Gremio que reúne a cerca de 80% del sector manifestó su incomodidad por los permanentes cambios que sufre la regulación de dichos vehículos.
Con una caída de 4% en sus ventas cerró el primer semestre de 2017 la industria motociclística chilena, de acuerdo al gremio que reúne a cerca del 80% del mercado.
Las cifras de la Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas (ANIM) dieron cuenta de 17.960 unidades comercializadas entre enero y junio. Solamente en el sexto mes, el declive alcanzó a 27%, con apenas 2.165 nuevas máquinas puestas en la calle.
El presidente del organismo, Christian Reitze, atribuyó a un único factor este desempeño, que contrastó con la expansión de 16,1% exhibida por el rubro automotor local durante la mitad inicial del año, cuando se demandaron más de 162 mil vehículos.
"Los sectores de ingresos medios y altos tienen un buen acceso a financiamiento, una mayor holgura crediticia, a diferencia de los estratos bajos y medio-bajos, que están copados en su capacidad de deuda", explicó.
Pese a este escenario, el gremio espera un progresivo crecimiento a partir de julio, que se coronaría en diciembre, con más de 4.500 nuevas máquinas comercializadas, para sellar la temporada con alrededor de 32 mil ventas, es decir, retomando los niveles de 2016.
"Después de tres años de caídas, esperamos que esta temporada el sector se recupere. Aunque hay incertidumbre, el segundo semestre se ve auspicioso", expuso el vicepresidente del organismo, Sergio Baracatt.
Regular las normas. Lo que verdaderamente inquieta a la industria son las permanentes regulaciones impuestas por la autoridad, una de las cuales exigirá inyección electrónica y catalizador a todas las máquinas que ingresen al país desde mediados de 2018.
La entrada en vigencia de esta normativa, que se alinea con la norma medioambiental Euro 3, prevé una profunda transformación del parque, considerando que el grueso de las 340 mil motocicletas de hasta ocho años que circulan en el país no cuenta con dicha tecnología, por lo que podrían ser objeto de restricciones de tránsito a partir de 2019.
"Como ANIM, estamos de acuerdo con levantar el nivel del sector en todo sentido y nuestras marcas están haciendo ingentes esfuerzos por entregar productos cada vez de más alta calidad, pero la obligación de actualizarse y modificar los procesos industriales cada vez que aparece una norma representa un golpe para la industria", enfatizó el presidente de la ANIM.
Reitze aclaró que "en ningún caso estamos en desacuerdo con las normas que propone el Gobierno. Por el contrario, hemos sido agentes colaboradores en (la elaboración de) todas ellas, pero sí queremos proponer que estas políticas se concentren en una sola vez y se efectúen cada cuatro o cinco años".
El dirigente explicó que no solamente es el consumidor quien debe asumir el costo de adoptar una nueva normativa, sino que para las marcas hay aspectos financieros y logísticos, así como inversiones en publicidad y marketing, que terminan desaprovechándose.
