Con esta iniciativa, que ahora será Ley, el Ejecutivo proyecta recaudar de 1,5% del PIB, es decir, US$ 4.500 millones, de los que estima destinar US$1.200 millones al Presupuesto 2025 para financiar diversos planes, entre ellos, los que tengan que ver con seguridad.
Esta jornada, en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas se discutió el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, que es uno de los puntos multidimensionales que componen el denominado Pacto Fiscal que propone el Gobierno.
Y la administración del presidente Gabriel Boric consiguió un logro, ya que los parlamentarios despacharon a Ley dicho proyecto, el cual dicta normas para asegurar que se cumplan las mencionadas obligaciones y evitar así cualquier tipo de evasión.
Días antes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, había sido claro: les era de suma urgencia que este proyecto llegase a puerto antes que la Ley de Presupuestos 2025 ingresara al Congreso (eso ocurrirá el lunes 30 de septiembre).
Lo anterior, porque según el jefe de las arcas fiscales estaban en juego “1.200 millones de dólares” para el erario fiscal del próximo año.
Con esta iniciativa, que ahora será Ley, el Ejecutivo proyecta recaudar de 1,5% del PIB, es decir, US$ 4.500 millones, de los que estima destinar US$1.200 millones al Presupuesto 2025 para financiar diversos planes, entre ellos, los que tengan que ver con seguridad.
En detalle, buscarán aumentar los recursos para que Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) combatan el crimen organizado, pero también destinar montos para conseguir aumentar la Pensión Garantizada Universal (PGU).
En conjunto con los recursos recaudados por el Royalty minero, sostuvo el Ministerio de Hacienda, “se incrementará el gasto público en seguridad en US$ 1.500 millones, totalizando un incremento de 40% en inversión pública en seguridad, respecto de 2022”.
EJES DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO
Los ejes de lo que será la nueva Ley pueden resumirse en modernización de la administración tributaria, control de la informalidad y delitos tributarios; planificación tributaria agresiva; y nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente.
También contempla la regularización de obligaciones tributarias y el fortalecimiento de organismos fiscalizadores y resguardo de la probidad.
Ahondando en lo anterior, se puede resaltar que la modernización afectará directamente al Servicio de Impuestos Internos (SII), la Tesorería y a Aduanas. También a los tribunales tributarios y aduaneros; y a la Defensoría del Contribuyente.
En este plano, por ejemplo, se promoverá el mejor uso de las tecnologías disponibles y nuevas herramientas en materia de fiscalización. Igualmente, se verificará un aumento en la dotación de personal de dichas entidades.
Paralelamente, se realizará una actualización de los delitos en este ámbito y se elevarán algunas de las sanciones. Entre estas últimas están las correspondientes a la utilización o facilitación de un documento tributario falso.
Se sumará a lo anterior la introducción de la figura de colaboración sustancial, para incentivar la autodenuncia; y del denunciante anónimo.
Otros avances se dirigirán a la fiscalización de grupos empresariales; creación de la sostenibilidad tributaria; posibilidad de establecer trazabilidad en el comercio de bienes; nueva política de determinación de intereses; regímenes tributarios preferenciales (paraíso tributario); IVA en compras a través de plataformas digitales a contribuyentes no domiciliados en Chile; y repatriación de capitales, entre otros.
Pero habrá otras mejoras: las plataformas digitales, portales de pago y entidades públicas tendrán la obligación de exigir inicio de actividades a sus usuarios, así como reportar las operaciones que se realicen a través de ellas; y se establecerá que todas las plataformas digitales extranjeras estarán sujetas al pago de Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA) por los bienes comercializados.
El SII estará facultado para implementar sistemas de trazabilidad sobre cualquier tipo de bien, con el costo fiscal a cargo del Estado; y los bancos deberán exigir inicio de actividades para operaciones de crédito.
A su vez, los bancos deberán informar al SII sobre contribuyentes que reciban en un mismo día, semana o mes, 50 o más transferencias de personas distintas o 100 dentro de un mismo semestre y el monto agregado de las operaciones reportadas.
Finalmente, los comerciantes de bienes usados deberán identificar a sus proveedores.
Pymes
En pro de las Pymes, se incluirán diversas medidas para aliviar su carga tributaria y facilitar el cumplimiento.
Entre ellas, que la tasa de interés sobre deudas tributarias se reducirá desde un 1,5% por mes a una tasa diaria variable que será fijada semestralmente por el SII; se permitirá a las Pymes acceder a convenios preferentes para el pago de deudas en 18 cuotas, con un pie inicial no superior al 5% y condonación de intereses y multas.
Además, se introducirá una norma para declarar la incobrabilidad de deudas tributarias mayores a 10 años y solicitar de oficio la prescripción de deudas prescritas, explicó Hacienda.
