Hace cuatro meses, en este mismo portal de noticias para Latinoamérica, contamos la historia de una forma de trabajo indecente existente en los supermercados chilenos. Empresas externas que reclutan jóvenes a los que cobran por administrarles su fuerza de trabajo y ponerla a disposición de los supermercados. Los jóvenes empaquetan  y sólo reciben como beneficio la propina de los clientes.

Pagar por trabajar es un mecanismo que se aprovecha de la necesidad económica de los jóvenes pobres para maximizar las ganancias de los supermercados. Éstos no reconocen su relación contractual con los empaquetadores, ni tampoco con las empresas externas que los subcontratan. Un mundo sub-realista.

Alguna utilidad tuvo la historia que contamos. Los medios de comunicación se preocuparon del asunto. Los ejecutivos de los supermercados se pusieron nerviosos. Otros columnistas reprodujeron el tema. Incluso una jueza en Valparaíso dictaminó que existía relación laboral entre los jóvenes trabajadores y la empresa subcontratista (cuestión que ésta negaba). 

Algo se remeció en la conciencia de algunos diputados, los que propusieron un proyecto de reforma al Código del Trabajo para frenar el abuso que afecta a los jóvenes empaquetadores. Y, dos senadores de Magallanes (al extremo sur de Chile), Bianchi y Muñoz, copatrocinaron el proyecto y conversaron con la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, la que se manifestó interesada en la iniciativa.

Lamentablemente en Chile las leyes nuevas o las modificaciones a las existentes son asunto complejo y de trámite lento, si no cuentan con un serio compromiso del gobierno. El Congreso no tiene iniciativa legislativa y la rapidez del trámite para la aprobación de una ley, o su modificación, le corresponde al gobierno. 

Así las cosas, pueden pasar largos años en el limbo proyectos de entera justicia que no cuentan con el respaldo del Ejecutivo o que éste no los califica con carácter de urgente. Así ha sido, por ejemplo, con la ley de regulación al lobby, que lleva más de ocho años invernando.

El proyecto parlamentario favorable a los empaquetadores que pagan por trabajar no resultará fácil por dos razones adicionales. Se trata de un número relativamente reducido de trabajadores, cercano a los 30.000, que no se encuentran organizados, por la propia naturaleza de su relación laboral y además están dispersos en diferentes supermercados y lugares a lo largo del país. En consecuencia, su capacidad de movilización y presión es prácticamente nula.

En segundo lugar, difícilmente el gobierno impulsará un proyecto que regule el trabajo de los empaquetadores, tanto por razones ideológicas como por el peso que tienen los dueños de supermercados en el gobierno de Piñera.

Vamos a lo ideológico. El concepto de “trabajo flexible”, presente en “el relato” de economistas y políticos de la derecha chilena, sostiene que al mercado, sin regulaciones, le compete definir el salario. Siempre han argumentado que es un error la existencia del salario mínimo, ya que impide a muchas empresas contratar trabajadores bajo ese límite. Y ello afectaría a empresarios y también a los propios trabajadores. Este argumento, es el que otorga fuerza al mecanismo de “pagar por trabajar” e inhibe una legislación que lo regule.

Están además los crudos intereses. El canciller Moreno (Falabella-Tottus) y el ministro de Minería y Energía, Laurence Golborne (Jumbo), han sido destacados ejecutivos de los supermercados más importantes del país. Ello se convierte en un freno implícito para iniciativas que apunten a la modificación del Código Laboral, que es muy favorable a  al negocio de los supermercados.

El Código laboral chileno permite la existencia de variadas razones sociales (distintas empresas) para la subcontratación de faenas. Y ello es aplicado hasta el cansancio por multitiendas y supermercados. Es común la subcontratación de proveedores, promotores, bodegueros, reponedores, vendedores y empaquetadores que se desempeñan en un mismo supermercado, pero que responden formalmente a distintos empleadores. Con este mecanismo se oculta la subordinación directa de los trabajadores a la empresa principal. Así se reducen costos, se frena la sindicalización y se impide la negociación colectiva.

El caso de los empaquetadores constituye un extremo de la subcontratación. Es un acuerdo no formalizado entre los supermercados y las empresas que cobran a los jóvenes por trabajar. Precisamente ese vacío legal es el que les permite argumentar a sus ejecutivos que no tienen vínculo alguno ni con los empaquetadores ni con las empresas que los organizan.

En suma, existen razones poderosas que hacen difícil modificar la legislación laboral que obliga a los empaquetadores a pagar por trabajar. No obstante, el reclamo que ha surgido debiera servir para que los supermercados chilenos no impongan esta misma forma de trabajo indecente en otros países donde invierten.