Nacionalización de industrias estratégicas, impuestos a las sobre ganancias, limitación de importaciones, un Estado que regule activamente la competencia, entre otros, son algunas de las propuestas del candidato peruano de izquierda que cambiarían las reglas de juego en diversas actividades económicas.
Como en elecciones anteriores, la industria minera de Perú ha estado en la mira de los candidatos -especialmente los de izquierda-, y esta vez no fue la excepción. Desde que Pedro Castillo, aspirante a la presidencia del país andino por el partido Perú Libre, empezó a repuntar en las encuestas de intención de voto, mensajes como que las mineras saquean al país o la necesidad de estatizar este sector estratégico y otros extractivos como el del gas y petróleo empezaron a ganar fuerza en esta campaña de segunda vuelta.
No es coincidencia, según los especialistas consultados para este informe, estos sectores serían precisamente los más impactados ante un eventual gobierno de este profesor socialista.
“Es claro que el plan de gobierno de Perú Libre y los posteriores comentarios del candidato tienen un marcado foco sobre las industrias extractivas no renovables, minería e hidrocarburos. Aquí se ha hablado desde nacionalización hasta tasas tributarias exorbitantes. Las más expuestas son claramente estas industrias, pero vale notar que la mayoría de los cambios propuestos no son ejecutables dentro del actual marco legal”, dice Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE).
En ese sentido, para José Carlos Requena, analista político y profesor de Esan Graduate School of Business, las grandes empresas serían las más vulnerables a cambios de las reglas de juego.
“De ellas, sin duda las que tienen que ver con las industrias extractivas tienen una particular fuente de preocupación por un lado. No obstante, son cambios que seguramente tomarán tiempo y habrá que ver cómo se comporta el Congreso por si se requiere algún cambio en materia legislativa”, anota Requena, quien destaca que hay muy pocos elementos para evaluar un eventual gobierno suyo. “Su plan de gobierno es más un pliego de reclamos. No obstante, la lectura de este y las declaraciones de Castillo después de la primera vuelta han sido muy genéricas”.
En las últimas semanas, el intento por disminuir la intensidad de sus radicales propuestas ha sido una apuesta del candidato del partido del lápiz para bajar las revoluciones de la campaña presidencial y ganar el voto de los indecisos.
Es así que recientemente, Pedro Castillo presentó “Perú al Bicentenario sin corrupción”, un documento que reemplaza al extremista plan de gobierno inicial y que también supone un esfuerzo de Castillo Terrones para deslindarse del ideario y programa elaborado por el controvertido fundador de Perú Libre, el ex gobernador regional Vladimir Cerrón sentenciado por un caso de corrupción. Si bien en este programa la palabra estatizar no aparece, en el plano económico insiste en gravar más la actividad minera.
“Debemos nacionalizar nuestras riquezas, es decir, hacer que estas sirvan a los peruanos, con nuevas reglas de impuestos y regalías que resultan hoy muy necesarias y pertinentes. El caso del cobre, cuyo precio ha alcanzado niveles altísimos nunca antes vistos (US$ 4,70 la libra), es un claro ejemplo. Los costos de producción del cobre son de los más bajos del mundo. Las transnacionales mineras están obteniendo sobreganancias, las que no se relacionan con nuevas inversiones o tecnología, sino solo con los vaivenes del mercado internacional. Anotemos que ya la Cámara de Diputados de Chile ha aprobado una nueva regalía cuya tasa llega al 75% si supera los US$ 4,0/lb, como hoy sucede”, dice el nuevo plan de Castillo.
Específicamente, el documento establece un nuevo impuesto a las sobre ganancias y la eliminación de exoneraciones tributarias “que fueron dadas por un periodo de promoción y que ya no son necesarias para las empresas”. También propone eliminar estas exoneraciones a empresas que usan paraísos fiscales para evadir impuestos, el pago de regalías en función a las ventas y renegociar contratos de estabilidad tributaria con las grandes empresas.
Para el economista Alejandro Indacochea, estas medidas resultarían contraproducentes para el sector, en un momento de altos precios de los minerales, especialmente del cobre, que llevaría a las mineras que operan en Perú a migrar a otros países.
“El cobre tiene el mejor precio de los últimos 10 años. Tenemos US$ 54.000 millones en ofrecimientos de proyectos de inversión en minería para los próximos años, según el Banco Central de Reserva (BCR). ¿Cómo hacemos para no perder esta oportunidad ante la historia?”, dice. “En Perú, las mineras tributan más del 45%. ¿A merced de qué van a venir a poner capital si tienen que dejar el 70% y llevarse el 30%? Simplemente van a optar por invertir en otros países. La minería es el motor de las exportaciones, US$ 3 de cada US$ 5 de exportaciones viene de esta actividad económica. En 2020, la fuerte caída en la recaudación tributaria -debido a la pandemia- ha sido compensada en buena parte por los ingresos mineros por el mejor precio del cobre. No podemos ser el país de las oportunidades perdidas”.
Gas para todos
Otra industria extractiva a la que hace referencia el candidato Castillo, es la de hidrocarburos, específicamente a la de gas natural. “El gas de Camisea, que provee de energía barata a los hogares (y sustituye a los balones de GLP), está en el Cusco, pero esta región ni ninguna de las regiones del sur o el centro tiene gasoducto ni conexión domiciliaria. Por eso, relanzaremos la construcción del gasoducto sur peruano”, dice el plan de gobierno.
En el apartado Gas para todos de su nuevo plan, Castillo contempla la construcción de una Red Nacional de Gasoductos y considera que la masificación del gas debe ser una política de Estado, “fortaleciéndose la gestión de empresa pública, regulando una política de subsidios por destino y uso: domiciliario, industrial, otros, favoreciendo la rentabilidad social del recurso”.
Al ser consultado específicamente sobre Camisea, el candidato nacido en el departamento de Cajamarca respondió lo siguiente: “Se tiene que entender que una cosa es nacionalización y otra la estatización, aquí el Estado no tiene por qué hacerlo suya. Es decir, que el gas de Camisea debería atender a su país de origen y no a otro. Luego de haber conversado con la empresa [consorcio liderado por Pluspetrol], si esta dice que está de acuerdo con el planteamiento que el 70% se queda para el país y el 10% de ella, ya no hay necesidad de ir más allá”.
Según el plan de Castillo, el gas de Camisea en Cusco debe distribuir este hidrocarburo a todos los hogares de Perú.
De acuerdo con José Carlos Requena, Pedro Castillo diferencia la nacionalización de la estatización, aunque no de forma clara. “En el tema del gas dice que quiere nacionalizarlo para que más peruanos tengan acceso a él, pero hay cosas que escapan de las empresas que están en este sector como la infraestructura, no hay infraestructura para eso. Este es un plan de gobierno que tiene mucha hostilidad y no se reconoce un rostro técnico aún en materia económica y a estas alturas lo que uno puede decir es que es una apuesta llena de incertidumbre”, dice.
Ya sea nacionalización o estatización, el precio a pagar por esta medida sería muy alto. De acuerdo con el diario Gestión, que cita a fuentes del Ejecutivo peruano, una eventual nacionalización del yacimiento gasífero cusqueño desencadenaría una demanda internacional de US$ 7.000 millones, basada en las inversiones efectuadas por el Consorcio Camisea desde 2000.
Al respecto, el exministro de Energía y Minas de Perú, Carlos Herrera Descalzi, refirió al diario El Comercio que la nacionalización de Camisea sería un mejor negocio para el consorcio, debido al alto costo de la expropiación y al menor beneficio que el país podría obtener de un yacimiento con reservas declinantes tras 20 años de explotación continua.
Segunda reforma agraria
Otro eje protagonista en la propuesta de gobierno de Perú Libre es el sector agrario y para ello propone una segunda reforma agraria. “Lo que entendemos como segunda reforma agraria es el desarrollo rural agrario y participativo como una decisión política importante para la gestión de una agricultura con enfoque territorial y desde abajo; desde la participación movilizada de las organizaciones territoriales y locales de los productores”, dice el documento.
Y es que la agricultura peruana no ha estado exenta de críticas al señalar que la legislación vigente solo ha favorecido a las grandes empresas exportadoras, dejando de lado a los pequeños productores. Es así que en diciembre pasado se derogó la Ley de Promoción Agraria y se prepara una nueva para dar mejores condiciones laborales a los trabajadores del agro peruano.
Si bien el sector tiene grandes retos por superar, según los expertos las medidas propuestas por Castillo no serían las más apropiadas.
“¿Qué significa una segunda reforma agraria? Tenemos un sector agroindustrial que se ha recuperado, es un boom en el mercado internacional con más de US$ 6.000 millones en exportaciones. Si [Pedro Castillo] propone volver a los minifundios, ¿cómo nos vamos a recuperar si la reforma agraria de Velasco nos tomó más de 20 años?”, dice Alejandro Indacochea.
Entre las propuestas que llaman la atención destaca la disminución y reorientación de la importación de alimentos para dar preferencia a la agricultura andina y orgánica, impulsar la diversificación productiva y organizar la oferta agraria para el mercado interno y externo.
No obstante, la disminución de la importación tendría un impacto en las exportaciones, ya que el país mantiene acuerdos comerciales con varios países que ante la limitación para enviar sus productos harían lo mismo con los envíos comerciales peruanos, sin contar con las medidas que el país tendría que tomar para evitar un posible desabastecimiento ya que a pesar de que Perú es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, no produce todo el alimento que consume.
“Todos los sectores deben estar preocupados por las medidas anunciadas, pues generarían una disrupción muy significativa en su desempeño futuro, afectando duramente sus modelos de negocio, no solo en grandes empresas, sino también en micro y pequeñas empresas. Las empresas más grandes seguramente estarán evaluando planes de contingencia ante eventuales quiebres de su modelo de negocio, observando relocalizar actividades e inversiones hacia otros países. Pero esto no lo pueden hacer las demás empresas que son la mayoría y las que más se han afectado con la pandemia. Ya con la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria se empezó a observar interés de agroexportadores de adquirir tierras en Colombia”, dice Marcel Ramírez, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.
Ante una eventual prohibición de importaciones más general, Ramírez apunta que Perú, al igual que la mayoría de países, no es autosuficiente en la producción de bienes para el consumo local y esto obliga a importar tanto bienes de consumo, como intermedios (insumos) y bienes de capital (maquinaría, tecnología).
“Los principales sectores que se afectarían con esta medida serían los de bienes de consumo (electrodomésticos), tecnología de uso empresarial y para el hogar, vehículos, medicamentos, bienes intermedios (insumos para el sector agrícola, textil, farmacéutico, médico, etc.) y bienes de capital (maquinaria, tecnología para la manufactura, etc.)”, dice
Servicios básicos
Otras empresas que estarían en la mira ante un eventual gobierno de Perú Libre serían las que proveen servicios públicos a los ciudadanos. Antes de elaborar el “Perú al Bicentenario sin corrupción”, el plan primigenio apuntaba a la eliminación y prohibición de monopolios en servicios como salud, comunicación, transporte, electricidad, agua entre otros.
En el nuevo documento solo menciona que el Estado fortalecerá su rol regulador dentro de un enfoque de economía mixta y se regulará más activamente a los monopolios y oligopolios. “Se fomentará a la empresa privada, se reconoce a los empresarios nacionales y extranjeros que invierten en el Perú, pagan sus impuestos y respetan los derechos de los trabajadores y al medioambiente. Serán nuestros aliados para sacar adelante al país”, dice respecto a este tema.
Tanto Diego Macera, del IEP, como José Carlos Requena, de ESAN Business School, coinciden en que todas las empresas que prestan servicios a usuarios, es decir las empresas de telecomunicaciones, las eléctricas, las de transporte y todas las relacionadas con servicios básicos, son “muy susceptibles a cambios que se puedan dar”.
“Por supuesto que hay preocupación. En primer lugar, existe mucha incertidumbre sobre el marco regulatorio, tributario y legal. En segundo lugar, sobre la disposición del Ejecutivo para trabajar en la promoción de la inversión privada”, dice Diego Macera.
Y es que más allá de simplificar y suavizar las medidas de su plan de gobierno, estas siguen generando inseguridad en el sector privado y mucha cautela en futuras inversiones.
“¿Qué implica la nacionalización, según Castillo? Que los empresarios que tomen las empresas deben ser empresarios nacionales. Él piensa que es posible separar a empresarios nacionales e internacionales. Me gustaría saber quiénes son esos empresarios nacionales con capacidad económica para pagar US$ 5.500 millones de indemnización a Anglo American y nacionalizar el proyecto Quellaveco. Somos un país muy pequeño”, dice Alejandro Indacochea.
Diego Macera complementa: “La Constitución no permite hacer diferencias entre la inversión extranjera y la nacional. No hay muchos países que tengan esa provisión a nivel constitucional, pero Perú es uno de ellos, y pienso que para bien. Para hacer diferencias entre inversión local y extranjera habría que cambiar la Constitución”, dice.
