De todo lo que está sucediendo en el país a raíz de los sismos del 7 y 19 de septiembre, lo que más me preocupa es la situación en Oaxaca y Chiapas. En esas entidades tenemos una crisis en todos los sentidos: bajo crecimiento económico acumulado, altas tasas de pobreza, bajos niveles de inversión privada y pública, rezago educativo, malos gobiernos y presencia de múltiples grupos clientelares y rentistas. Son los dos estados más pobres del país. Iban muy mal y les cayó un terremoto que dejó literalmente en la calle a miles de familias que perdieron el poquísimo patrimonio que tenían. Se trata de un caldo de cultivo perfecto para un eventual levantamiento social que ponga en peligro la seguridad nacional. No exagero. Recordemos, tan sólo, dos hechos que ya ocurrieron en estos estados.

El primero de enero de 1994, el mismo día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el último año del sexenio de un Presidente que prometió llevar al país al Primer Mundo, estalló la rebelión zapatista en Chiapas. El acontecimiento nos recordó el gran rezago económico, social y político de los grupos indígenas de aquel estado.

En mayo de 2006, las tradicionales protestas de la Sección 22 del sindicato de maestros de Oaxaca llegaron al punto que tomaron por completo el centro histórico de la capital. El gobierno estatal trató de desalojarlos. Se unieron otros grupos en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca que mantuvo durante meses secuestrada a Oaxaca. Hubo muertos, heridos y pérdidas económicas hasta que, a finales de octubre, la Policía Federal recuperó el control de la capital oaxaqueña.

Antes del sismo del 7 de septiembre, como decía Mao Zedong, el pasto seco:

*En los últimos diez años, si de por sí la tasa de crecimiento de México es baja, ésta todavía era menor en ambos estados.

*Son de los que tienen una mayor informalidad laboral en el país con tasas por arriba del 75% de la Población Económicamente Activa.

*Han sido de los que menos empleos formales han generado al año en la última década.

*Su productividad laboral es de las más bajas.

*El ingreso laboral per cápita en ambas entidades está muy por debajo del promedio nacional.

*Más del 65% de la población es pobre ya que su ingreso total está por debajo de la línea de bienestar y tienen alguna carencia social.

*Alrededor del 30% de oaxaqueños y chiapanecos viven en pobreza extrema.

*Cuentan con la mayor tasa de analfabetismo en la población mayor a 15 años del país.

*Casi el 20% de la población no tiene acceso a ningún tipo de servicio de salud.

Así de seco estaba el pasto el 7 de septiembre cuando vino el sismo más intenso que se ha registrado en la historia del país. Si Oaxaca y Chiapas ya tenían las condiciones para un incendio social, ahora esta hoguera se ha tornado más probable.

Pero el país está más concentrado en lo que está ocurriendo en la Ciudad de México. Es lógico. Todos los medios nacionales se encuentran ubicados en esta metrópoli. Oaxaca y Chiapas han pasado a un lejanísimo segundo plano. No lo digo por el gobierno federal que, me parece, sí entendió desde un primer momento la gravedad en esos estados y se volcó, como pocas veces, a la solución de la emergencia. Además, desde el 19 de septiembre cuando ocurrió el segundo sismo, el Presidente dio instrucciones para no dejar a un lado a los dos estados más pobres del país.

Pero el gobierno no va a poder solo con la enorme tarea de reconstruir las miles de viviendas afectadas por el sismo del 7 de septiembre. Se va a requerir un esfuerzo de toda la clase política nacional y la sociedad civil. Más aún, esta tragedia debe servir de acicate para implementar un programa de desarrollo económico de esos estados. El gobierno ya había anunciado las Zonas Económicas Especiales que incluían a Oaxaca y Chiapas. La idea era otorgar beneficios fiscales, laborales, regulatorios y aduaneros especiales para incentivar la inversión en esta región. Al frente de este esfuerzo está Gerardo Gutiérrez Candiani, empresario oaxaqueño con buenos contactos y bien capacitado para esta labor.

La reconstrucción de Oaxaca y Chiapas, así como su posterior desarrollo económico, debe ser un asunto prioritario para la nación porque, de lo contrario, el enojo social podría derivar en protestas y de ahí escalar a situaciones que, por desgracia, ya hemos visto en el pasado.

*Esta columna fue publicada originalmente en Excélsior.com.mx.