La iniciativa era una promesa de campaña de Rousseff en las elecciones del año pasado, y su envío fue adelantado en respuesta a las manifestaciones de protesta que ocurrieron el domingo en las principales ciudades brasileñas, cuya principal demanda es el fin de la corrupción.
Brasilia. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, envió este miércoles al Congreso Nacional un paquete de medidas para combatir la corrupción y la impunidad.
La iniciativa era una promesa de campaña de Rousseff en las elecciones del año pasado, y su envío fue adelantado en respuesta a las manifestaciones de protesta que ocurrieron el domingo en las principales ciudades brasileñas, cuya principal demanda es el fin de la corrupción.
Al anunciar el paquete en una ceremonia en el Palacio de Planalto, Rousseff afirmó que el combate a la corrupción es "coherente" con su trayectoria personal y con su actuación al frente del Ejecutivo.
"Mi compromiso en el combate a la corrupción es coherente con mi vida personal, con mi práctica política y es coherente con mi actuación como presidenta", subrayó.
La mandataria justificó la necesidad de medidas duras para "investigar y castigar corruptos y corruptores de forma rápida y efectiva".
"Se sabe que la corrupción en Brasil no fue inventada recientemente, se sabe que lo que diferencia un país de otro, un gobierno de otro, es el hecho de que algunos países y algunos gobiernos crean condiciones para que la corrupción sea prevenida, investigada y castigada", enfatizó.
"La corrupción ofende y humilla a los trabajadores, disminuye la importancia del trabajo honesto, transforma la clase media y sus aspiraciones, dando un ejemplo falso de facilidad. La corrupción perjudica a empresarios, perjudica al trabajador, afecta y ofende a hombres y mujeres ciudadanos de bien", puntualizó.
El paquete anticorrupción propuesto por el gobierno sugiere que los políticos que sean culpables por el crimen de caja 2 (recursos no declarados) sean condenados a prisión de tres a seis años.
El delito, de acuerdo con la tipificación incluida en el texto, consiste en la tentativa de cometer fraude contra la fiscalización electoral, con la inserción de recibos falsos u omisión de informaciones para ocultar el origen, destino y aplicación de recursos en la prestación de cuentas de un partido político o campaña electoral.
El castigo será extendido tanto a los beneficiarios como a los partidos y donadores, con multa de cinco a diez veces el valor donado y no declarado.
El paquete enviado al Congreso sugiere también la aprobación de proyectos de ley y cambios en la Constitución para permitir al Estado actuar "contra diferentes frentes de corrupción".
Un proyecto de ley tipifica el crimen de enriquecimiento ilícito, estableciendo penas de tres a ocho años de prisión para quien adquiera o haga uso de bienes incompatibles con sus ingresos o evolución patrimonial.
También está prevista la reglamentación de la Ley Anticorrupción, con incentivo a la adopción de programas de integridad (cumplimiento) por empresas privadas, con códigos de ética y de conducta, políticas y directrices para detectar desvíos e irregularidades contra la administración pública.
