El incumplimiento de pagos afecta la liquidez de las microempresas y puede generar a la larga, un clima desfavorable para las inversiones extranjeras.

El año se acerca a su fin y el Estado chileno anotó éxitos en materia de indicadores. Por ejemplo, los tiempos de pagos a proveedores del sector público mejoraron en los últimos doce meses, aunque con matices en los municipios. Desde 2021, los gobiernos locales han reducido sus plazos de pago en un 33,1%. Sin embargo, aún se encuentran rezagados con respecto a otras instituciones. 

Esto se evidencia en los datos trimestrales recopilados por la Bolsa de Productos (BPC) y la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) entre julio y septiembre de 2024. En dicho periodo, las municipalidades en su conjunto promediaron una diferencia de 42,1 días entre la fecha de emisión de las facturas y la fecha real de pago, casi tres menos que en el mismo periodo de 2023.

En contraste, otras entidades del Estado chileno presentan menores plazos en el pago de facturas: por ejemplo, el sector de la salud (36,9 días), las Fuerzas Armadas y los Carabineros (31,7 días) y el Gobierno central (28,6 días). Asimismo, si analizamos otras cifras, veremos una tendencia compartida con otros países latinoamericanos. 

Para empezar, entre julio y septiembre, el plazo promedio de pago a pymes se mantuvo en 41 días, tal como el segundo trimestre. Aunque mejoró en relación con los 46 días del mismo periodo en 2023. Cabe destacar que la última edición de la encuesta de Coface sobre el comportamiento de pago en América Latina resaltó una tendencia dual. 

Este 2024, el 88% de las empresas latinoamericanas encuestadas ofrecieron plazos de pago, una cifra algo superior a la del año anterior. No obstante, el plazo promedio de crédito otorgado cayó de 60 días en 2023 a 53 días en 2024, una tendencia exhibida en todos los países encuestados. De hecho, la situación no es muy diferente a la exhibida en Chile. 

En este grupo, México se destaca con los plazos de crédito más cortos (46 días en promedio), mientras que Brasil impone plazos más largos con un promedio de 60 días. Pero quizás el dato más relevante es que el 51% de las empresas encuestadas señaló que habían experimentado pagos atrasados. 

“Los pymes y proveedores corren el riesgo que si se ponen muy exigentes con el cobro, pueden perder los contratos y el vínculo que tienen con el ejecutor. Entonces, el financiamiento más barato consiste en retrasar los pagos”, explicó Francisco Goycoolea, gerente comercial de CFC Capital, a AméricaEconomía. 

Ante esta situación, las pymes y emprendedores se ven en aprietos, porque los retrasos de pagos implican menos capital y liquidez para funcionar. Se produce entonces una crisis, porque para que una pyme funcione debe “cuadrar su flujo”. En otras palabras, la empresa tiene unas proyecciones de pago y debe cumplir una serie de obligaciones no negociables como el pago del IVA, sueldos e impuestos, cuyo incumplimiento “aprieta” la liquidez. Por lo tanto, para Goycoolea es urgente que se respeten los plazos para evitar un riesgo de quiebra. 

Para lograr este objetivo a largo plazo, el analista financiero cree que el Estado chileno debe combatir la morosidad de forma dinámica. “Por ejemplo, en Perú, hay un ranking de pagadores de acuerdo a los plazos y cumplimientos. Ese listado se usa e influye en las aprobaciones y operaciones. Ahora bien, si bien los plazos de pago han disminuido, son valores promedio, es decir, que hay valores por debajo o encima de la media”, señala Goycoolea.

Por ello, la meta final no debería ser reducir el promedio en los tiempos de pago, sino en exigir el cumplimiento de los plazos originales. “Solo así se ordenan los flujos de pago y las empresas consiguen los financiamientos de acorde a sus necesidades”, añade el vocero de CFC Capital. 

Si esta problemática no se resuelve a largo plazo, Goycoolea advierte que podría perjudicar la llegada de inversiones extranjeras a Chile y otras economías de la región. A medida que más pymes quiebran por incumplimiento de pago, el riesgo país aumenta y esto influye en la confianza de los inversores para establecer planes. “Si reducimos el riesgo, obviamente van a mejorar las opciones de financiamiento desde el punto de vista de los inversores”, añade.