Chile es el país de la OCDE con la menor proporción de aporte público para educación superior: en promedio, en la OCDE 69% es financiamiento público, mientras que en Chile la relación es completamente inversa, con un financiamiento privado de 85%.

Esta tendencia ha ido en aumento. Entre 2000 y 2008 los recursos privados para la educación superior en Chile aumentaron 58%, mientras que los recursos públicos crecieron 12%. Esto se debe al fuerte énfasis que ha existido en desarrollar sistemas de créditos para los estudiantes, siguiendo la lógica que ellos podrán pagar su deuda una vez que ingresen al mercado laboral como titulados.

La cara amable de esta política es que la matrícula de educación superior se duplicó en la última década, con un crecimiento de cobertura concentrado en los quintiles de menores ingresos, de tal manera que actualmente siete de cada diez estudiantes son la primera generación de su familia en educación superior.

La otra cara es la gran mochila de endeudamiento que deben cargar los estudiantes, que parece excesiva, especialmente para jóvenes provenientes de familias de escasos recursos (con baja capacidad de pago presente) y que cursan carreras de no muy alta rentabilidad privada (que determinarán una también baja capacidad de pago futura).

El gran peso de la deuda se grafica en que en promedio esta representa 174% del ingreso anual de los egresados, situación no observada en ningún otro país de la OCDE, en que esta relación tiende a ser menor a 60% (en EE.UU. es de 57%).

La pregunta que surge entonces es por qué hay que endeudarse tanto para estudiar en Chile. El primer sospechoso es el costo del crédito, es decir, el nivel de las tasas de interés. Pero una mirada más profunda al problema muestra que es tanto o más relevante la combinación dada por la magnitud de los aranceles y la duración de las carreras. Es muy distinto endeudarse por un arancel acotado por cuatro años, que por un arancel elevado por seis o siete años.

Hoy en día, las instituciones fijan libremente sus aranceles. En paralelo, el Ministerio de Educación calcula los llamados aranceles de referencia, utilizados para determinar los montos de crédito. En promedio, los aranceles efectivos están en torno a 25% por sobre los de referencia.

En el caso de la extensión de las carreras, duraciones teóricas de cinco años, y efectivas de seis y más, están por sobre estándares más eficientes, como los del Acuerdo de Bolonia, que establece para las universidades europeas un primer ciclo de tres a cuatro años conducente al grado, y un segundo ciclo de 1 a 2 años conducente a la especialización. A esto se suman flexibilidades para facilitar la movilidad de estudiantes entre carreras e instituciones que no impliquen rezagos en la senda curricular, algo muy relevante para el caso chileno que presenta, altas tasas de deserción y bajas tasas de titulación oportuna. Según la Unesco, en Chile la tasa de deserción es de 54%, en contraste con el promedio de 31% observado en los países de la OCDE.

De acotarse los aranceles efectivos a aquellos de referencia calculados por el Ministerio de Educación, y de acortarse en un año la duración efectiva de las carreras, el efecto en la deuda de los estudiantes sería equivalente a tener una tasa de interés cercana a cero. Si a ello se le sumase la rebaja en la tasa de interés de 5% a 2% real anual que ha propuesto el gobierno, entonces la deuda disminuiría a casi la mitad que hoy.

Ejemplificando, un estudiante de Ingeniería Comercial de una universidad privada con un arancel de 125 UF (unidad de fomento, medida de cuenta reajustable de acuerdo a ka inflación y usada en Chile en la industria del crédito), que termina su carrera en cinco años y tiene un crédito al 5%, tiene hoy una deuda de 990 UF. Si el arancel fuese 25% menos, su deuda caería a 790 UF. Si además su carrera durase cuatro años, su deuda caería a 630 UF. Y si además la tasa de interés fuese 2%, su deuda caería a 485 UF.

Por tanto, disminuir la tasa de interés ayuda. Pero es indispensable abrirse también a controlar efectivamente los precios (en este caso los aranceles), y a acortar la duración de las carreras de pregrado. Ambas son medidas políticamente complejas. Para muchos puede resultar casi una herejía ideológica hablar de control de precios. Mientras que reformar la estructura de las carreras y promover la movilidad de estudiantes entre facultades significa una gran reforma al statu quo al que están acostumbradas las instituciones. Se requieren visión y liderazgo para emprender este tipo de reformas. Es de esperar que se incorporen al debate.