El grupo Keralty, del que hace parte la EPS, presentó una solicitud de arbitraje internacional en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi) por su intervención.

A principios de abril de 2024, el entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, sacudió el mundo de la salud de Colombia, al decidir intervenir a la EPS Sanitas, con más de cinco millones de usuarios. Su decisión causó una gran controversia, pues mientras algunos la celebraron, otros lamentaron la medida, pues la tildaron de un abuso.

Desde aquella vez, empezó una disputa entre Keralty, dueña de EPS Sanitas, y el Estado colombiano. El primer paso de la multinacional fue recurrir a la Fiscalía, donde denunció a Leal por prevaricato. Ahora, acaba de abrirse otro capítulo: inició un proceso en el escenario internacional.

Como reveló el periódico El Tiempo, el Grupo Keralty presentó una solicitud de arbitraje internacional en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi), en el que busca una indemnización de, por lo menos, US$ 1.200 millones.

"En la medida en que todos los esfuerzos realizados por los accionistas del grupo Keralty fueron infructuosos, los accionistas del grupo Keralty se vieron forzados a recurrir a las instancias internacionales correspondientes en busca de justicia y resarcimiento de los daños causados por el Estado colombiano”, señalan los accionistas en un comunicado.

Las razones que llevaron al grupo a tomar esa decisión, explican en el documento, tienen que ver, básicamente, con la intervención que hizo la Supersalud hace año y con el “incumplimiento” del Estado colombiano para garantizar la suficiencia financiera del sistema de salud que, como ya hemos contado en El Espectador, no pasa por un buen momento. A los ojos de varios expertos, podría agravarse con el aumento de la UPC para el 2025 (de 5,3%) que hizo el Ministerio de Salud.

Esa dos situaciones “han agravado tanto la situación financiera de la compañía como la prestación de servicios a sus afiliados. Estas medidas constituyen un trato arbitrario, discriminatorio e injusto, que ha derivado en la destrucción del valor económico de EPS Sanitas, en perjuicio de sus accionistas, colaboradores, y la sociedad colombiana”, resaltan los accionistas.

Según el comunicado, antes de buscar un arbitraje internacional, Keralty buscó una “resolución amistosa” con el Estado colombiano, pero “todos los esfuerzos fueron infructuosos”.

Por ahora, la disputa quedará en el Ciadi, donde la firma Debevoise & Plimpton, con sede en Nueva York, representará a Keralty, y la Agencia Jurídica del Estado, defenderá a Colombia.

En caso de que la compañía Keralty salga victoriosa de ese proceso, de acuerdo a su comunicado, destinará “el total de la indemnización obtenida en instancias internacionales a recomponer el gravísimo daño causado por el Estado colombiano al sistema de salud, mediante el fortalecimiento de EPS Sanitas con dichos recursos”.

EPS Sanitas aún se encuentra intervenida. De hecho, a mediados de noviembre del 2024, el nuevo superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, cambio al agente interventor. Hoy ese proceso lo encabeza Kemer Ramírez Cárdenas.