Pese a la estabilidad de sus finanzas e instituciones, el país sudamericano afronta un alto costo de vida y un complejo régimen tributario que son tema de debate para los candidatos de izquierda y derecha que se enfrentan este 24 de noviembre.
Los uruguayos tienen una cita con la historia este domingo 24. En dicha jornada se celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para el mandato 2025-2030. El país charrúa, dominado por un férreo bipartidismo, deberá escoger entre el conservador Álvaro Delgado, del oficialista Partido Nacional, y el socialdemócrata Yamandú Orsi, perteneciente a la coalición izquierdista Frente Amplio.
Orsi, profesor de historia y ex Intendente del departamento de Canelones, ganó la primera vuelta con el 43,92%, catapultado por el respaldo clave del expresidente José Mujica (2005-2010), así como una plataforma basada en el empleo juvenil y la lucha contra la inseguridad ciudadana. Por su parte, Delgado, veterinario de profesión y ex secretario de la Presidencia, alcanzó el segundo lugar (26,82%) con la promesa de continuar la obra del gobierno saliente de Luis Lacalle Pou.
No es novedad que Uruguay es el alumno aventajado entre los países latinoamericanos. Por ejemplo, la ONG Freedom House le asignó este año un puntaje de 96/100 en su índice de democracia, gracias a la solidez de sus instituciones y libertades civiles, superando incluso a países desarrollados como Estados Unidos (83/100) y Reino Unido (91/100).
Si analizamos el ámbito económico, la nación charrúa también presume cifras notables: en abril de 2024, el Banco Mundial estimó que solo el 6% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Asimismo, más del 60% de sus ciudadanos pertenece a la clase media y el valor nominal del salario mínimo equivale a US$ 556, siendo únicamente superado por Costa Rica a nivel regional. Finalmente, en octubre, la inflación anual se situó en un moderado 5%.
No obstante, Uruguay aún es un país en vías de desarrollo, aquejado por problemáticas como el alto costo de vida, la escasa representación de poblaciones vulnerables y la precariedad de su suministro de agua potable. Este último mal se evidenció en 2023, cuando tres años de sequía llevaron a mínimos históricos a la represa Paso Severino, la principal reserva de agua dulce de la ciudad de Montevideo, capital del país. Entonces, los uruguayos se vieron obligados a consumir agua embotellada y el gobierno, a apostar por la desalinización de agua proveniente del Río de la Plata.
Si bien en diciembre, el retorno de las lluvias logró aliviar la crisis, el impacto en las finanzas del país no fue nada desdeñable: la economía uruguaya creció solo un 0,4% en 2023 ante la disminución en la producción agropecuaria. Por otra parte, el Banco Mundial estima que este año se produzca un efecto rebote que impulse un crecimiento del 3,4%, gracias al alza en las exportaciones y el consumo privado.
EL BALANCE DE LA ADMINISTRACIÓN LACALLE
La alternancia entre estabilidad y crisis transitorias demuestran los los altibajos que ha experimentado el gobierno de Lacalle Pou en materia económica. El presidente asumió en marzo de 2020 y desde el arranque, debió afrontar el elevado déficit fiscal dejado por el gobierno anterior, así como el inicio de la pandemia del COVID-19. Se dio entonces, un recorte del 15% de gasto público y a diferencia de otros países latinoamericanos, Uruguay no recurrió al confinamiento obligatorio, gracias en buena parte a la detención temprana de contagios.
Así, el país fue pionero en el retorno de clases presenciales (junio de 2020) y la llegada de vacunas contra el coronavirus (febrero de 2021). “Aunque en ese año, el COVID se expandió y se produjo la mayor cantidad de muertes. La gestión de las vacunas también tuvo sus idas y venidas, pero en general, el rápido alcance de la campaña le dio al presidente una aprobación alta al principio”, declaró Gabriela Mordecki, economista y docente asociada del Instituto de Economía de la Universidad de la República (Uruguay), para AméricaEconomía.
Por otro lado, el seguro de paro ayudó a disminuir en parte el impacto del desempleo en el país. Este recurso consiste en un subsidio temporal proporcionado por el Banco de Previsión Social (BPS) a los trabajadores formales que perdieron su empleo o experimentaron una reducción en su jornada laboral o ingresos. “Mientras a la gente no la podían emplear, se declararon en seguro de paro y luego, volvieron de a pocos a trabajar”, añade Mordecki.
Sin embargo, la economista reconoce que la crisis económica derivada de la pandemia también generó estragos en la distribución de ingresos. Un estudio del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay (INE) reveló que en 2022, la pobreza alcanzó al 10,1% de la población. Esto supuso un aumento de 1,3 puntos porcentuales por encima de 2019.
Más recientemente, el alza inflacionaria en la vecina Argentina trajo consecuencias imprevistas para la economía charrúa. “Hubo una diferencia de precios con Argentina muy fuerte que afectó el flujo de turistas. Además, los uruguayos salieron en masa a comprar bienes como productos de higiene y limpieza al otro lado de la frontera. Eso ocasionó que la actividad comercial cayera mucho, porque lo que gastaron allá, ya no lo gastaron acá”, indica Mordecki. Tras el ascenso al poder de Javier Milei en Argentina a fines de 2023 y la subsiguiente devaluación del peso argentino, el turismo de compras perdió atractivo y el consumo interno se recuperó.
Aunque quizás, el estandarte más llamativo de la recuperación económica de Uruguay es la inauguración de la tercera planta de celulosa del país, operada por la empresa finlandesa UPM. Se trata de una fábrica que emplea a 7.000 personas y produce un material que resuena a nivel mundial como el sustituto ideal del plástico. Aunque UPM no se ha visto libre de polémicas.
Cabe destacar que en el último año, el gobierno de Lacalle ha impuesto siete sanciones a la empresa nórdica por un total de US$ 270.000 por incumplir con normas ambientales como superar el límite en la producción de compuestos tóxicos como amonio y cloruro.
EL ALTO COSTO DE VIDA
Aunque actualmente, hay un problema más notorio para el ciudadano de a pie. En febrero de 2024, el think tank Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) publicó un informe que revelaba este dato alarmante: unos 600 productos eran 27% en promedio más caros que en el país charrúa, en comparación a 43 naciones. Así, los productos en Uruguay costaban 80% más que en México y 20% más que en Brasil y Argentina.
Esta problemática se atribuye a factores como la pequeña escala del mercado interno (3,4 millones de habitantes en 2023), la alta dependencia de importaciones, políticas fiscales restrictivas, así como la solidez del peso uruguayo frente a otras divisas de la región.
“Existen algunos sectores basados principalmente en importaciones, porque el mercado es pequeño y esto permite que unas cuantas empresas monopolicen la compra y distribución de ciertos productos como los bienes de higiene personal. Así, si uno cruza la frontera con Brasil, el mismo tubo de pasta de dientes, te cuesta tres veces más barato que en Uruguay”, explica Mordecki.
Otros sectores como la industria automotriz se ven afectados por la alta carga tributaria. En ese sentido, la economista señala que además del impuesto al valor agregado, se añade el impuesto específico interno, que se aplica a los bienes de lujo y encarecen aún más los vehículos.
“Hay tributos que deberían ser reconsiderados por el gobierno. Por ejemplo, el agua embotellada tiene un impuesto especial, que fue retirado temporalmente durante la sequía, porque la demanda aumentó y el agua salada que salía de la canilla (grifo) no se podía hervir. Funcionó en su momento, pero luego se volvió al régimen anterior”, relata Mordecki. Pero, por otro lado, la analista sostiene que el costo de vida en Uruguay debería matizarse con puntos positivos como el alto salario mínimo y el estado de bienestar social, que ayuda a compensar los pasivos.
¿QUÉ PROPONEN LOS CANDIDATOS?
De cara al balotaje del 24 de noviembre, la mesa parece estar servida para cualquiera. Al elevado porcentaje obtenido por el opositor Orsi, se le suma la alta aprobación del presidente Lacalle (50%, según la encuestadora Equipos Consultores) y la suma de votos del Partido Colorado, que podrían inclinar la balanza a favor de Delgado. Conviene preguntarse entonces qué proponen ambos candidatos para contrarrestar el alto costo de vida del país.
Álvaro Delgado ofrece reducir los trámites en las importaciones como una promesa para abaratar el costo de bienes y servicios. “Es una política que necesita mayor estudio. Puede permitir una rebaja en los precios, pero no sería algo instantáneo, porque hay muchos intereses creados en el medio más allá de las empresas. Puedo mencionar a los despachantes de aduana que se dedican a intermediar las importaciones y encarecen la cotización”, aclara Mordecki.
Asimismo, el programa del Partido Nacional incluye una liberalización en las importaciones de combustibles, que abarataría la gasolina en un país que carece de yacimientos petrolíferos. Aunque la economista señala que esta es una idea propuesta en su momento por Lacalle y que no pudo ser cumplida.
La cuestión de fondo es Ancap, la empresa pública que ejerce el monopolio de la importación, procesamiento y distribución de combustibles. Entonces, aplicar la propuesta de Delgado implicaría una apertura a la inversión privada en un sector que aporta grandes dividendos al erario público.
“El refinado de combustibles da ganancias al Estado, las cuales desaparecerían si importamos combustibles ya refinados y tampoco nada garantiza que sus precios sean menores. Es una propuesta que va más en línea con el discurso liberal del Partido Nacional, que en ser realista”, agrega Mordecki.
Como es previsible, Yamandú Orsi, del Frente Amplio, apuesta por un discurso más estatista. Una de sus propuestas es la revisión de los esquemas fiscales en el país para que sean adaptados a un “nuevo contexto tributario mundial”. Este tendría una “estructura de incentivos para que las empresas multinacionales paguen en Uruguay”. Aunque Mordecki aclara que esto no responde a una decisión local, sino a una petición reciente de la OCDE, que exige a los países a imponer una tributación mínima del 15% a las multinacionales.
“Por supuesto que sería interesante que algunas empresas eligieran pagar el impuesto del 15% que se está discutiendo, porque daría al país unos ingresos extra nada desdeñables. Pero la propuesta del Frente Amplio va más en línea de intentar generar mecanismos o incentivos para que estas empresas se adhieran a la medida, que en obligarlos”, sostiene.
Además, frente al costo de vida, la izquierda propone aumentar el poder de compra del trabajador, sobre todo a quienes ganan menos de 25.000 pesos uruguayos al mes (US$ 588). A lo que Mordecki responde que debería volverse a los mecanismos de negociación colectiva, que el Frente Amplio ya aplicó en los gobiernos de Tabaré Vásquez y José Mujica. Bajo este esquema, el Estado se sienta a negociar con los trabajadores, representados por sus sindicatos y las empresas, representadas por sus organizaciones.
A lo largo de las dos últimas décadas, este enfoque fue clave en el aumento del salario mínimo por sectores y a nivel nacional en el país, lo que se tradujo en el descenso de la pobreza. “Pero para que esto sea exitoso, la economía tiene que crecer a tasas mayores del 1%, porque si no, las empresas no pueden otorgar aumentos diferenciales sin ganancias”, explica Mordecki.
