la eventual implementación de este servicio sería ilegal.
En Uruguay, Uber comenzó a operar a fines de 2015 y hubo ciertas protestas. Pese a que la Intendencia de Montevideo se ha quejado por este inicio de operaciones sin mayores trámites legales o reglamentaciones, el servicio funciona. Actualmente se tramita un proyecto para que esta compañía y otras similares se ajusten a las normas tributarias y laborales del país.
Perú y Chile han vivido experiencias similares. En ambos, el crecimiento ha sido explosivo y funciona, pese a no estar regulado, con normalidad. Sin embargo, para este último, durante estos días se han producido las primeras protestas formales de los taxistas y las autoridades han respaldado la informalidad del servicio. El tema está en boga, todos los días aparece alguna noticia y la discusión es inminente.
Colombia estuvo cerca de validar el servicio, pero las protestas de los taxistas -mucho más activas y violentas que en los otros países- lo han impedido. En este caso la plataforma “no cumple las reglas que el Ministerio de Transporte fijó respecto al reglamento para servicios de taxis de lujo”. Se estableció un plazo de seis meses -que se cumplen en mayo- para que la compañía cumpliera con este, mientras se discute legislativamente un proyecto ante el Congreso para reglamentar estas aplicaciones. Las ciudades de São Paulo, Río de Janeiro, Brasilia y Belo Horizonte en Brasil también han vivido la furia de los taxistas, a esto se han sumado declaraciones de las autoridades contra el servicio, el cual sigue ganando adeptos y funcionando contra la corriente.
Como contraparte a todo esto tenemos el caso de México, el cual puede llegar a convertirse en un modelo para lo que sucederá en el resto de los países, pues se trata del primer lugar de la región donde se reguló el servicio. Aquí la compañía debe pagar 1,5% de cada viaje a un Fondo Público para el Taxi, la Movilidad y el Peatón. Esto, además de ciertos permisos anuales para los conductores y reglas sobre las condiciones de los vehículos, relacionadas con el costo y la inclusión de aire acondicionado y bolsas de aire. Cifras recientemente reveladas indican que en el país son cerca de 40 mil los socios-conductores y que el año 2015 cerró con más de un millón de usuarios, operando en 14 ciudades. Esto lo ha elevado a ser el mercado más grande de América Latina y uno de los top 3 a nivel mundial.
Imagino las dificultades propias que debe tener instalar una compañía y expandirse a otros países; de por sí es un asunto complejo que requiere esfuerzos y recursos, cuánto más debe ser el desgaste cuando se tiene oposición, discusiones o presiones públicas tan fuertes como las enfrentadas por Uber. Sin embargo, es innegable que hablamos de una empresa que a todas luces asoma rentable y cuenta con la garantía de tener la aprobación de los usuarios.
Ante eso, consulté con la empresa por su perspectiva respecto al impacto que generan en las ciudades. Soledad Lago, Gerenta de Comunicaciones Uber Cono Sur, comenta: “Sabemos que esto ha provocado diferentes reacciones, tanto en las autoridades como en aquellas personas que trabajan en otras alternativas de transporte. Sin embargo, estamos convencidos de que esta discusión es positiva para las ciudades, ya que da cuenta de una necesidad que existe en el rubro, donde es posible mejorar la calidad de los servicios y contar con mayores alternativas de movilización”.
A continuación se encarga de aclarar que tanto en Chile como en el resto de los países en los que está habilitada la aplicación, Uber está legalmente constituido y ni el servicio que presta la aplicación ni lo que hacen los socios conductores es ilegal. Pero, entonces, ¿por qué tanta polémica?
“Las preguntas surgen porque somos una plataforma innovadora por la que suelen generarse múltiples interpretaciones, pero sin una regulación adaptada. Es por eso que nuestros esfuerzos en Latinoamérica apuntan a continuar promoviendo el diálogo con las autoridades acerca de Uber y su aporte a las ciudades, respaldados por los miles de personas que ya nos eligen como alternativa preferida para moverse o generar ingresos de manera autónoma y flexible. Creemos que este tipo de manifestaciones son válidas y son parte de un proceso de ajuste y regulación en la que Uber ha tenido completa disposición de participar y ser un aporte en avanzar sobre este tema”, apunta la representante de la compañía.
¿QUÉ RUTA TOMAMOS?
Así, los pasos que pretenda dar la compañía en la región están definidos por un sendero común: diálogo con las autoridades para adaptar las regulaciones. Sin duda, confían en su lógica de negocio que promueve la economía colaborativa, juntando a personas que tienen un recurso (vehículo) y a otras que lo necesitan (transporte).
El testimonio pasa ahora a manos de las autoridades. ¿Es realmente una estrategia apropiada e inteligente salir a buenas y a primeras (“a tontas y a locas”) a declarar enfáticamente como ilegal a este tipo de servicios? ¿Por qué no acoger el llamado de los taxistas y escucharlos, pero a la vez dejando la puerta abierta para el diálogo, abordando una situación que al menos en el mediano plazo exige cambios?
Las autoridades deben estar conscientes de que uno de los activos más grandes de Uber son sin duda la enorme cantidad de usuarios que están prefiriendo su servicio. El respaldo es evidente por la cantidad de viajes y socios conductores que convoca. No por nada hablamos de una compañía que a nivel mundial está más valorada que gigantes como Telefónica o General Motors.
El servicio en sí mismo está validado. Por supuesto que sería conveniente adoptar ciertas normativas específicas para cada país, enfocadas en la seguridad de los usuarios y en la promoción de una competencia que dinamice al sector, pero hacer oídos sordos o la vista gorda a un fenómeno como este sería lo menos inteligente.
De lo contrario, ¿no deberíamos también prohibir WhatsApp y todas las plataformas de mensajería instantánea? ¡Es inaceptable que permitan que la gente se comunique por medio de ellas! y menos aún que lo hagan con llamadas de voz y no por las líneas telefónicas tradicionales que son muy seguras y ya están reguladas y bien establecidas.
Simplemente, muchos negocios llegan a un punto donde no pueden competir contra la tecnología, la innovación y los beneficios que esto representa. Generalmente logramos adaptarnos, pero está demostrado que tratar de bloquear estos avances no llega a ser más que un conjunto de vanos esfuerzos, que -en muchos casos- no hacen más que negarnos el desarrollo.
