El pasado 23 de mayo Chile entró en déficit. Pero no se trató de un sobregiro en sus finanzas o su capacidad de pago de préstamos, sino que fue el primer país latinoamericano en entrar en lo que se denomina “sobregiro ecológico”. Es decir, el momento en que esa nación ha consumido todos los recursos y servicios de la naturaleza que puede regenerar en un año.

Otros le siguieron: el 20 de junio Argentina y el 23, Paraguay. Bolivia lo hizo el 13 de julio.

Los países desarrollados y las naciones petroleras ya habían tocado ese techo holgadamente en febrero, en lo que se conoce como Earth Overshoot Day, conteo que realiza desde hace unos años la ONG Global Footprint Network.

“Seis de los nueve ‘límites planetarios’ que existen ya están sobreexplotados”, dice a AméricaEconomía el economista ambiental chileno Raúl O’Ryan, académico de la Universidad Adolfo Ibañez (UAI) quien ha trabajado temas de economía ambiental y energía.

Estos límites se establecieron en 2009, como un marco conceptual que evalúa el estado de nueve procesos fundamentales para la estabilidad de la Tierra y sugiere una serie de umbrales -crisis climática, deforestación, pérdida de biodiversidad, acidificación del océano o el agujero en la capa de ozono, entre otros- que, en caso de ser superados, pueden poner en peligro la habitabilidad del planeta.

Cada uno de esos podría revertirse o, al menos, controlarse si están la ciencia y los recursos monetarios suficientes.

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Y ahí es donde las finanzas sostenibles entran: préstamos para empresas o gobiernos que se usarán exclusivamente con propósitos ambientales o de variables ESG y, muchas veces, en condiciones especiales, más ventajosas, que créditos regulares.

“Hay necesidades extremadamente importantes para el futuro que viene (…) pero se necesitan recursos cuantiosos. Ese es un primer punto. El segundo punto es que hay poco financiamiento. [El que existe] es más que insuficiente. Ha ido aumentando, pero está en una relación de un quinto respecto de lo que se necesita”, ahonda O’Ryan.

Las cifras respecto de cuánto dinero se requieren para estas metas varían, pero todas superan los trillones de dólares, haciendo cálculos conservadores.  Por ejemplo, O’Ryan estima que solo la Unión Europea requiere de unos US$ 500.000 millones, por año, de aquí al 2030 para alcanzar sus metas de reducción de gases de efecto invernadero, que es uno de varios puntos más a cubrir si se quiere realmente asegurar un futuro para la supervivencia en la tierra.

Como si no fuera suficiente eso, O’Ryan además explica que estas inversiones son más riesgosas

“El financiamiento sostenible o verde permite cubrir la brecha entre lo que se necesita y lo que hay”, resume el académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAI.

Un buen ejemplo es el hidrógeno verde en Chile. Si uno quiere desarrollarlo primero, alguien tiene que hacer las inversiones en centrales de generación, producir el hidrógeno y tener un mercado para venderlo. “Y la idea del financiamiento verde, en general, es allegar más recursos que los que están llegando a este tipo de iniciativas, que son riesgosas, en el sentido de que puede que resulten, puede que no”, advierte.

40% DE FINANCIAMIENTO VERDE

Una institución global que está entrando fuerte al financiamiento sustentable en la región latinoamericana es la CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, con distintos instrumentos, pero también con diferentes enfoques.

“Estamos trabajando en muchas innovaciones financieras, como Bonos Verdes, Bonos Azules, y también en alianza con otras instituciones”, dice Alicia Montalvo, gerenta de Acción Climática y Biodiversidad Positiva en CAF.

Lo que se busca es que los países en la región, que tienen un nivel de endeudamiento muy elevado, puedan contar con fondos para invertir en los proyectos y transformaciones que necesitan para aumentar su sustentabilidad, pero sin que eso termine siendo un problema añadido para su economía.

“Lo que no queremos es que la transición energética, o que la transición agroecológica o que la conservación de la biodiversidad sea un factor más de endeudamiento que los agobie, sino que buscamos espacios donde podemos sustituir deuda tradicional por deuda verde, o generar otro tipo de herramientas”, profundiza Montalvo.

Con nuevos bríos y nueva dirección, desde la pandemia la CAF ha hecho un compromiso importante en materia de financiación sustentable o verdes, en un sentido amplio, que incorpora tanto clima como biodiversidad.

“Para nosotros, el compromiso es que el 40% de nuestra financiación -que el año pasado fue en torno a los US$ 16.000 millones- sea calificado como verde en el año 2026. Ahora estamos en torno al 30% de nuestra cartera, y en 2020, cuando partimos, era del 20%, así que creo que vamos muy bien encaminados”, comenta la ejecutiva de origen español.

Todo eso tiene matices y precisiones, para Montalvo.

Por ejemplo, lo vinculado al cambio climático registra bastante avance, de acuerdo con las metodologías internacionales, pero en materia de biodiversidad todavía no hay unos principios comunes tan elaborados.

Por otro lado, no todo proyecto es aparentemente verde, pero puede llegar a serlo. “Por ejemplo, en la parte de adaptación. Si una obra de infraestructura incorpora componentes de resiliencia, entonces tenemos todo un equipo de trabajo que puede hacer ‘más verde’ un proyecto”, añade Montalvo.

“Para ello tenemos recursos de cooperación técnica, fondos para asesoramiento técnico y toda la financiación no reembolsable de nuestra cartera”, agrega.

Esto ha redundado, por ejemplo, en proyectos en Colombia, que sustituirán leña por plantas fotovoltaicas de pequeña escala, o un préstamo al Gobierno mexicano, si se cumplen determinados objetivos climáticos y ambientales que el propio Gobierno se ha trazado. También trabajan todos los temas de usos del suelo, ganadería y agricultura agroecológica, que por el tipo de economía de América Latina son relevantes.

LA BANCA PRIVADA EN ACCIÓN

Justo antes de la pandemia, el BCP de Perú creó su gerencia de sostenibilidad, con la meta de diseñar una estrategia sostenible de largo plazo para el grupo y alineada al core del negocio.

“Empezamos muy fuerte la estrategia de sostenibilidad apostando por la inclusión financiera, por el lado de la S, en ESG”, comenta Gerardo Moreno, tribe leader de productos crediticios para bancas, corporaciones y empresas de BCP.

Pero era evidente que el tema ambiental también era importante.

“Entonces, lo que decidimos fue que el tema ambiental empezara por el mundo corporativo y empresarial. Ahí estaba el quick win entre dónde podemos ayudar nosotros con finanzas sostenibles y dónde podemos aprender de las empresas también”, prosigue Moreno.

Con eso, el BCP hizo tres cosas: una política de créditos con la sostenibilidad como pilar. La creación de una taxonomía ambiental para definir en cada área económica, lo realmente verde o sustentable. Y también iniciaron un programa de capacitación interna para sus equipos.

Luego, escogieron unos cuantos sectores para tratar de impactar fuertemente en ellos.

Uno de sus primeros clientes fue una firma del sector textil que deseaba tratar sus residuos líquidos.

“Con este proyecto ambos aprendimos. Nosotros entendimos cuál era la lógica del proyecto, quiénes eran los proveedores, qué teníamos que hacer para financiarlo, qué podíamos tomar de garantía. Y lo sacamos adelante. [Tomamos] esa experiencia como un ejemplo de cómo un banco puede realmente generar impacto positivo”, destaca el tribe leader.

Hoy se abocan eminentemente a financiar proyectos de agro e inmobiliarios, “que son sectores donde tú tienes un rol de liderazgo potente del banco y potencial sostenible. De esta forma, el proyecto lo pone el cliente y nosotros básicamente los acompañamos y los asesoramos en compartir conocimiento”, detalla Moreno.

En el caso de Scotiabank, este viaje partió en 2020, prestando servicios a clientes corporativos, comerciales, financieros, del sector público e institucionales en todo el planeta.

En estos cuatro años, han apoyado estructuraciones en países como México, Chile, Perú, Colombia, Brasil, además de Centroamérica y el Caribe, de acuerdo con el ESG League Tables de Bloomberg. Por ejemplo, en México Scotiabank actuó como colocador conjunto (joint bookrunner) en la emisión inaugural del bono de resiliencia por parte de FEFA, que es el primer bono de resiliencia climática emitido en América Latina, enfocado en prevenir los impactos extremos del cambio climático.

“El financiamiento sostenible ha evolucionado como una herramienta importante en Latinoamérica para ofrecer capital que pueda contribuir a la transición hacia una economía baja en carbono”, explica a AméricaEconomía Daniel Gracian, director de Finanzas Sostenibles para América Latina de Scotiabank.

A través de este tipo de financiamiento sostenible la entidad brinda una oportunidad importante para destacar las iniciativas corporativas de ASG, entre varias otras ventajas asociadas. Además, una potencial ventaja adicional del financiamiento sostenible es que puede mejorar el costo de una deuda. “Por ejemplo, en los créditos bancarios vinculados a la sostenibilidad, hay posibilidades de que se reduzca la tasa de interés, dependiendo si la empresa cumple con objetivos sostenibles preestablecidos”, comenta Gracian.

Así, Scotiabank estima un potencial aumento de entre el 5% y el 10% de los volúmenes de bonos etiquetados como ASG en 2024 a nivel mundial, respaldado por un crecimiento más amplio del mercado, emisores soberanos repetidos e inaugurales y una innovación continua del mercado.

“Latinoamérica es una de las regiones con mayor crecimiento en temas de finanzas sostenibles. Evidencia de esto es el crecimiento que experimentó el mercado sostenible en la región en el 2023, un incremento por encima del 20% en comparación con el 2022 (…) También estamos viendo mucha innovación, algo que no vemos en todas las regiones. Por ejemplo, en la emisión de Chile y Uruguay de bonos soberanos vinculados a la sostenibilidad, o México como el primer país en desarrollar una Taxonomía Sostenible incluyendo criterios sociales, o los Debt for Nature Swaps [o canjes de deuda por naturaleza], como el que se hizo en Ecuador”, sostiene el ejecutivo.

DESTINO SUSTENTABLE

Los ojos globales están puestos en Latinoamérica, como una región con factores únicos que favorecen las finanzas sustentables.

“Los más importantes son su infraestructura energética, sus recursos naturales, su demografía y sus comunidades empresariales cada vez más globalizadas. Las oportunidades surgen de la riqueza de la energía hidroeléctrica y de la adopción generalizada de la generación de energía eólica y solar”, indica un estudio de marzo de este año de KPMG LLP elaborado por Martin Chrisney y Maria Eugenia Buosi, socia de KPMG Brazil

Del mismo modo en la pasada COP 28 de Dubai, el secretario general de la Cepal José Manuel Salazar-Xirinachs, presentó un reporte que destaca las necesidades de financiamiento climático de América Latina y el Caribe en su lucha contra el calentamiento global.

Según el estudio, cumplir los compromisos de acción climática requiere una inversión de entre el 3,7% y el 4,9% del PIB regional por año, hasta 2030. A modo de comparación, el financiamiento climático en América Latina y el Caribe en 2020 ascendió a solo el 0,5% del PIB regional. Por lo tanto, cerrar la brecha de financiación climática requiere aumentar la movilización de recursos nacionales e internacionales entre 7 y 10 veces, indicó Salazar-Xirinachs.

Pero no es tan fácil avanzar, porque hay requerimientos previos y uno de ellos es la taxonomía verde.

Esta es, básicamente una clasificación estándar y validada que permite identificar actividades medioambientalmente sostenibles y fomentar la inversión en ellas.

Elaborar tales taxonomías –México es el primer país a nivel global que cuenta con una– demanda trabajo e involucra a un amplio grupo de actores del sector privado, la academia, otras entidades del sector público y organizaciones de la sociedad civil, dentro de una gobernanza clara, con roles y responsabilidades bien definidos.

“Un banco necesita tener un procedimiento, definiciones e indicadores claros para evaluar los proyectos sustentables, porque también hay un gran factor de riesgo, porque ya es difícil cuando hay mucho financiamiento detrás y poco riesgo, porque en estos casos tienes que ir más allá de las leyes: tienes que preocuparte de la sostenibilidad (…) y así también evitas lo que se conoce como greenwashing o lavado verde, es decir, que el factor de sostenibilidad prometido no sea tal”, enfatiza Raúl O’Ryan, de la UAI.

Así se pueden evitar problemas como el denunciado a mediados de junio por las ONs Stand.earth y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) que emitió el informe “El blanqueo ecológico en la Amazonía”. Con este, se revela que un promedio del 71% de la Amazonía no está protegido eficazmente por los marcos de gestión de riesgos ambientales y sociales de los cinco principales financistas de petróleo y gas amazónicos: Citibank, JPMorgan Chase, Itaú Unibanco, Santander y Bank of America.

El grupo destacó que solamente HSBC, otro de los grandes financistas de petróleo y gas amazónicos, presentó un ejemplo positivo de política, al excluir, en diciembre de 2022, cualquier financiamiento de petróleo y gas en la Amazonía.

Al tener clara la taxonomía y ordenados los objetivos, se podrá saber qué es lo que se busca financiar y cuáles son los instrumentos instituciones como CAF prevén una especie de boom del financiamiento verde en Latinoamérica.

“Ahora estamos como en una especie de centrifugadora, donde las instituciones, no solo CAF, instituciones públicas, privadas, la banca comercial, todos estamos aportando ideas, poniendo sobre la mesa las piezas del puzle, uno que tendrá que estar completo más pronto que tarde. No podemos perder el tiempo”, concluye Alicia Montalvo.