La indemnización de las propiedades norteamericanas confiscadas y las compensaciones monetarias a Cuba por daños económicos y humanos son un tema espinoso para la normalización económica y comercial entre ambos países.

Compañías norteamericanas y herederos de propiedades confiscadas a estadounidenses por Fidel Castro después de 1959 confían en que la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos ayudará a recuperar algo de sus bienes, si Washington exige cumplir una ley aprobada en 1996 en el Congreso que estipula que La Habana deberá compensar lo confiscado para que se levante el embargo. No obstante, ese requisito no fue mencionado por el presidente Barack Obama cuando anunció en diciembre una nueva era entre ambos países.

Por su parte, las reclamaciones por daños del gobierno de Raúl Castro mediante la “Demanda del Pueblo Cubano contra el gobierno de Estados Unidos por los Daños Económicos Ocasionados a Cuba”, aprobada en los tribunales cubanos en enero de 2000, y que se centran en las pérdidas de la economía cubana por las limitaciones impuestas por el embargo económico, ascienden a los 121.000 millones de dólares.

Ambas partes coinciden en que indemnizaciones y compensaciones serán un tema candente en los debates sobre la normalización económica y comercial, pero aún no se evidencia cuál será la solución a este dilema.

Las confiscaciones revolucionarias. Desde el mismo inicio del triunfo de la Revolución en 1959 se comenzaron a realizar confiscaciones de grandes y medianas empresas. El 13 de octubre de 1960, el Consejo de Ministros ordenaba la confiscación de 644 compañías y el 13 de marzo de 1968 se puso punto final a esas confiscaciones eliminando todo lo que aún quedaba del sector privado en Cuba mediante una ley que estableció la confiscación de 60.000 medianas y pequeñas empresas desde zapaterías, puestos de comida ambulantes y peluquerías, entre otros.

Pero el gobierno cubano violaba lo establecido llamando “nacionalizaciones” a lo que realmente fueron confiscaciones. El derecho internacional reconoce la facultad de un país de nacionalizar en áreas de interés nacional, siempre y cuando se pague por el bien nacionalizado un precio proporcional a su valor en el mercado internacional, pero hasta hoy Cuba jamás ha mostrado intención de realizar estos pagos.

A mediados de los 60 del siglo pasado, se calculaban las pérdidas sufridas por los demandantes en US$1.800 millones de aquella época, en 2002, ese cálculo era ya de US$6.400 millones con intereses, y, hoy en día, supera los US$7.000 millones, sin calcular que las compañías e individuos afectados por las confiscaciones en Cuba dedujeron sus pérdidas en sus declaraciones de impuestos durante años en Estados Unidos, provocando así pérdidas anuales constantes a la economía norteamericana.

El reclamo de los confiscados. La Comisión de Reclamos en el Extranjero, conocida por sus siglas en inglés, FCSC, ha aceptado 5.900 reclamos de propiedades confiscadas por un valor de US$1.900 millones de entonces. Según un estudio de la Universidad Creighton encargado en 2007 por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, casi el 90% de estos reclamos son individuos que “dejaron de todo: acciones, pólizas de seguros de vida, obras de arte, automóviles”, expresó Michael Kelly, profesor de Derecho en Creighton. “¿Vio esos Chevy del 57 que siguen dando vueltas? Uno de cada tres probablemente sea reclamado por alguien en Estados Unidos. Esto va a ser un problema muy difícil de resolver”.

Un 70% de los reclamos involucran ganado, terrenos o edificios, sobre todo en La Habana y la antigua Isla de los Pinos, frente a la costa sur de Cuba, donde radicó una enorme colonia estadounidense. Hay reclamos, además, de pensiones perdidas, cuentas bancarias y propiedades personales, incluidas joyas y muebles.

Las afectaciones más cuantiosas fueron de la Cuban Electric Company que perdió plantas generadoras de electricidad por valor de US$268 millones; la International Telephone and Telegraph Corp., con US$131 millones, y la petrolera Exxon, incluida una refinería, que supera los US$71 millones; todo calculado en el valor del dólar en esos años, con lo cual hoy se triplica el monto del total adeudado por Cuba.

La fragilidad de la economía cubana le impide hoy hacer frente a estos pagos, y aunque los principales reclamos, de empresas como Exxon y Coca Cola, podrían resolverse si el gobierno cubano les da el derecho a operar en la isla, la Comisión de Reclamos en el Extranjero ha comenzado a decir a los reclamantes particulares que tienen que hacerse a la idea de que Cuba simplemente no tiene el dinero para compensarlos.