En noviembre se realizarán nuevas elecciones en Chile, con un proceso electoral que todavía no tiene nombres definidos, porque las dos grandes alianzas que se disputan el poder no han elegido sus candidatos.

La Coalición por el Cambio del presidente Sebastián Piñera -que agrupa a los partidos de derecha- está en un proceso de elección interna sin que quede claro quién podría reemplazarlo.

En la Concertación de Partidos por la Democracia -de centroizquierda- la ex presidenta Michelle Bachelet aparece como la única candidata en condiciones de devolver a La Moneda a quienes gobernaron durante 20 años después de la dictadura de Augusto Pinochet. Como Bachelet no anuncia si se presentará en la Concertación, le prenden velas esperando que se defina.

Mientras los partidos políticos disputan sus espacios de poder, la política en Chile parece haberse trasladado del formalismo parlamentario a las calles con temas que interpelan a las dos grandes alianzas por igual y a los que ninguna de ellas encuentra respuestas.

En 2011, fueron las movilizaciones estudiantiles las que cuestionaron el sistema educativo en base al lucro que apoyan todos los partidos que gobernaron desde 1989. Al comenzar 2013 los mapuches les recuerdan que existen ciudadanos históricamente marginados y que nadie mejor que ellos para cuidar las tierras y el agua de la Araucanía.

Ya en 2009, durante el mandato de Bachelet, diversas organizaciones mapuches presentaron un informe sobre discriminación racial ante un organismo de Naciones Unidas en Ginebra. Allí denunciaban los montajes de los organismos de inteligencia para vincularlos a las FARC y demonizarlos.

Es interesante cómo en el caso de los mapuches la respuesta de todos los gobiernos ha sido muy similar recurriendo a una ley antiterrorista de 1984 redactada durante la dictadura de Pinochet. Esa ley tuvo algunas ligeras enmiendas durante los años de la Concertación, pero no fue anulada. Ahora que están en la oposición, algunos de sus principales voceros –como Ricardo Lagos y José Miguel Insulza- aprovechan para criticar al gobierno actual por el uso de la ley porque dicen que no es el mejor momento para aplicarla.

Los mapuches, al igual que todos los movimientos indígenas, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, reclaman mucho más que una forma de gobernar: cuestionan un modo de vida que se basa en la superexplotación de la naturaleza y su sistemática destrucción.

Criminalizar su protesta o emparentarlos con las FARC o Al Qaeda, sólo sirve para demonizarlos y generar un impacto mediático, pero elude el fondo del problema. En realidad, con su reclamo de autonomía los mapuches, también quieren refundar Chile, como los estudiantes.

*Esta columna fue publicada originalmente en agencia Télam.