El éxito de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente respaldado por la ONU, ha hecho que muchos pidan exportar el modelo a otros países con sistemas jurídicos o policiales permeados por la corrupción.
Estados Unidos intentó sin éxito convencer a El Salvador de que instalara una comisión internacional de investigación como la que logró la renuncia del ex presidente en la vecina Guatemala el mes pasado, dijo un funcionario del país centroamericano.
Sin embargo, el Gobierno salvadoreño aceptó que la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés) renueve un ambicioso plan de "transparencia y supervisión ciudadana (para) reducir las oportunidades de corrupción", según documentos vistos por Reuters.
El éxito de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente respaldado por la ONU, ha hecho que muchos pidan exportar el modelo a otros países con sistemas jurídicos o policiales permeados por la corrupción.
De la mano de la Fiscalía local, la CICIG logró que el ahora ex presidente Otto Pérez Molina fuera arrestado el mes pasado a la espera de juicio tras acusarlo de dirigir una multimillonaria mafia aduanera, desatando la euforia de la población que llevaba meses exigiendo su renuncia.
El consejero del Departamento de Estado estadounidense, Thomas Shannon, le sugirió al presidente Salvador Sánchez Cerén instalar una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador durante una visita al país centroamericano en julio.
"Se habló de la posibilidad de una CICIES (Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador). Es algo que barajaron los norteamericanos en su momento en el marco de este proyecto (Alianza para la Prosperidad)", dijo Marcos Rodríguez, Secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, quien asistió a la reunión.
"El Gobierno reacciona igual que cualquier gobierno del mundo: 'muchas gracias por su propuesta, la vamos a analizar, pero hoy por hoy no necesitamos eso'", dijo Rodríguez, agregando que el poder judicial y la fiscalía coincidieron.
El Departamento de Estado no respondió a pedidos de comentarios sobre el asunto.
Según funcionarios en Guatemala, Estados Unidos presionó a Pérez Molina para que renovara el mandato de la CICIG. El propio ex presidente, que se dice inocente de todos los cargos, denunció que el ente es un "instrumento de injerencia" que Estados Unidos "planea extender la CICIG a Honduras y El Salvador".
Otra vía anticorrupción
El gobierno de Barack Obama ofreció el año pasado a El Salvador, Guatemala y Honduras apoyar un multimillonario plan de desarrollo para la región, de donde cada año emigran al norte millones huyendo de la miseria y la violencia.
Pero el Congreso norteamericano podría aprobar apenas 1.000 millones de dólares para 2016 para la llamada Alianza para la Prosperidad y su viabilidad dependerá hasta cierto punto de los compromisos anticorrupción de los gobiernos implicados.
En Guatemala, los dos candidatos a suceder a Pérez Molina en las elecciones del domingo se han comprometido a apoyar a la CICIG bajo cualquier circunstancia, mientras que el Gobierno de Honduras aceptó instalar una comisión similar pero bajo supervisión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
"No he sentido hasta en este momento presiones por parte de Estados Unidos. (El Gobierno de Obama) Vio con simpatía la idea de la CICIES, ahora también ellos reconocieron que El Salvador es distinto a Guatemala y Honduras, que tiene una institucionalidad mucho más fuerte", agregó Rodríguez.
Después de la visita de Shannon, la USAID finalmente lanzó la licitación de un nuevo plan de transparencia de 25 millones de dólares en cinco años -aproximadamente la mitad de lo que recibe la CICIG en Guatemala-, confirmó un portavoz de la agencia.
Pese a que no cuenta con las atribuciones investigativas de la CICIG, que de la mano de las autoridades locales pinchó teléfonos, organizó seguimientos y realizó allanamientos, el proyecto propone una serie de ambiciosos objetivos en materia de transparencia, contraloría y participación ciudadana.
La iniciativa es extensión de un proyecto iniciado hace 10 años para promover la transparencia en Centroamérica, pero que solo arraigó en El Salvador, donde se lograron reformas legales para el acceso a la información pública.
Sin embargo, "cerrar espacios a la corrupción en la instituciones de El Salvador requiere de voluntad política y la implementación de regulaciones de transparencia", especifica el documento del proyecto, que casi triplica los 9,4 millones de dólares asignados al plan en los últimos cinco años.
