Con el antiguo régimen de APP se adjudicaron cinco proyectos, de los cuales uno está en arbitraje internacional.

Desde 2024 la cartera de asociaciones público-privadas (APP) suma hasta el momento doce proyectos, entre los cuales se encuentran las centrales hidroeléctricas Cardenillo y Santiago.

Pablo Cevallos Palomeque, secretario de Inversiones Público Privadas, explicó que a parte se evalúan ingresar al registro de APP otros proyectos relacionados con puertos, museos, el tren y aeropuertos.

Cevallos indicó que con el anterior régimen de APP -por la ley de incentivos vigente en 2015- se adjudicaron cinco proyectos, de los cuales uno atraviesa por un proceso de arbitraje internacional.

Los proyectos que componen la actual cartera se enmarcan en las normas que se aplican desde diciembre de 2023.

En febrero se aprobaron proyectos por más de US$ 6.600 millones. ¿Qué viene después de eso?

Terminada la primera etapa, que es la selección (de proyectos prioritarios), se inicia la segunda, que es la más compleja, que es la estructuración. Consiste en una serie de estudios y procesos para determinar cuál es el proyecto que puede financiar el sector privado.

La estructuración busca determinar un modelo financiero y una estrategia de financiamiento que sea accesible para el mercado internacional. El objetivo es determinar las condiciones en que se requiere la inversión privada.

Como toda evaluación y estudio, puede darnos resultados que no representen lo que el mercado necesita o lo que el país está dispuesto a aportar. Creemos que el resultado o la posibilidad de que reciban privada es altísima.

En ese grupo están las centrales hidroeléctricas Cardenillo y Santiago. ¿Para cuándo esperarían adjudicarlas?

El caso de Cardenillo es distinto, porque además de tener ya estudios de ingeniería, ya se contrató una estructuración bajo el marco legal anterior.

Por eso no vamos a repetir esos estudios, solo vamos a actualizar los datos y ponerlos a aprobación del Ministerio de Energía y del Ministerio de Finanzas.

Esperamos hasta mediados de este año ya tener esas aprobaciones y, posteriormente, pasar a la etapa de factibilidad donde se analizará si se requiere actualizar estudios.

Esperamos pasar a la factibilidad en el segundo semestre de este año, para poder, ahí sí, darle un cronograma (de adjudicación).

¿El caso de Santiago?

Tiene estudios de ingeniería, pero no tiene una estructuración financiera y con todos los elementos que requieren estos proyectos.

Estimamos contratar la estructuración en los próximos meses, para desarrollar la estrategia de financiamiento y condiciones que requiere este proyecto.

Santiago es un proyecto que representa un desafío mucho mayor, por las capacidades que esperamos que genere, aproximadamente 2.400 MW, y por sus costos que podrían bordear los US$ 3.000 millones.

Al ser un desafío mucho mayor, en lo financiero y en los aspectos de ingeniería, consideramos que los estudios de estructuración pueden tomar un tiempo mucho mayor.

¿Qué resultado han tenido las APP desde la ley de 2015? ¿Cuántos proyectos se han adjudicado?

Ahí tenemos que distinguir lo que se trabajó desde la ley anterior, que se llamaba ley de incentivos a las asociaciones público-privadas, de 2015.

Y desde 2015 hasta la entrada en vigencia de la nueva ley, que la presentó el presidente Daniel Noboa a la Asamblea en noviembre de 2023 y fue aprobada en diciembre de 2023.

Bajo la ley anterior se llegaron a adjudicar cinco proyectos, el monto de inversión adjudicado fue de US$ 4.023 millones.

¿Cuáles son esos cinco proyectos?

Cuatro de ellos son portuarios y uno es una carretera. De los proyectos portuarios, tres adjudicó el Gobierno Nacional -puerto de Manta, Bolívar y Posorja- y uno, que es un servicio portuario, que es el dragado del canal de acceso al puerto de Guayaquil, lo adjudicó la Municipalidad de Guayaquil.

El otro proyecto es la vía que actualmente se encuentra en un proceso de arbitraje, es la vía Río Siete-Huaquillas, que el ministro Roberto Luque ha mencionado en varias entrevistas.

¿En qué estado se encuentra el arbitraje?

No quisiera meterme en ese tema, porque no es mi competencia. Lo mío es manejar los proyectos bajo la nueva ley.

Los proyectos bajo la ley anterior lo siguen manejando cada uno de los ministerios y entidades responsables.

¿Cuántos proyectos han avanzado con la nueva ley?

La cartera de proyectos, que ahora ya no son solamente decisiones ministeriales, sino que es una cartera oficial que se encuentra en un registro público, a la fecha se han incorporado doce proyectos.

Ocho son viales, de los cuales siete son vías existentes, que se va a entregar al sector privado; y otro es infraestructura nueva, que es el viaducto sur o quinto puente de Guayaquil. Están dos proyectos hidroeléctricos, que son Cardenillo y Santiago.

Y dos portuarios: el puerto de Esmeralda, que a la fecha está siendo operado por la autoridad portuaria de Esmeralda, pero requiere montos de inversión importantes que los vamos a financiar con el sector privado; y una terminal, que se encuentra junto a la terminal de contenedores de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, que es la terminal granelera.

Esa terminal está concesionada desde hace más de 20 años, pero va a vencer a finales de 2026. Por eso necesitamos buscar un nuevo inversionista y para eso se abrirá un concurso público.

¿A cuánto asciende el monto de la cartera?

Alcanza los US$ 10.700 millones. Los doce proyectos han sido aprobados por el Comité, priorizados, y se encuentran en fase de estructuración. En cuatro de ellos, considerando Cardenillo, ya terminamos la etapa de prefactibilidad, son la vía Manta-Quevedo, la Montecristi-Jipijapa-La Cadena, y la vía Pifo-Y de Baeza. Vamos a pasar con esos cuatro proyectos a la etapa de factibilidad.

¿Hay otros proyectos que se piensan incorporar?

La identificación de proyectos es una tarea permanente. Estamos en proceso de evaluación de una infraestructura logística y portuaria para Galápagos. El segundo es el nuevo Museo Nacional del Ecuador, que va a estar ubicado en un terreno del Gobierno Nacional, en Quito.

Vamos a iniciar una agenda de inversiones en infraestructura hidráulica, para agua y saneamiento, es decir, tratamiento de aguas residuales y alcantarillado.

El requisito que puso el procurador, que exigió para poder iniciar esta agenda de inversiones, porque es una competencia municipal, es que se firmen convenios de gestión concurrente con los municipios.

Ya firmamos nuestro primer convenio con el municipio de Sucre, que es Bahía de Caráquez, para la construcción de una planta de tratamiento de agua potable.

Estamos también evaluando las infraestructuras aeroportuarias junto a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), porque a la fecha la DGAC todavía administra catorce aeropuertos. Considerando que tres ya están concesionados, que son Baltra, Guayaquil y Quito y hay un cuarto que está en manos municipales, que es el aeropuerto de Cuenca. Fuera de esos hay catorce aeropuertos, por eso hay que hacer una evaluación para determinar cuáles son atractivos para la inversión privada.

Otro proyecto que está en evaluación es la recuperación del tren. Hay varios tramos que se están operando en conjunto con los municipios, el de Alausí, en la Nariz del Diablo, que es turísticamente el más atractivo.

Ya hay un convenio firmado con Alausí y está por entrar en operación turística y comercial, esperan que se inicie las próximas semanas.

Lo mismo con el tramo de Ibarra-Antonio Ante, que también el tren ya está en funcionamiento y están esperando entrar en operación comercial.

El plan para el tren es que con los municipios se pueda recuperar de forma inmediata haciendo inversión pública, pero para potenciar su capacidad turística y en el largo plazo, se va a buscar inversión privada.