La investigación señala que el ex mandatario Álvaro Colom "intervino personal e institucionalmente" para la aprobación de un acuerdo que permitió la fraudulenta operación millonaria para la compra de autobuses procedentes de Brasil.
Tegucigalpa. La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, junto al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad para Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, expusieron los detalles del caso que implica negocios fraudulentos en el sistema de transporte Transurbano y por el que fue detenido este martes el ex presidente de Guatemala, Álvaro Colom.
"La investigación reconstruye y examina los mecanismos legales fraudulentos utilizados por funcionarios públicos y privados para lograr la sustracción de US$35 millones del Estado de Guatemala", dijo Aldana.
Por su parte, Velásquez sostuvo que Álvaro Colom "intervino personal e institucionalmente" para la aprobación de un acuerdo que permitió la fraudulenta operación millonaria para la compra de autobuses procedentes de Brasil y la implementación de un sistema prepago.
A su vez, sostuvo que Juan Alberto Fuentes Knight, entonces ministro de Finanzas y actual presidente de organización no gubernamental, Oxfam Internacional, era "el responsable de que la política pública se ejecutara de acuerdo con la ley", y no lo hizo en este caso.
La pesquisa indica que en el año 2008, el expresidente Álvaro Colom, nombró a su secretario privado, Gustavo Alejos para hacerse cargo de la implementación del sistema prepago de transporte.
Entonces, integrantes de la Comisión de Modernización del Transporte suscribieron un acuerdo con Alejos para que la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) se hiciera cargo del proceso de negociación y compra de los buses.
Paralelo al acuerdo firmado, la AEAU formó cuatro sociedades anónimas para captar los fondos destinados al sistema prepago. Las empresas son: Expansión Corporativa Mileniun, S.A., Tendencias Modernas Latinoamericanas, S.A., Rutas Metropolitanas de Transporte, S.A., Concesionarios de Transporte, S.A.
Todas las personas registradas en las sociedades anónimas están vinculadas a la dirección de la AEAU.
Luego que el Estado entregó los US$35 millones, la pesquisa del MP y la Cicig revela que ese dinero se distribuyó de la siguiente forma:
-US$13.8 millones para la maquinaria del sistema prepago, equipo que está guardado en una bodega.
-US$5.9 millones, que se utilizaron para gastos de compatibles con el proyecto: arrendamientos y pagos de planilla, energía eléctrica e internet, entre otros servicios.
-US$1.28 millones, del capital retornaron al país a través de transferencias efectuadas por la empresa.
El resto del dinero, según la Fiscalía se gastó sin acreditar el destino.
Para obtener el dinero sin mayores controles y evadir los procedimientos que establece la Ley compras y contrataciones del Estado, funcionarios del gobierno de Álvaro Colom, aprobaron un acuerdo gubernativo que les garantizó la entrega de los US$35 millones.
Peculado y fraude. Junto al ex mandatario y su entonces ministro de Finanzas, también fueron detenidos quienes ocupaban los cargos de Gobernación, Salvador Gándara; de Defensa Nacional, Abraham Valenzuela; de Trabajo, Edgar Alfredo Rodríguez; y de Salud, Celso David Cerezo Mulet.
La lista de aprehendidos se completa con los ex ministros de Eduación, Ana Ordóñez; Cultura y Deportes, Gerónimo Lancerio; y Ambiente y Recursos Naturales, Luis Alberto Ferraté Felice. También fueron detenidos el ex viceministro de Economía Óscar Erasmo Velásquez y el ex viceministro de Energía y Minas, Alfredo Pokus.
El juez José Eduardo Cojulum, titular del Juzgado Undécimo Penal, informó a los detenidos que el MP y la Cicig los acusan por los delitos de peculado y fraude.
El juez fijó para el 23 de febrero la audiencia de primera declaración, y ordenó el traslado de los detenidos a una cárcel en el cuartel militar Mariscal Zavala, en las afueras de la capital.
A fines de enero, la Organización de Estados Americanos (OEA) había designado a Colom como representante especial en una mesa de trabajo con el Gobierno de Honduras, tras más de dos meses de crisis institucional en ese país por las acusaciones de fraude electoral de la oposición tras las elecciones presidenciales.
Prisión preventiva. Los exfuncionarios del gobierno de la UNE se presentaron ante el juez José Eduardo Cojulum, titular del Juzgado Undécimo, quien les informó que son señalados por los delitos de peculado y fraude.
El togado envió a prisión provisional al Mariscal Zavala al expresidente Álvaro Colom y sus exfuncionarios. A excepción de los exministros de la Defensa Nacional, Abraham Valenzuela, quien ingresará al Centro Médico Militar, bajo custodia policial, y Luis Alberto Ferraté Felice, exministro de Ambiente.
