Julia Príncipe, presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, confirmó la presentación de estos pedidos en conferencia de prensa brindada junto al titular de la Procuraduría Anticorrupción, Amado Enco.
La Procuraduría Anticorrupción presentó una ampliación de denuncia contra Marcelo Odebrecht, Jorge Simoes Barata, y Eduardo Monteverde, investigados por el caso Odebrecht; y pidió recoger el testimonio de más de 75 personas, entre ellos de expresidentes del Perú.
Julia Príncipe, presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, confirmó la presentación de estos pedidos en conferencia de prensa brindada junto al titular de la Procuraduría Anticorrupción, Amado Enco.
Según Príncipe, la ampliación de denuncia incluye también a todos los funcionarios y servidores públicos que resulten responsables en este caso.
Marcelo Odebrecht, exCEO de la empresa del mismo nombre, ha sido condenado el año pasado en su país a 19 años de prisión tras haber sido hallado culpable de delitos de corrupción relacionados a la petrolera estatal Petrobras.
Simoes Barata, por su parte, ha sido investigado en el Congreso peruano por la comisión que presidió el legislador Juan Pari. Era uno de los principales funcionarios de Odebrecht en el Perú y encargado de llevar los más importantes proyectos de esa empresa en el país andino.
A su turno, Monteverde es señalado como la persona que creó diversas empresas fantasmas para “blanquear” los US$ 29 millones que Odebrech pagó en sobornos en Perú.
Además de esta ampliación de denuncia, la Procuraduría ha solicitado también incorporar en la investigación a personas jurídicas, subrayó Príncipe.
No obstante, añadió que también han gestionado diversos actos de investigación, entre ellos, recoger la declaración indagatoria de más de 75 personas, como expresidentes de la República, exministros, expresidentes del Congreso, y exalcaldes, entre otros.
Príncipe explicó que estas acciones fueron decididas con la finalidad de impulsar las investigaciones sobre los sobornos que Odebrecht ha admitido haber pagado a altos funcionarios peruanos entre los años 2005 y 2015, para ganar la buena pro de obras de infraestructura en el Perú.
El caso está siendo investigado por el Ministerio Público y también por el Congreso peruano.
