El 2013 fue un año en que los temas de gobierno corporativo y sustentabilidad fueron protagonistas en la agenda de congresos, seminarios y sesiones de directorio. Por otro lado, el gobierno intensificó la divulgación de contenidos y nuevas regulaciones referidos a ambos temas, los que se encuentran estrechamente ligados. 

Claro está que una empresa no es sustentable si no tiene una buena estructura de gobierno corporativo. Tampoco lo es si, teniéndola, ha dejado fuera variables relativas a la implementación de un correcto modelo de sustentabilidad, como las sociales, medioambientales y de cumplimiento regulatorio. Asumiendo que el concepto “sustentabilidad” es probadamente mucho más amplio que el medioambiental, me referiré ahora al vínculo entre gobierno corporativo e institucionalidad ambiental. 

Aunque Chile ya tenía una institucionalidad ambiental, surgió evidencia de que la legislación respectiva no permitía defender adecuadamente el patrimonio ambiental. Las comunidades y el propio gobierno han levantado la voz por las faltas en el desarrollo de proyectos de inversión con impacto social y ambiental. Se requerían normas modernas. 

Y ahora, justificadamente, se quiere incorporar esa variable dentro de las prácticas de gobierno corporativo que se exigirán cada vez con mayor fuerza a las empresas.

La ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, dijo que las sociedades anónimas abiertas no sólo “deberán cumplir la regulación para tener las buenas prácticas de gobierno corporativo que les ha impuesto la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), sino que también la que emitirá la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)”. Es claro, entonces, que la SMA está trabajando en una nueva normativa que vincula gobierno corporativo con sustentabilidad ambiental.

En los últimos años, en Chile se ha construido una nueva normativa. Ahí está la reforma a la institucionalidad ambiental, la ley del bosque nativo y el convenio 169 de la OIT, entre otras. Hoy, entonces, las reglas del juego son distintas, con nuevos instrumentos de evaluación, instituciones fiscalizadoras y sanciones estrictas, además de una sociedad civil empoderada que no trepida en reprochar la existencia de posibles impactos. 

Es un dato que hoy es más difícil y demoroso aprobar un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental. Más aun, aquellos proyectos que entran en conflicto con las comunidades y grupos ambientalistas, corren el riesgo de ser paralizados tras el dictamen de un tribunal. 

Pero al revisar qué nos ha llevado a este endurecimiento en la normativa, diríamos que son básicamente tres las razones. Por un lado, comunidades cada vez más informadas y que exigen más participación. Por otro, una estrategia de país de acercarse a naciones con una legislación moderna y defensora de su patrimonio ambiental. La tercera dice relación con casos emblemáticos, como el de Celco en Valdivia, el de Agrosuper en Freirina o el de Pascua Lama al interior de Huasco. Pareciera que todos ellos dan soporte a la necesidad de endurecer la legislación. Y eso fue exactamente lo que se hizo y se seguirá haciendo. 

Es válido también hacer una reflexión que algunos dirigentes gremiales ya han realizado recientemente. Esto es: ¿no se estará dando una señal equivocada a aquellos dispuestos a invertir? Algunas consecuencias de la nueva normativa ya se están viendo en el aumento sustantivo de la judicialización de proyectos, lo que ha frenado, o al menos dilatado, la inversión en áreas clave de la economía, como la minera, forestal, pesca, turismo o electricidad, por nombrar algunos. 

Además, está la rigurosidad en el cumplimiento de los nuevos estándares. Según datos publicados en el diario La Tercera el pasado 2 de diciembre, entre 2010 y 2013 se rechazaron 114 iniciativas por deficiencias en su presentación. La mayoría de ellas pertenece a los sectores de minería, energía, saneamiento ambiental, pesca y acuicultura. Los montos involucrados ascienden a US$3.162 millones.

Como sea, guste o no, la nueva institucionalidad ambiental está obligando a las empresas a incorporar un aún más acucioso estudio de sus proyectos de inversión y a hacer seguimiento bajo modelos de gobierno corporativo. Por otro lado, obligará a las empresas a tener, dentro de su estructura organizacional, a personas o unidades que administren de mejor manera estos  temas. Quienes no los aborden de buena manera e  incorporen en su gestión, con seguridad perderán tiempo y recursos.