La iniciativa propone la creación de una comisión bicameral, cuyo objetivo será elaborar un informe con las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptada por la última dictadura militar.
El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez y diputado del FPV, Héctor Recalde, presentarán un proyecto destinado a la Identificación de las Complicidades Económicas durante la dictadura militar.
El acto se realizará a las 17 en el salón de conferencias del anexo C, y contará además con las exposiciones del presidente del CELS, Horacio Verbitsky y el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli.
La iniciativa propone la creación de una comisión bicameral, cuyo objetivo será elaborar un informe con las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptada por la última dictadura militar.
Ese informe deberá identificar los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron con esa dictadura, aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza.
De acuerdo al proyecto, la comisión estará integrada por un presidente designado por el Poder Ejecutivo Nacional, cuatro diputados y cuatro senadores, que serán elegidos por sus propios cuerpos legislativos.
El cuerpo deberá formular propuestas concretas y útiles para forjar "la memoria, responsabilizar a los cómplices y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia así como reformas legislativas que propendan a desalentar conductas como las investigadas".
El informe deberá ser publicado dentro de los 180 días a partir de la creación de la comisión y, en caso de que se advirtiera la eventual comisión de delitos, podrá formular las correspondientes denuncias ante la justicia.
Las pruebas o testimonios serán recogidos, en el marco de un cronograma de audiencias que contarán con la presencia de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, académicos, empresarios, empresas y cámaras empresarias, asociaciones sindicales y partidos políticos.
También, contempla el requerimiento de informes a empresas, organizaciones no gubernamentales, a dependencias de los tres poderes de los Estados nacional, provinciales y municipales y Estados Extranjeros para recoger testimonios para comprobar la eventual comisión de delitos.
