A raíz de la publicación del primer informe de reservas (Gaffney, Cline & Associates) se inició un debate en el que, por decir lo menos, se comparaba la foto del momento con la proyección de consumo de gas natural en el Perú para los próximos 20 años, calculada con hipótesis de crecimiento a todas luces exageradas. La publicación de un segundo informe independiente (Netherland, Sewell & Associates) estableció con claridad que el Perú cuenta con suficientes reservas de gas natural y que no hay peligro de desabastecimiento, salvo que no se lleven a cabo las inversiones requeridas para aumentar la producción y el transporte.

Por ello, propongo que la atención mediática que se ha concentrado canalizada en forma positiva para discutir seriamente los problemas de mediano y largo plazos en el sector sea. Resulta evidente que la primera prioridad debe ser el abastecimiento del mercado peruano para atender la generación eficiente (ciclo combinado), la industria, el transporte y el consumo domiciliario. Para ello se debe generar un clima de inversión que asegure la continuidad de los proyectos en marcha.

Habiéndose llevado a cabo el primer embarque de exportación de gas natural y estando en proceso la renegociación de las regalías del Lote 56, el debate debería reorientarse hacia la agenda pendiente.

Son cuatro los problemas que debemos tratar de resolver en el Perú a partir de los riesgos y oportunidades que se presentan con un cambio de administración:

a).- Uniformizar el precio regulado del gas natural. Un mercado no puede funcionar eficientemente con dos precios y eso es lo que tenemos actualmente: por un lado, el precio regulado del Lote 88 y, por otro, el precio libre del resto de lotes. Esto genera distorsiones, pues, independiente del balance oferta demanda, todos los clientes quieren abastecimiento con el precio más bajo, lo cual al no ser factible genera la sensación establecerse un precio único de que no hay gas suficiente. Debe regulado a nivel nacional y evitar la creación de monopolios regionales que tomen ventaja de la libertad de precios establecida en la Ley de Hidrocarburos.

b).- Elevar progresivamente el precio del gas para generación. Se debe corregir la distorsión que genera actualmente dicho precio que hace inviable la financiación de centrales hidroeléctricas y desincentiva la construcción de plantas de generación de ciclo combinado que resultan más eficientes que las de ciclo abierto. Dicho ajuste en el precio no debe significar ingresos adicionales para los titulares de los diferentes lotes, sino contribuir a la creación de un fondo que permita el aporte del Estado en la construcción de nuevos gasoductos en áreas de bajo consumo. Tampoco se debe ejecutar en un solo movimiento, debe ser escalonado y tomando en cuenta la evolución del mercado internacional.

c).- Establecer una obligación de parte de todos los concesionarios de asegurar el abastecimiento interno por un período de 20 años antes de obtener la autorización para exportar. Mirando a futuro no se puede esperar que el mercado interno se abastezca solo del Lote 88, cualquiera sea la magnitud de las reservas. La responsabilidad del abastecimiento debe ser colectiva.

d).- Asegurar el desarrollo del Plan Gas Químico del Sur y del Gasoducto Andino. Desde el punto de vista de política energética, este es un punto de crucial importancia. No se debe mantener la percepción de que el desarrollo del gas no beneficia a la región sur del Perú. Existe una concesión otorgada por el gobierno para construir un gasoducto desde Camisea hasta Ilo, permitiendo el abastecimiento de gas natural a cinco regiones del interior del país.

Los puntos indicados anteriormente no tienen solución fácil. Con excepción del último, los otros tres requieren de decretos leyes porque resulta indispensable lograr previamente consenso entre las diferentes fuerzas políticas que permita la aprobación de dichas normas. La campaña para las elecciones de 2011 sería el escenario ideal para demostrar que, a pesar de las diferencias entre las fuerzas políticas, es posible acordar políticas de Estado que nos permitan fortalecer este importante sector de la economía, vital para cualquier programa de competitividad que será el principal reto del Perú en la próxima década.