¿Cuánto cuesta el voto de un diputado para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)? Muy poquito, cacahuates: veinte millones de pesos por cabeza. Multiplicados por quinientos, suman diez mil millones de pesos que representan 0.2% del PEF. Éste fue el monto de la bolsa que la Secretaría de Hacienda aceptó darles a los legisladores a cambio de que aprobaran en tiempo y forma el Presupuesto. No pinta en el total de cuatro billones 763 mil 874 millones de pesos para 2016. Se trata, sin embargo, de una conducta vergonzosa y perniciosa para la democracia.
Yo suponía que los nuevos diputados habían entendido que era insostenible aprobar, otra vez, fondos especiales en el PEF para ellos repartirlos a su gusto. Estas partidas, que en años pasados llegaron a sumar hasta 120 mil millones de pesos cada año, habían causado mucho escándalo por los abusos cometidos en la Legislatura pasada. En muchos casos los diputados se habían quedado con parte del dinero que distribuían: los famosos moches. Un diputado le prometía recursos a un presidente municipal a cambio de quedarse con un porcentaje o la condición que contrataran a cierta constructora de su preferencia (la empresa presumiblemente luego le pasaba una “comisión” al legislador en cuestión). Esto es corrupción.
Ahora resulta que los nuevos diputados no pudieron con la tentación de hacer lo mismo que sus antecesores. Asignaron, con la anuencia de Hacienda, una partida que ellos repartirán. Eso sí, prometieron que, a diferencia del pasado, los recursos se integrarán a una bolsa que, de acuerdo al secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Jorge Estefan Chidiac, se concederán con “reglas muy claras, que se va a direccionar a estados y municipios, que tendrán que ir a gestionarlo en Hacienda, presentar expedientes, cumplir cálculos, sacar registros de folios… habrá reglas de operación”.
Esa es la promesa. Vamos a ver si la cumplen. Pero, por lo pronto, la realidad es que los actuales diputados no pudieron con la tentación de quedarse con una bolsa para repartirla ellos directamente. Argumentan que es para cumplir con promesas que hicieron durante sus campañas. Que, si no lo hacen, su electorado se enojaría. Pamplinas. Para empezar, hay 200 diputados plurinominales que no le prometieron nada a nadie porque fueron elegidos en una lista que presentó su partido político. De los 300 restantes, la pregunta es si se vale que hayan llegado a la Cámara prometiendo que construirán un camino o un puente cuando eso no les corresponde a ellos sino al Ayuntamiento o gobierno estatal. Los diputados están para legislar, no para construir obra pública. Ni hablar de quedarse con moches de dinero del contribuyente: eso es corrupción.
El fenómeno de utilizar dinero público por parte de los legisladores para financiar proyectos locales, y así ganar votos, es común y corriente en otras democracias. En Estados Unidos se le denomina despectivamente como pork barrel que, traducido al español, sería “barril con carne de cerdo” (el término, al parecer, viene de la práctica de darles este producto a los esclavos como recompensa por su trabajo requiriéndoles que compitieran entre ellos por cada una de las porciones). Lo que ya no es tan común ni corriente es que los legisladores se queden con una tajada del dinero, tal y como ocurrió en México en la legislatura pasada.
Hoy estamos hablando de cacahuatitos comparados con el enorme tamaño del PEF. Pero es previsible que estas partidas crezcan con el tiempo porque los legisladores se van acostumbrando a ellas. Además, a partir de 2018, los próximos diputados podrán reelegirse. Y, cuando hay reelección, existe un mayor incentivo al “barril porcino”, lo cual genera irresponsabilidad fiscal. Es lo que ha sucedido en Estados Unidos, donde no pueden equilibrar su presupuesto. Por un lado bajan los impuestos y, por el otro, incrementan el gasto. Los estadounidenses pueden darse ese lujo porque el mundo entero está dispuesto a financiarles su boquete fiscal. No es el caso de México donde algo similar generaría un desequilibrio de las finanzas públicas que, a su vez, produciría una crisis económica que pondría en peligro el régimen democrático. Por eso, aunque hoy estemos hablando de una pequeña propinita que recibieron los diputados por haber aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), esta práctica no solamente es vergonzosa en el presente, sino perniciosa para el futuro.
*Esta columna fue publicada originalmente en Excelsior.com.mx.
