Diversos analistas políticos y económicos durante los últimos años han venido señalando insistentemente que en México se vive un Estado fallido. Lo dicen sin tener elementos objetivos que les permitan realizar tal aseveración (normalmente se basan en su experiencia). Afortunadamente, The Fund for Peace, una organización internacional sin fines de lucro, anualmente desde 2005, se encarga de calcular un índice de Estado fallido, el cual permite conocer con mejores elementos las condiciones de los países en ese renglón.

Antes de pasar a los resultados, les sintetizaré la forma en la que se construye. Dicha organización recopila información de fuentes secundarias en 177 países y después para analizarla utiliza un software que permite separar los datos que son relevantes de los que no lo son (lo que depende de algoritmos suministrados por los investigadores encargados), se agrupa la información en doce indicadores económicos, políticos y sociales. Al final, se obtiene un número índice que toma un valor entre 1 y 10, donde un valor más cercano a 1 significa mayor estabilidad y un valor cercano a 10 significa mayor riesgo de colapso y violencia.

Como se ha dicho, el índice tiene doce indicadores, cuatro sociales, dos económicos y seis políticos y militares. Entre los sociales se toman en cuenta las presiones demográficas; el movimiento masivo de refugiados o el desplazamiento interno de personas; problemas sociales y grupos que buscan venganza, así como crónica y sostenida “fuga de cerebros”. En lo económico se mide el desarrollo desigual y particularmente el riesgo de aparición de grupos nacional-comunistas molestos con la desigualdad; también se mide la pobreza y la aguda o severa desaceleración económica. En lo político, se mide la legitimidad del Estado; el deterioro progresivo de los servicios públicos; la violación de los derechos humanos y del imperio de la ley; el aparato de seguridad; el aumento de la fragmentación social y la aparición de grupos que usan una retórica nacionalista, finalmente, se mide el grado de intervención de actores externos.

Ahora sí, pasemos a los resultados. En 2011, México se ubicó en la posición 94 de 177 naciones, una posición peor a la obtenida en los cuatros años anteriores (en 2010 ocupó la posición 96, en 2009 la 98, en 2008 la 105 y en 2007 la 102), el país en los últimos años ha incrementado su riesgo, con lo que se confirma la percepción de los especialistas que mencionaba al inicio. A nivel de la región de Norteamérica y el Caribe, en 2011, México está lejos del país más estable que es Canadá (posición 168 de 177) y también del más inestable que es Haití (posición 5 de 177).

Para el 2011, los dos factores de mayor riesgo son: el desarrollo económico desigual con un valor de 7,7 y el aparato de seguridad con 7,9. Los indicadores con mayor estabilidad son: el movimiento masivo de refugiados y el desplazamiento interno de personas con un valor de 4,2; otro elemento de relativa estabilidad es el referente a la fragmentación social con un valor de 5,2. Respecto a cinco instituciones clave del Estado, el índice refleja un liderazgo político moderado, un aparato militar moderado, una policía débil, un sistema judicial muy débil y un servicio civil moderado.

De acuerdo con el perfil por país que elabora The Fund for Peace, México en lo económico ha comenzado a recuperarse lentamente después de la caída que sufrió en el 2009, no obstante sigue siendo tremendamente pobre y desigual; prácticamente no avanzado en el tema de defensa de los derechos humanos, siguen existiendo excesos por parte de las fuerzas de seguridad contra la población indefensa (nacional y extranjera); la corrupción sigue siendo un problema extendido; pero lo más preocupante es el creciente número de personas ejecutadas como resultado de la lucha contra el tráfico de drogas, tan sólo en el 2010 fueron 15.000 personas. Todos estos problemas han mermado la confianza en las instituciones y hace que exista una posibilidad real de caer en un Estado fallido.

Los grandes riesgos provienen del débil sistema de justicia y la ineficiente fuerza policiaca-militar, problemas que se han magnificado por la estrategia implementada de lucha contra las bandas criminales que producen, distribuyen y venden drogas prohibidas por las leyes. A lo anterior se le suma la tremenda corrupción burocrática, el diario nacional El Universal, informaba que el gobierno mexicano utilizó la nada despreciable cantidad de 118 millones de pesos (US$10 millones) para la producción de una telenovela, cuyo fin era presentar la imagen de una policía de excelencia, lejos de la realidad que percibe y constata a diario la ciudadanía.

Queda claro que con novelas no se reducirá la violencia y la inseguridad; que se requiere de un Estado eficiente que sepa utilizar los recursos públicos para promover un clima apropiado para los negocios en un marco de libertad y respeto a los derechos de todos. Mientras esto no se entienda, el riesgo de caer en Estado fallido seguirá latente.

*Esta columna fue publicada originalmente en el centro de estudios públicos ElCato.org.