La educación chilena es indecente. Se ha convertido en un negocio que se transa en el mercado. Así las cosas, desde la enseñanza básica existe una segregación radical, según el origen de clases, lo que reproduce las desigualdades propias al sistema social.

Adicionalmente, esto ha significado que las universidades chilenas sean de las más caras del mundo, con el agravante de que son financiadas en 80% por las familias de los jóvenes universitarios (OCDE).

Finalmente, los estudios son de bajísima calidad, en todos sus niveles; en efecto, las comparaciones internacionales colocan a Chile en lugares mediocres, y las tradicionales universidades, meritorias en el pasado, se encuentran hoy día lejos del ránking de las 100 primeras del mundo.

Las protestas estudiantiles se han comprometido a modificar este escándalo, que dura varias décadas. Exigen un cambio en el paradigma de la educación, vale decir terminar con el lucro en colegios y educación superior y al endeudamiento casi usurero con la banca al que se obliga a las familias modestas. Demandan convertir la educación en un derecho constitucional, que valore su carácter social en vez de individual como es hoy día. En esta lucha los jóvenes han recibido un masivo apoyo ciudadano, el que probablemente se explica por el cansancio de las familia chilenas con el elevado costo, el endeudamiento y la mala calidad de la educación.

Un grupo de cuatro profesionales hemos entregado a la dirección de los estudiantes universitarios chilenos (Confech) una propuesta que precisamente apunta a modificar el paradigma educacional para construir una educación pública y gratuita.

En primer lugar, sostenemos la urgencia de la desmunicipalización de la enseñanza básica y media, con una gestión educativa que radique en instancias regionales especializadas. Se propone establecer Unidades Técnico Pedagógicas Provinciales (UTPP), cuyo número dependerá del volumen de población involucrada.

En segundo lugar el sistema de educación pública superior comenzará sus funciones después del segundo año de educación media, momento a partir del cual los alumnos ingresarán al bachillerato nacional. En éste todos los estudiantes del país recibirán una formación de dos años en la que se repasarán en profundidad las materias correspondientes a la educación previa al  3º medio (1/3 del currículo); se ejecutará el actual plan de estudios de 3° y 4° medio (1/3 del currículo), y se avanzará con contenidos introductorios a la formación universitaria (1/3 del currículo).

Al culminar el Bachillerato Nacional, los estudiantes podrán ingresar al Sistema Nacional de Educación Superior Universitaria o al Sistema Nacional de Educación Superior Técnica. Este último será desarrollado por las propias universidades públicas (la actual Universidad de Santiago y la Universidad Tecnológica Metropolitana).

En suma, se propone que las universidades públicas actualmente existentes se conviertan en los centros de operaciones para modificar el sistema escolar, la formación técnica de nivel superior y las propias universidades.

Las universidades privadas que hoy día lucran y reparten utilidades mediante el subterfugio de las empresas inmobiliarias, no podrán recibir ningún tipo de financiamiento por parte del Estado, ni directo ni tampoco indirecto, como se hace actualmente. Por otra parte, a las escuelas municipalizadas se les duplicará la subvención por alumno y se congelará para las privadas-subvencionadas.

Estos son algunos de los aspectos contemplados en la propuesta que se ha entregado a la Confech. Apunta, en definitiva, a convertir a la educación pública en el eje de la enseñanza en el país; se propone terminar con el lucro y financiar sus tres niveles mediante el presupuesto nacional; busca finalmente terminar con el negocio bancario ligado a la educación y, plantea, además, que los profesionales endeudados deben ser reparados por el Estado.

El costo de la propuesta es de US$3.500 millones anuales. Su financiamiento a mediano plazo deberá sostenerse en una modificación radical del sistema impositivo. Sin embargo, en lo inmediato puede basarse en tres conceptos: el aumento del déficit fiscal desde el actual 1% al 2%, lo cual significa US$2.200 millones; disponer del 5% de la Ley Reservada del Cobre, que actualmente en un 10% se utiliza para compras de armas de la FF.AA., lo que representa US$800 millones, y US$500 millones de reasignaciones globales del Presupuesto Nacional. Con estos recursos y mecanismo, la reforma puede comenzar a implementarse en lo inmediato.

La propuesta entregada a los estudiantes apunta a construir un país que elimine la segregación, para lograr una sociedad más equilibrada socialmente. Busca mejorar la calidad para que todos los jóvenes, independientemente de su origen de clase, puedan progresar en la vida. Además, ese mejoramiento elevará la productividad, acelerando el desarrollo económico del país.

Finalmente, una educación decente, que termine con el negocio en que se ha convertido un bien público,  colocará en su sitio a una clase política que, por convicción o acomodamiento, se ha subordinado a los empresarios.