Nabhan Garcia, secretario de asuntos de tierras en el ministerio, dijo que el gobierno debe convencer al Congreso de cambiar la ley para lidiar con esas ocupaciones y otorgar a la policía una mayor autonomía para actuar contra los invasores.
El gobierno derechista del presidente brasileño Jair Bolsonaro tratará de clasificar las invasiones de áreas de cultivo por parte de los movimientos de trabajadores sin tierra como algo similar al terrorismo y aplicar multas más severas, dijo el lunes un funcionario del ministerio de Agricultura.
Nabhan Garcia, secretario de asuntos de tierras en el ministerio, dijo que el gobierno debe convencer al Congreso de cambiar la ley para lidiar con esas ocupaciones y otorgar a la policía una mayor autonomía para actuar contra los invasores.
“El desafío de este gobierno es demostrarle al Congreso que esto es algo muy cercano al terrorismo, o podría decirse que en algunas circunstancias es terrorismo, y tener una aplicación más severa de la ley”, dijo Garcia a periodistas.
Los agricultores formaron una base de apoyo clave que ayudó a Bolsonaro a ganar la presidencia y una lista de políticas amigables hacia ellos está en el centro de su agenda después que asumió el cargo el 1 de enero.
Garcia fundó el grupo de extrema derecha UDR que se opone a las invasiones de tierras. Su recién creada secretaría de asuntos de tierras consolida poderes antes dispares sobre la reforma agraria rural y la demarcación de territorios indígenas bajo el ministerio de Agricultura.
El funcionario realizó estos comentarios en respuesta a una invasión de tierras en el estado norteño de Para, el primer incidente bajo la presidencia de Bolsonaro, señalando que cientos de este tipo de invasiones están en marcha en todo el país.
El Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) que está detrás de muchas de estas invasiones fue un importante partidario del expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.
Muchos movimientos de trabajadores sin tierra tratan de tomar el control de las propiedades en nombre de la justicia social y económica, para distribuir de manera más equitativa la riqueza rural, pero los agricultores argumentan que esto se opone a las leyes de propiedad del país.
Garcia respalda iniciativas de reforma que ya existen y redistribuyen a comunidades pobres de zonas rurales las tierras clasificadas como “improductivas”, pero dijo que las leyes deben ser respetadas y que las invasiones por la fuerza no serían toleradas.
Grupos de observadores dicen que la policía, a menudo bajo el dominio de poderosos terratenientes locales, muchas veces arremete contra los activistas sin tierra. Mientras hacía campaña en Pará el año pasado, Bolsonaro defendió fuertemente a la policía, diciendo que dispararon y mataron a 19 activistas en un sangriento episodio en 1996 porque temían por sus vidas.
También el lunes, García ofreció el apoyo del gobierno a inversionistas extranjeros interesados en comprar tierras en Brasil, una práctica prohibida que requeriría la legalización del Congreso.