Las autoridades brasileñas reportaron que las 163 personas rescatados eran de nacionalidad china, vivían y trabajaban en condiciones insalubres y degradantes.

La automotriz china BYD informó que el lunes 23 recibió una notificación del Ministerio Público de Trabajo Brasil que la constructora subcontratada Jinjiang Construction Brazil Ltda. había cometido graves irregularidades tras encontrar a cerca de 163 trabajadores en condiciones similares a la esclavitud en las obras de construcción de la fábrica de autos de la ompañía en el estado de Bahía.

“BYD Auto do Brasil reitera su compromiso con el pleno cumplimiento de la legislación brasileña, especialmente en lo que respecta a la protección de los derechos de los trabajadores. Por eso, viene colaborando con los órganos competentes desde el primer momento y decidió romper el contrato con la constructora Jinjiang”, afirmó Alexandre Baldy, vicepresidente senior de BYD Brasil.

Cabe precisar que Jinjiang Construction Brazil Ltda. era el contratista contratado por BYD para realizar parte de los trabajos en la fábrica de Camaçari (BA). Asimimso, la compañía afimró que los empleados subcontratados no se verán perjudicados por esta decisión, "ya que garantizará que todos sus derechos estén garantizados".

En ese sentido, BYD dispuso que los163 trabajadores de esta constructora sean trasladados a hoteles de la región. "BYD Auto do Brasil ya había estado realizando, durante las últimas semanas, una revisión detallada de las condiciones de trabajo y de vivienda de todos los empleados de las empresas constructoras subcontratadas responsables de la obra, notificando a estas empresas varias veces e incluso realizando los ajustes que resultaron necesarios", dijo en un comunicado.

Las autoridades brasileñas reportaron que los 163 trabajadores rescatados eran de nacionalidad china, vivían y trabajaban en condiciones insalubres y degradantes.

Además, la constructora les retenía el 60% del sueldo y sus pasaportes y había establecido fuertes castigos para disuadirlos de renunciar, lo que las autoridades brasileñas calificaron como «trabajo forzado».