En medio de una recesión económica, cortes de energía y crimen organizado, el presidente Daniel Noboa y la candidata correísta Luisa González se disputan la presidencia.
Ecuador abrió el calendario electoral de Latinoamérica de 2025 con una sorpresa. La mayoría de las encuestas predecía un triunfo holgado del presidente Daniel Noboa, incluso sin la necesidad de pasar por un balotaje. Sin embargo, los resultados oficiales muestran que el joven mandatario podría tener los días contados en el Palacio de Carondelet.
Noboa obtuvo el primer lugar con el 44,17% de los votos, pero seguido muy de cerca por Luisa González, candidata presidencial de Revolución Ciudadana, con un 43,94%. Fue una elección muy polarizada entre la derecha populista de Noboa y la izquierda progresista de González, quien buscará capitalizar los votos del movimiento indigenista Pachakutik, para derrotar al presidente.
El ganador de la elección asumirá en mayo las riendas de un país azotado por el crimen organizado, una grave crisis energética y un estancamiento económico alarmante. Un informe del Banco Central de Ecuador (BCE), publicado el 15 de enero pasado, reveló que la economía decreció en los tres primeros trimestres de 2024. Y si bien, aún no se confirman los resultados del último trimestre, se espera que la tendencia a la baja persista.
Mientras que en el ámbito laboral, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) sostiene que el desempleo pasó del 3,5 al 3,7% entre 2023 y 2024. Ese mismo año, la pobreza extrema se elevó al 12,7%. Esto implica que más de 2,4 millones de ecuatorianos tienen ingresos mensuales inferiores a US$ 51.
Para Alberto Acosta-Burneo, economista y editor de la publicación de finanzas Análisis Semanal, un claro indicio del malestar con la gestión económica es que durante la primera vuelta, los candidatos presidenciales ofrecieron propuestas populistas de todo tipo. Por ejemplo, una de las más llamativas fue revertir el alza del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 12 a 15%, que Noboa decretó en abril de 2024 para financiar la lucha contra el crimen.
Hubo candidatos que propusieron bajar el IVA al 10 u 8%, a pesar que en Ecuador, los ingresos fiscales permanentes escasean y son vitales ante la baja producción petrolera. Pero en medio de esta avalancha de promesas, hubo un detalle clave.
“Por primera vez, muchos candidatos reconocieron la importancia de la inversión privada en sectores como el petróleo, la minería y la electricidad, que en Ecuador son monopolios estatales. Hay un consenso a favor de la apertura comercial, algo que no existía en el pasado. Incluso, candidatos de izquierda apoyaron esta política y muy pocos hablaron de seguridad social”, declaró Acosta-Burneo para AméricaEconomía.
De cara a la segunda vuelta, el economista asegura que tanto Noboa como González deberían centrarse en reformas legales que conviertan a Ecuador en una economía más estable y segura para las inversiones extranjeras. Posteriormente, para crear competitividad, se deberían eliminar las barreras de entrada en sectores estratégicos como minería, hidrocarburos y telecomunicaciones.
“La segunda prioridad es abrir nuevos mercados. Eso es algo que se está haciendo y con mucho retraso frente a Perú y Chile. Ecuador tiene los aranceles promedio más altos de la región, pero en todo caso, se está avanzando en la firma de acuerdos comerciales. Esta semana, se cerró un acuerdo con Canadá, pero 17 años más tarde que Perú y Colombia. Mientras que con Estados Unidos, nos retiramos de las negociaciones”, lamenta Acosta-Burneo.
Un tercer grupo de reformas va orientado al sector financiero. Para el editor de Análisis Semanal, el próximo gobierno ecuatoriano debería liberar el flujo de capitales y modernizar la legislación bancaria. El marco actual se estableció en 2014 durante la administración de Rafael Correa (2007-2017) y prioriza la intervención estatal en la actividad bancaria. Este enfoque impidió que Ecuador adopte el Marco de Basilea, un conjunto de medidas internacionales que buscan fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos de los bancos.
“Lo que tiene el país es una legislación que maximiza las posibilidades que el Estado fije tasas de interés, a qué segmentos prestar, con qué garantías y plazos, e incluso, impone límites a los salarios de los banqueros. Además, tenemos un límite del flujo de capitales a través del impuesto a la salida de divisas, que en la práctica, también limita el ingreso de divisas”, añade.
Según Acosta-Burneo, estas tendencias obedecen a una tradición proteccionista en Ecuador que se remonta a mediados del siglo pasado con la influencia de las políticas económicas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Tras la crisis económica que llevó a la dolarización del país en 2000 y la inestabilidad política que marcó los años siguientes, el ascenso al poder de Rafael Correa en 2007, acentuó el rol del Estado como eje central de la economía.
“Todavía tenemos industrias que dependen de la protección estatal, que se crearon bajo la industrialización por sustitución de importaciones. Además, somos un país muy proteccionista, donde hay grupos empresariales que dependen de los privilegios arancelarios y no quieren perderlos. También hablamos de una sociedad donde la mayoría de la población recela de lo privado y hay un prejuicio en contra del afán de lucro. Lo que hizo Correa fue explotar y maximizar ese sentimiento”, explica Acosta-Burneo.
No obstante, el economista asegura que en los últimos años, los gobiernos ecuatorianos han adoptado algunas políticas más pragmáticas. De hecho, Correa terminó aceptando un acuerdo comercial con la Unión Europea en 2016, tras haberse negado previamente. Aunque Acosta prevé que este cambio de mentalidad en la ciudadanía será gradual y aún no es perceptible, como demuestra el fuerte arraigo del correísmo en las urnas bajo la figura de Luisa González.
Esta última saltó las alarmas de muchos agentes económicos durante la campaña electoral de 2023, cuando prometió usar una parte de las reservas internacionales de Ecuador para inyectar recursos en la economía. Para Santiago Mosquera, analista económico y Decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de las Américas (UDLA), esta medida genera preocupación, porque debilita el esquema de dolarización del país al reducir el respaldo a las divisas en circulación.
“Otro tema candente será plantear políticas concretas para fortalecer la matriz energética de Ecuador y evitar que el país experimente más cortes de energía eléctrica, como los que tuvimos el año pasado. Por otra parte, es fundamental que se evalúe la legislación laboral, porque una reforma de la seguridad social es cada vez más urgente”, explicó Mosquera a AméricaEconomía.
Pese a que los orígenes de la crisis energética se remontan a la década pasada, el analista económico admite que el gobierno de Noboa tuvo su cuota de responsabilidad, al no concretar una serie de inversiones que se iban a materializar en agosto de 2024. Solo se contrataron dos barcazas temporales para la generación eléctrica, pertenecientes a la empresa turca Karpowership, pero otras soluciones como la importación de motores generadores, aún no se han concretado. Otros proyectos de energía fotovoltaica y eólica han quedado paralizados en el Congreso a la espera de ser aprobados.
Como signo de los tiempos, el pasado 31 de enero, el Consejo Consultivo de las Ingenierías y Economía de Ecuador (CCIE) advirtió que se producirían nuevos apagones para el mes de abril. Pues si bien el embalse de Mazar, el principal del país, está a cinco metros de llegar a su cota de máxima, en época de sequía solo aportaría energía por 30 días y su capacidad dependerá de las próximas lluvias. Tanto Acosta-Burneo como Mosquera tampoco descartan el retorno de los apagones, pese a las promesas de Noboa.
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Por otro lado, la crisis diplomática entre Ecuador y México que inició el año pasado con el arresto del ex vicepresidente Jorge Glas en la embajada mexicana de Quito, alcanzó un nuevo pico de tensión. Este 4 de febrero, el presidente Noboa anunció la imposición de aranceles del 27% al país azteca bajo la excusa de presionar por un acuerdo comercial. Rápidamente, las críticas no se hicieron esperar, debido a que esta medida encarecería los precios de los medicamentos mexicanos en Ecuador.
“La decisión del presidente Noboa de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas está va más ligada a cuestiones geopolíticas que económicas. En paralelo, deberíamos mantener una relación estrecha con Estados Unidos. A pesar que la USAID se elimine, hay un vínculo muy cercano entre Donald Trump y Noboa que efectivamente puede garantizar un flujo de recursos a través de asistencia técnica por parte de diferentes organismos del gobierno estadounidense como ha sucedido en los últimos cinco años o a través del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional”, aclara Mosquera.
Sin embargo, la reciente decisión de Trump de aplicar aranceles del 25% a las exportaciones argentinas de aluminio y acero que ingresan a Estados Unidos, demuestra que ni siquiera los aliados del mandatario republicano están a salvo de su agenda proteccionista. Conviene preguntarse si Noboa deberá afrontar un obstáculo similar o la mochila de la crisis energética pondrá fin a su accidentado gobierno.
