Este año se esperan varias decisiones importantes, como la escogencia de los sucesores del fiscal y el procurador.
Bogotá. Por como están las cosas, 2016 promete desde ya ser un año agitado en lo que respecta al mundo judicial. En tres meses, por primera vez desde que se estableció la Constitución Política del 91, un magistrado con fuero llega al Senado a afrontar un juicio político: Jorge Pretelt Chaljub, miembro de la Corte Constitucional, acusado de supuestamente haber pedido un soborno para favorecer con una tutela a la empresa privada Fidupetrol. Soborno que el magistrado Pretelt ha negado rotundamente, señalando que lo quieren sacar de la Corte por sus posturas ideológicas.
Este año también será el turno para el matrimonio de las parejas del mismo sexo, el cual hasta ahora no está permitido: la Constitución habla de la unión entre un hombre y una mujer y nada más. Después de muchos años de esperar a que el Congreso se animara a debatir el tema —lo cual nunca pasó—, la comunidad LGBTI espera que la Corte Constitucional lo resuelva. La posición de la Procuraduría es bien conocida: el matrimonio igualitario no tiene espacio en la sociedad colombiana. El Gobierno Nacional, en cambio, ha señalado que en Colombia como en cualquier lugar las instituciones evolucionan y, por ende, el matrimonio como institución no se salva de cambiar.
Otras decisiones fundamentales que se tendrán que dar este 2016 son los relevos en dos de los cargos más importantes en la justicia: fiscal general y procurador general. Quienes los ejercen hoy, Eduardo Montealegre y Alejandro Ordóñez respectivamente, resultaron ser opositores por excelencia el uno del otro, en especial a raíz de sus posturas en el proceso de paz con las Farc. Mientras Montealegre habla de alternativas penales para los guerrilleros, Ordóñez sostiene que los guerrilleros tendrán que pagar cárcel.
Un escándalo que deberá ser abordado empezando el año es el de las supuestas chuzadas de la Policía. A finales de febrero se cumplirán los 90 días otorgados a la comisión especial creada por el presidente Santos para dar luces sobre lo que está pasando en la institución. Sí, este será un año agitado, sin duda.
En marzo, el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt protagonizará un particular precedente: no sólo se convertirá en el primer integrante de ese tribunal, sino en el primer aforado, desde que se firmó la Constitución del 91, en enfrentar al Senado de la República en un juicio político. El pasado 15 de diciembre, la Cámara de Acusación avaló la acusación en su contra por supuestos actos de corrupción, pues Pretelt es señalado de haber pedido plata para ayudar, a través de una tutela, a una empresa llamada Fidupetrol a salir de una multa de $22.500 millones. El magistrado ha negado los señalamientos y ha reiterado que el suyo es un proceso sin garantías.
Comenzando el año, el presidente Juan Manuel Santos deberá presentar su terna de candidatos para fiscal general de la Nación. De esa terna, la Corte Suprema de Justicia escogerá a la persona que reemplace a Eduardo Montealegre, quien tendrá que dejar el organismo el 28 de marzo. Desde hace rato se vienen oyendo con fuerza algunos nombres, en especial el de Néstor Humberto Martínez, quien fue ministro de la Presidencia de la administración Santos. En la lista de los posibles ternados figura también el exministro Fernando Carrillo. En caso de que llegue el 28 de marzo y la Corte Suprema no haya elegido a alguno de los candidatos, el vicefiscal general, Jorge Perdomo, podría pasar a ser fiscal encargado mientras se resuelve la elección. Se sabe que en la Casa de Nariño hay quienes apoyan esta última idea —que también apoyaría el fiscal general—, pues consideran que Perdomo sería como Montealegre: un aliado del proceso de paz de Santos con las Farc.
En el proceso contra el exsubdirector del DAS por el magnicidio del humorista Jaime Garzón, tanto la Fiscalía como la familia Garzón y sus abogados están convencidos de que José Miguel Narváez jugó un rol fundamental en su muerte, ordenada por el jefe paramilitar Carlos Castaño y ejecutada por la temida banda de sicarios La Terraza. Él insiste en que nada tuvo que ver con el asesinato y así se lo ha dicho de frente a los hermanos de Jaime Garzón. La Fiscalía, sin embargo, considera que hay pruebas suficientes para demostrar que Narváez, asiduo visitante de campamentos paramilitares y señalado asesor de jefes “paras” como Carlos Castaño, instigó el homicidio. La Procuraduría, al contrario, le pidió al juez del caso la absolución de Narváez por falta de pruebas contundentes. El juicio está en la etapa de alegatos finales. Sólo falta que la defensa del exfuncionario exponga sus argumentos.
En diciembre, el Senado de la República deberá escoger a la persona que reemplazará a Alejandro Ordóñez como jefe de la Procuraduría. Ordóñez fue elegido en 2008 con 81 votos de 102 posibles y el apoyo de bancadas que en teoría se oponían a algunas de sus ideas, como el Polo Democrático. En 2012, con 80 votos, de nuevo salió elegido. Si la Ley de Equilibrio de Poderes pasa el control de la Corte Constitucional, Ordóñez será el último procurador que haya durado dos períodos en el cargo, pues la norma prohíbe todas las reelecciones. Un asunto, sin embargo, podría forzar su salida antes de diciembre: la demanda que se presentó en el Consejo de Estado contra su reelección. La discusión se ha centrado en si el Senado podía o no reelegir a Ordóñez pues la Constitución no dice expresamente que quien ocupa la jefatura del Ministerio Público puede tener un segundo período seguido, aunque tampoco lo veta. En abril de 2014 se aceptó la demanda, pero no es claro si el Consejo de Estado va a resolver este asunto antes de que Ordóñez termine su mandato. Bien conocida es la influencia que tiene Ordóñez, quien también fue consejero de Estado, dentro de ese alto tribunal. No obstante, se sabe que hay magistrados que apoyan la idea de anular su reelección.
La Corte Constitucional tiene la misión de definir, finalmente, si las parejas del mismo sexo pueden casarse o no en Colombia. En 2011, ese alto tribunal le había pedido al Congreso que, en un plazo máximo de dos años, regulara las uniones de parejas del mismo sexo y determinó que, en caso de no hacerlo, éstas podrían acudir a los notarios a formalizar “uniones solemnes”. El Congreso no hizo nada al respecto y por eso, desde 2013, ese tipo de uniones adquirieron validez. Sin embargo, la falta de claridad sobre cómo proceder —algunos notarios y jueces se niegan a formalizar uniones solemnes argumentando que no hay una autorización expresa— y el hecho de que unión solemne no sea igual a matrimonio llevaron a siete ciudadanos a presentar una tutela. La Procuraduría hizo lo mismo. El Gobierno Nacional le ha pedido a la Corte que decida en favor de las parejas del mismo sexo, y ya se han hecho audiencias públicas para discutir el tema.
Esta reforma a la Constitución, que, entre otras medidas, prohibió la reelección presidencial, entró en vigencia en julio de 2015. Con base en ella se está eligiendo —con muchos cuestionamientos y algunas suspensiones ya— a los integrantes del Consejo de Gobierno Judicial, el cual reemplaza a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, eliminado con esta ley. Sin embargo, falta un paso fundamental para que la reforma del Equilibrio de Poderes quede en firme: el control constitucional. Apenas entró a regir fue demandada por tres ciudadanos y desde entonces se han hecho audiencias públicas para debatir el tema. Estamentos como la Procuraduría y la Corte Suprema le han pedido a la Corte que se abstenga de pronunciarse sobre este acto legislativo. En agosto de 2015, el fiscal general, Eduardo Montealegre, también demandó la reforma por inconstitucional. En su criterio, se afecta el balance de los poderes públicos y la autonomía de la Rama Judicial. Este año la Corte deberá resolver ambas demandas.
El 9 de diciembre de 2015, el presidente Juan Manuel Santos anunció la creación de una comisión “de muy alto nivel, totalmente independiente”, para que investigara presuntas irregularidades dentro de la Policía, sobre todo aquellas relacionadas con supuestos seguimientos ilegales en contra de periodistas como María del Rosario Arrázola, Claudia Morales y Vicky Dávila. El primer mandatario dijo, en ese momento, que esa comisión, conformada por la ministra de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez, y los exministros de Defensa Juan Carlos Esguerra, Luis F. Ramírez y por Jorge H. Cárdenas, iba a tener un “plazo máximo de 90 días para que nos presente un informe detallado sobre sus hallazgos y recomendaciones”. El plazo se vence en marzo de 2016.
