Considerando las importantes reservas de litio que Chile posee y el evidente desarrollo tecnológico y de innovación respecto a su utilidad (acreditado por estudios nacionales y especialmente internacionales), no hay duda respecto a su rol estratégico.

Tanto por ser un recurso mineral escaso a nivel mundial como por las aplicaciones y usos potenciales que tendrá a futuro en el escenario energético mundial.

Como ha sucedido históricamente la demanda de recursos naturales está en directa relación con los procesos de innovación y desarrollo tecnológico aplicados a la industria y a la generación de capacidades de dominio de los países que financian una investigación científica de vanguardia.

Hoy día el litio es conocido por sus usos en baterías y vehículos híbridos, entre otros, sin embargo, es previsible que su utilidad se amplíe considerablemente en el futuro conforme se desarrollen nuevas aplicaciones. 

La primera conclusión para abordar este tema, es que la importancia del litio no se puede medir solo en su comparación con la escases futura de petróleo, sino que en virtud de la evolución de la investigación científica y su uso industrial que va mucho más allá del ámbito nuclear, con el cual se le vinculaba casi exclusivamente en las décadas de los ’70 y ’80. 

Por tanto, el litio, junto a otros minerales y otros recursos como el agua, las reservas forestales, algunos sectores de la agricultura o los recursos pesqueros se consideran bajo la denominación de activos estratégicos del Estado. Ello implica que el Estado define las condiciones de su exploración, explotación y uso, que el país privilegiará e incentivará en una mirada de -al menos cincuenta años- y con evaluaciones por decenio.

Debe considerarse además que la calidad de activo estratégico requiere un marco regulatorio acorde a las exigencias socio ambientales, políticas, tecnológicas y de investigación científica del siglo XXI. Ello significa, necesariamente, actualizar la legislación chilena en torno a la denominación de minerales estratégicos actualmente vigente y que resulta insuficiente para este caso. 

De igual forma, debe considerar que es altamente probable que surjan otros minerales que también tener esta nomenclatura. Pero para ello es necesario estar al día en los avances en I+D a nivel mundial.
Por otra parte, en este escenario el rol del Estado es anticipar la evolución futura de este activo estratégico y sus potenciales beneficios para el desarrollo del país.

En este sentido, coincidimos ampliamente con aquellas opiniones que señalan la existencia de una ventana de oportunidad única para generar una estrategia de explotación de estos activos bajo criterios de industrialización avanzada que integren distintas iniciativas, y otras por crear, de I+D, provenientes tanto de organismos estatales, centros especializados de investigación, universidades e incluso empresas privadas nacionales o extranjeras, disponibles para alianzas bajo un marco regulatorio definido por Chile, en una visión de futuro. 

En términos simples no puede suceder lo que ya hemos vivido con el cobre, donde en definitiva las exportaciones carecen de valor agregado. Incluso más, el mineral se exporta sin ningún proceso que separe minerales o posibiliten usos alternativos con integración de alta tecnología para productos intermedio o finales.

También es del caso advertir que un mayor rol del Estado no significa un cambio en el modelo de crecimiento económico del país, dado que es el Estado quien debe velar por mejor capacidades tecnológicas que se complementan con los exigentes niveles educacionales que se discuten hoy día, y definen nuevos mercados, así como nuevas oportunidades de negocios futuras que no pueden ser desaprovechados. 

En consecuencia, no basta con un cambio legal sino existe una visión de anticipación –y por tanto estratégica- que asegure una regulación inteligente del mercado, donde los privados puedan hacer alianzas, pero también entender que su ganancias futuras en un esquema de esta naturaleza serán mucho mayores que las que se pretenden obtener que con una inmediata explotación, sin beneficios directos al desarrollo social y ambiental del país.

Más que debate, se requiere una visión estratégica del gobierno.