La mandataria brasileña reiteró que es víctima de un "golpe de estado" impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y acusó a éste y otros legisladores de ser los "responsables" de la crisis económica que vive el país.

"Voy a resistir y luchar hasta el final", prometió la mandataria, oradora principal del acto con que la Central Única de los Trabajadores (CUT) conmemoró en San Pablo el Día del Trabajador.

Rousseff reiteró que es víctima de un "golpe de estado" pergeñado por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y acusó a éste y otros legisladores de ser los "responsables" de la crisis económica que vive el país.

"Los golpistas intentan violar la Constitución por haber perdido las elecciones" en octubre de 2014, dijo la jefa del Estado en alusión a los comicios en los que ganó su segundo y actual mandato.

Imputó a la oposición y al hasta hace poco aliado Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) por no haber aprobado en el Congreso las iniciativas del gobierno para luchar contra la recesión que afecta al país por segundo año consecutivo.

"Ellos no aprobaron las propuestas que Brasil necesitaba, apostaron siempre contra el pueblo y lo más grave es que impidieron que el país combatiera la crisis y el desempleo", sostuvo Rousseff, que pertenece al Partido de los Trabajadores (PT).

La mandataria también reiteró críticas al vicepresidente Michel Temer, del PMDB, quien está preparando equipos y medidas para asumir el gobierno dentro de 10 días si, como se espera, el Senado vota favorablemente la apertura del juicio político a Rousseff.

Según Rousseff, Temer y sus colaboradores "quieren acabar con la valorización del salario mínimo y con los reajustes a los jubilados", así como reducir el alcance de varios programas sociales.

"Van a acabar con el Bolsa Familia (subsidios en dinero a familias pobres) para 36 millones de brasileños, van a afectar a quienes más precisan, los niños", sostuvo la mandataria.

Durante su discurso, Rousseff ratificó dos anuncios que ya habían sido anticipados por la prensa: un aumento de nueve por ciento para la asignación del Bolsa Familia y una disminución de cinco por ciento del impuesto a la renta (ganancias) que pagan los trabajadores.

El Bolsa Familia, creado por el antecesor y líder partidario de Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, concede subsidios equivalentes a unos 48 dólares mensuales a cerca de 14 millones de familias pobres, según datos oficiales.

En cuanto al reajuste del impuesto a la renta, Rousseff descartó que vaya a poner en riesgo las finanzas públicas, pese que un miembro de su equipo económico, el secretario del Tesoro, Otávio Ladeira, advirtió el viernes que la medida solo podría implementarse después de que el Congreso apruebe la meta fiscal para este año.

Con esas medidas, la jefa del Estado buscó recuperar la iniciativa y reconquistar la adhesión del electorado natural del PT, de centroizquierda, desencantado con las medidas de ajuste fiscal anunciadas en los últimos meses por el gobierno para combatir la crisis económica.

Mientras tanto, Lula canceló a último momento su asistencia al acto de la CUT -estaba programado que también pronunciaría un discurso- porque estaba "muy cansado" y "ronco", y tanto sus médicos como sus familiares le recomendaron que tomara reposo y cuidara la voz para los próximos días.

El ex mandatario, que hace tres años superó un cáncer de laringe, tiene previsto desarrollar una intensa agenda de gestiones y actos contra el juicio político a la mandataria.

El caso está ahora en manos de una comisión del Senado que debe elaborar un informe que será votado el viernes próximo en su seno y elevado al pleno del cuerpo, que el jueves 11 votará si corresponde activar el juicio político.

Según encuestas realizadas por diversos medios de comunicación, al menos 50 senadores -nueve más que los 41 que constituyen la mayoría simple necesaria- están dispuestos a pronunciarse a favor.

Si efectivamente el juicio se pusiera en marcha, Rousseff deberá dejar su cargo en manos de Temer por un plazo máximo de 180 días, al cabo de los cuales el pleno del Senado deberá votar -en este caso, con mayoría calificada de dos tercios- si la presidenta debe ser destituida.