1. INTRODUCCIÓN

Dieciséis años de un hecho histórico que sacudió la conciencia de la sociedad, subastó su confianza en las instituciones público-privadas y perforó el bolsillo de millones de ecuatorianos: el feriado bancario en el gobierno de Jamil Mahuad. En el desenlace de aquel suceso fatal no intervino una orden divina y menos algún meteorito. Pero su telúrico efecto abrió las puertas a una crisis impensada por la ciudadanía, aunque calculada por los dirigentes que contralaban el poder político y económico del país. Se repitió así la historia del burro amarrado a merced del tigre hambriento; historia que no por trágica es menos compleja; historia infestada de versiones interesadas y tendenciosas, rodeada de verdades a medias y mentiras completas. Este texto traza una línea que muestra los límites de un hecho sin precedentes en la historia reciente del Ecuador.

El feriado mahuadista, a pesar del tiempo transcurrido, espera un cabal reporte de daños en los ámbitos social, económico y político. También se espera una lectura honesta de las causas que la crearon y sobre todo la lista de responsables -históricos y directos- que intervinieron en ese atraco monumental que persiste en la memoria de al menos dos generaciones de ecuatorianos. Estas líneas van en esa dirección.

2. LOS ANTECEDENTES

El 9 de marzo de 1999, Luis Jácome, presidente de Directorio del Banco Central (BCE), en carta dirigida a Jorge Egas, superintendente de Bancos (SB), reveló la gravedad de la crisis en las altas esferas del poder económico-político, horas después del desastre anunciado. En efecto, el 8 de marzo, la Junta Bancaria (JB), atendiendo un pedido expreso del gobierno de Jamil Mahuad, a través de la Ministra de Finanzas, Ana L. Armijos, mediante resolución administrativa, decretó el feriado bancario. El objetivo oficial apuntaba a evitar el quiebre sistémico. Esta decisión se gestó en la madrugada del 7 de marzo en Carondelet, luego de que el propio Mahuad y su Frente Económico analizaron los escenarios y concluyeron que no tenían alternativa. Dicha carta confirmó dos sospechas: i) el cortocircuito entre las máximas autoridades de control financiero en momentos excepcionales; ii) la falta de información actualizada y de calidad que, aparentemente, atomizó la toma de decisiones vitales en plena emergencia económica. La tardía y desesperada nota de Jácome llegó al despacho de Egas a las 12h10 del 9 de marzo, horas después de que éste había anunciado al país el feriado bancario (foto superior).

La carta reza: “(…) Señor Doctor Jorge Egas Peña, (…) la Superintendencia de Bancos, en su calidad de ente de control de las instituciones del sistema financiero, cuenta con los elementos de juicio necesarios y con la documentación del caso para emitir informes sobre la solvencia de los bancos, y por ende, de su situación patrimonial. Agradeceré se sirva, por lo tanto, remitir a esta Institución el correspondiente informe sobre la solvencia y situación patrimonial de los bancos que se encuentran bajo su supervisión. El informe al que hago referencia lo requerimos a la brevedad posible, en razón de lo que agradeceremos nos sea entregado en un plazo máximo de 24 horas. (…)”

Cuando Jácome envió esta carta, las luces de emergencia estaban activadas, mientras empezaba a consumarse la decisión para el cierre temporal del sistema bancario, como medida previa para aplicar el congelamiento de los dineros depositados en el sistema financiero, hecho que generó la inmediata reacción de miles de depositantes y acreedores que se lanzaron a las calles reclamando su plata en las puertas de los bancos cerrados. Mientras la prensa desplegaba titulares dando cuenta de la gravedad de la situación, y los medios internacionales analizaban el “corralito” ecuatoriano y el derrumbe de la confianza en la banca, el BCE esperaba la contestación de Egas.

Ante el silencio y la ausencia de respuesta de la SB, el 11 de marzo de 1999, Jácome envió una segunda misiva a Egas, pidiéndo nuevamente la misma información: “(…) Mediante oficio No. DBCE-516-99 del 9 de marzo solicitamos proceda a enviar en forma urgente la información sobre la solvencia o insolvencia de los bancos que se encentran bajo su control. Por la emergencia en que se encuentra el país le habíamos indicado que la requeríamos en el plazo de 24 horas, hasta el día de hoy (sin embargo) no hemos recibido ninguna respuesta y, menos aún, la información solicitada. Con tal antecedente, insistimos en que se nos remita la información que fue materia de nuestro requerimiento constante del oficio antes citado y le pedimos que, en vista de las circunstancias por las que atraviesa el país, y en cumplimiento de la ley, se sirva remitir lo solicitado en la firma (sic) extraordinariamente urgente. (…)”.

Esta carta –que llegó al despacho del SB a las 16h20 del 11 de marzo- revela el desencuentro y la fractura institucional entre dos entes fundamentales en el manejo de la crisis financiera: i) el BCE como prestamista de última instancia y garante monetario del sistema bancario privado, y ii) la SB como ente regulador y controlador de todo el sistema financiero nacional.

Ahí no terminó el drama al interior del poder, mientras en calles y plazas las protestas sociales tomaban formas inéditas. Ese 11 de marzo, el Presidente del BCE remitió otra carta, tan reveladora y sorprendente como las anteriores, esta vez dirigida al Presidente Mahuad. Ahí le adjuntó información del sistema bancario, generada por un equipo especializado creado en julio de 1998 e integrado por expertos del BCE y de la SB. Eran datos surgidos de fuentes directas a partir de los movimientos reales realizados por los bancos. En otras palabras, suplían en parte el requerimiento presidencial hecho a la SB. Esta carta de Jácome a Mahuad sacó a flote otro lío peliagudo: el claro distanciamiento entre el Instituto Emisor y la Presidencia de la República, en pleno estallido de la crisis: “(…) Señor Presidente, conforme a la solicitud realizada por usted a través de una tercera persona, adjunto le remitimos la información que dispone el Banco Central del Ecuador sobre las instituciones del sistema financiero, efectuadas (sic) mediante el Sistema de Alerta Temprana SIAT. Este sistema de indicadores constituye una herramienta de análisis para determinar niveles de riesgo relevante de las entidades financieras bajo el control de la Superintendencia de Bancos. Esta metodología fue elaborada entre el Organismo de Control y el Banco Central del Ecuador, y aprobada en julio de 1998, con informe conjunto BCE-SdB-SIAT-002-98. En todo caso, el análisis definitivo de solvencia de cada institución y por tanto la viabilidad de las mismas, corresponde a la Superintendencia de Bancos. (…)”

El informe al que se refiere Jácome (BCE-SdB-SIAT-002-98; marzo 4, 1998) es el primer documento técnico (20 pp) de los especialistas del BCE-SB con una radiografía completa del sistema bancario nacional. Ahí se analizó, banco por banco, su calidad de activos, solvencia, rentabilidad, calificación de riesgo, etc. Y si bien el reporte devino “añejo” pues las cifras tenían corte al 30 de junio de 1998 (entre junio del 98 y marzo del 99 mucha agua corrió bajo el puente, por la intensidad de la crisis, la velocidad del deterioro de las variables macroeconómicas y el debilitamiento bancario), es muy revelador ya que registró nítidamente la precaria posición de los dos gigantes del sistema privado en ese momento, Filanbanco y Banco del Progreso, muchos meses antes de sus respectivos derrumbes. Por lo tanto, en su momento, Mahuad tuvo elementos de juicio para actuar, particularmente a partir del 11 de marzo de 1999 en el caso del Banco del Progreso. La coincidencia trágica de ese 11 de marzo es que, en lugar de cortar por lo sano, cerrando ipso facto el Banco del Progreso (que para colmo de males se mantuvo en manos de Fernando Aspiazu por tres meses más), Mahuad prefirió pasar a la historia firmando el Decreto No. 685, a través del cual ordenó congelar totalmente los depósitos y créditos en el sistema financiero.

Volviendo al tema de feriado. Junto a la misma carta, Jácome envió a Mahuad el estudio más reciente del SIAT (con cifras actualizadas a febrero de 1999), donde se confirmó la peligrosa tendencia y se reveló la situación endeble de los 33 bancos vigentes en el sistema; 10 de ellos colocados ya en terapia intensiva tras caer a las categorías de riesgo C y D.

Cuando el BCE pidió a la SB sus reportes para remitirlos al Presidente, horas antes del congelamiento, cierto, hubo un vacío informativo que el Banco Central llenó con el aporte estadístico y técnico del Sistema de Indicadores de Alerta Temprana (SIAT). De modo que, si bien el Presidente no disponía de toda la información que por ley debió proveerle la SB, al recibir una serie de datos actualizados, elaborados por un equipo especializado, el Jefe de Estado tuvo, de todos modos, la posibilidad de hacerse una panorámica consistente de lo que ocurría con los bancos privados casi en el mismo momento de los hechos. Por ejemplo, entre otros detalles, Mahuad seguramente pudo observar ahí que, a febrero de 1999, el Banco del Progreso estaba prácticamente colapsado.

*Esta columna fue publicada originalmente en el blog Rienda Suelta, apuntes de Hernán Ramos.