La disposición presidencial hecha pública este domingo "considera necesario establecer un ordenamiento jurídico que conlleve mecanismos para prevenir y contrarrestar actividades relacionadas con el terrorismo".
Managua, Xinhua. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó la creación de una comisión intergubernamental que se encargará de elaborar "instrumentos jurídicos para prevenir y contrarrestar actividades terroristas", informó este domingo la oficina de prensa del gobierno nicaragüense.
La comisión intergubernamental que se encargará de diseñar políticas jurídicas para "prevenir, identificar y contrarrestar" actividades relacionadas con el terrorismo, estará integrada por el procurador general, el secretario privado para Políticas Nacionales, la ministra de Gobernación y el director de la Unidad de Análisis Financieros.
Según el gobierno del presidente Ortega, la disposición busca "velar por la seguridad de los nicaragüenses y de todas las personas que se encuentren en el país, manteniendo una fiel voluntad de combatir cualquier tipo de delito como los provenientes de las acciones terroristas en cualquiera de sus formas en el ámbito nacional, regional e internacional".
La disposición presidencial hecha pública este domingo "considera necesario establecer un ordenamiento jurídico que conlleve mecanismos para prevenir y contrarrestar actividades relacionadas con el terrorismo".
La Ley 641 del Código Penal de la República de Nicaragua define en su artículo 394 que comete terrorismo "quien actuando al servicio o colaboración con bandas, organizaciones o grupos armados, utilizando explosivos, sustancias toxicas, armas, incendios, inundación, o cualquier otro acto de destrucción masiva".
Establece que comete delito de terrorismo quien realice actos en contra de personas, bienes, servicios públicos y medios de transporte, como medio para producir alarma, temor o terror en un grupo o sector de la población, alterar el orden constitucional, alterar gravemente el orden público o causar pánico en el país, y será sancionado con pena de 15 a 20 años de prisión.
La ley también penaliza el financiamiento que apoye este tipo de actividades, la toma de rehenes, así como también la provocación, proposición y conspiración para cometer actos calificados como terroristas.
