La historia acontece, una vez como tragedia y luego como farsa. Es lo que sucede con la educación chilena.

En  2006, la presidente Michelle Bachelet, acosada por los estudiantes secundarios que exigían terminar con un sistema escolar segregado y de mala calidad, optó por disciplinarlos, formando una multitudinaria “Comisión de Expertos”. Como es sabido, los expertos y las comisiones sirven para dilatar las soluciones. Después de dos años de discusiones inútiles, la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) se convirtió en Ley General de Educación. Un nuevo nombre para que todo siguiera igual. Hasta el gatopardo quedó perplejo. Pero lo más notable es que la clase política en pleno, manos unidas y brazos alzados, cantó victoria. El engaño sirvió para ratificar el sistema educacional que inventaron los economistas de Pinochet y que la Concertación  mantuvo incólume. Una tragedia para el 90% de las familias chilenas.

Ahora le tocó a Piñera. Los cinco meses de movilizaciones estudiantiles, y el vasto apoyo ciudadano a sus demandas, han colocado en jaque no sólo al gobierno, sino al modelo educacional que funciona en el país desde hace 30 años. Sostienen que el cambio de paradigma es fundamental para tener una sociedad justa y democrática, y proponen:

Primero, erradicar el lucro, porque segrega, divide, reproduce las desigualdades, con escuelas de primera, segunda y tercera categoría: particulares, particulares subvencionadas, y municipalizadas. Ello impide la integración de los niños de distintos orígenes sociales en un mismo espacio y, por tanto, no es posible el reconocimiento del otro, se cierran las puertas a la asimilación de los mismos valores y lenguaje,  y la calidad de la enseñanza se deteriora.

Segundo, las universidades tradicionales de educación superior deben recibir financiamiento directo, del presupuesto nacional, para cubrir sus actividades. En Chile las universidades son las más caras del mundo y, a diferencia de los países de la OCDE, su financiamiento en 80% es responsabilidad de las familias de los educandos, mediante el pago de aranceles.

Tercero, las empresas dedicadas al negocio educacional, escuelas y universidades, que no reinvierten sus utilidades en el proceso educativo, no deben ser financiadas ni directa (subvenciones) ni indirectamente (becas) mediante recursos públicos.

Los estudiantes  se han rebelado contra un sistema educacional que ha culminado en un desastre. Hijos de familias de bajos ingresos reproducen la miseria de sus padres gracias a escuelas municipalizadas inservibles y los de capas medias encuentran escasas oportunidades de aprendizaje y promoción social en escuelas particulares subvencionadas, que enseñan poco y sirven para enriquecer a empresarios inescrupulosos; mientras, los hijos de los ricos viven encerrados en un mundo de fantasía, que desprecia al diferente, lo que estrecha el entendimiento. La segregación a nadie conviene y los estudiantes desean terminar con ella.

Por su parte, la multiplicación de universidades privadas sólo ha servido para engañar a la conciencia pública con la mentira de un mayor acceso de los jóvenes a la educación superior. Porque, en la práctica, tal acceso resulta inconducente, ya que las comparaciones internacionales revelan la bajísima calidad de nuestras universidades, en particular las privadas, y las dificultades de los profesionales para conseguir trabajo en lo que estudiaron. Es lo que se desea modificar.

A la hora del entendimiento, el ministro Bulnes y el presidente Piñera decidieron terminar el diálogo con los dirigentes de la Confech, negándose a discutir el lucro en educación. “Todo se paga en la vida”, ha dicho el presidente. Pero, además, los ha provocado directamente con su propuesta de endurecer las leyes de orden público, penas de cárcel incluidas, para que los estudiantes no puedan expresar sus demandas con tomas en colegios y universidades. Finalmente, igual que la presidenta Bachelet, instaló un Comité de Expertos, con el propósito de postergar decisiones y agotar al movimiento estudiantil.

El Comité de Expertos reúne a doce personas. Se trata de profesionales desconocidos para la opinión pública. Con contadas excepciones, su conocimiento sobre educación es cercano a cero. De lucro y negocios sí que saben, incluso uno de ellos es gerente de finanzas del Grupo Corporativo Larraín Vial, empresa dedicada a transacciones en bolsa, asesorías inversionistas y formas de ganar dinero. Todos los expertos, sin vacilaciones, coinciden con el lucro en educación. Así lo manifestó, en su primera intervención pública, el presidente del Comité, el economista Paredes.

Las personas elegidas por el ministro Bulnes son economistas formados en escuelas del barrio alto (vale decir particulares), universidades privadas y con estudios de posgrado en los Estados Unidos. Ninguna mujer. Se olvidaron de Patricia Matte, invitada infaltable a eventos similares, en tiempos de la Concertación; pero, será bien reemplazada por Harald Beyer, funcionario del Centro de Estudios Públicos, de propiedad del Grupo Matte, y que piensa como ella.

Así como el Comité de Expertos que formó la presidenta Bachelet perpetuó la tragedia educacional para las familias pobres y de clases media, el comité formado por Piñera resulta una farsa. En primer lugar, porque los denominados expertos no son tales. Se trata de economistas y gente dedicada a los negocios; vale decir personas extravagantes al asunto en discusión. El único que ha trabajado el tema es el economista Beyer, quien ha hecho pública su postura comprometida con el lucro y a favor de los negocios en educación. Paredes hizo un trabajo, escasamente convincente, para demostrar que la educación particular subvencionada era mejor que la municipalizada, que sólo recibió la aprobación de la ministra Mathei.

En segundo lugar, resulta obvio que la discusión sobre educación ha traspasado de largo las fronteras técnicas, y de expertos en finanzas, y se encuentra manifiestamente en el ámbito político. Porque el derecho a educación universal, pública y gratuita ha puesto en agenda terminar con la segregación en las aulas y escuelas. Y estos argumentos no se combaten con más focalización, o sea con más becas o con la disminución de los costos de los créditos.

Finalmente, un Comité de Expertos sobre educación resulta inexplicable sin la participación de profesores, rectores, estudiantes y apoderados. Su ausencia rebela una falta de delicadeza de la autoridad que anula cualquier decisión que adopten los expertos.

En definitiva, el Comité de Expertos, formado por el gobierno, resulta un absurdo, una farsa, un interludio cómico en un drama serio, antes que una iniciativa responsable para responder a las demandas estudiantiles. Esta decisión, así como la propuesta  de endurecer las leyes de orden público frente a tomas de locales educacionales son de una violencia injustificada. El costo social y político será elevado, no sólo para el gobierno sino para el país. Piñera se ha equivocado nuevamente.