En la discusión en torno a las negociaciones comerciales que actualmente México lleva con Brasil, Colombia y Perú, existen escasos datos sobre las ganancias potenciales y demasiadas especulaciones sobre las pérdidas.

Cualquier acuerdo comercial implica ganadores y perdedores. Los gobiernos pueden entender este balance e implementar acciones que busquen corregir las pérdidas antes y después de que entre en vigor el tratado. Si la sociedad estuviera segura de que en general se vería beneficiada del intercambio, habría menos oposición a la adopción de TLCs y acuerdos comerciales. 

¿Por qué México querría más acuerdos comerciales? Experiencias anteriores de México, en particular con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), nos permiten esclarecer algunos puntos que hoy se debaten a nivel político.

A 16 años de firmar el TLCAN, se observan resultados positivos para la sociedad en general, no obstante subsisten sectores que aún no han transitado a otras actividades o incrementado su productividad y que por ello demandan una compensación del Estado. De entrada, el limitado crecimiento de la economía mexicana (cuya tasa de crecimiento anual ha promediado 2,4% anual en este periodo) se explica a partir del desempeño del sector exportador, tanto el industrial como el de servicios; no así el agroalimentario. Asimismo, los consumidores nos hemos visto beneficiados por el TLCAN con mayor competencia, lo que ha implicado precios más bajos y mayor acceso a productos y servicios de todo tipo.

El TLCAN también permitió al gobierno mexicano implementar reformas internas que, sin la presión externa, probablemente no hubieran transitado. Ante estos resultados, ¿vale la pena apostar a una mayor diversificación del intercambio comercial de México con el mundo? La respuesta parece ser un contundente sí.

Tomando en cuenta que aún contando con acceso libre a múltiples mercados en todo el mundo, aproximadamente el 80% de las exportaciones mexicanas están volcadas al mercado de Estados Unidos, distintos gobiernos mexicanos han insistido en la importancia de diversificar los mercados de acceso para productos mexicanos. De ahí los once acuerdos que dan a México acceso a 43 países y la actual negociación con tres países suramericanos, Brasil, Colombia y Perú, para ampliar los convenios comerciales existentes. 

¿Quién está a favor y quién se opone a una mayor integración con América del Sur? Sectores industriales como el automotriz y de autopartes, el químico y el electrónico, ven gran potencial para sus productos en el mercado suramericano. Particularmente el sector servicios, las empresas de telecomunicaciones, hotelería, construcción, entretenimiento, banca, y tiendas departamentales ya se han visto favorecidas de acuerdos más sólidos que protejan sus inversiones.

La oposición proviene en su mayoría del sector agroalimentario. Argumentan que cualquier nuevo acuerdo traería beneficios mínimos para sus sectores y, por lo tanto, no valen la pena. Se ha vuelto común escuchar declaraciones de los representantes del sector acerca del ‘peligro’ de la fiebre aftosa proveniente de Colombia y Perú, de las barreras no arancelarias de Brasil, e inclusive amenazas de que la producción mexicana desaparecería por completo si se firman más acuerdos comerciales. 

El problema del sector agroalimentario y su justificación para oponerse a un TLC. Sin justificar la existencia de acciones para atrasar la firma de acuerdos importantes, las demandas del sector agroalimentario se sustentan en la casi completa falta de atención que los gobiernos mexicanos han prestado al campo. Se puede argumentar que la oportunidad que presentó la firma del TLCAN, para incrementar la productividad y la competitividad de algunos sectores, ha sido desaprovechada, tanto por los propios productores como por los diversos gobiernos. Esa falta de competitividad, aunada al peso de organizaciones como el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), crea un caldo de cultivo perfecto para frenar cualquier intento de avanzar hacia esquemas de mayor competencia con el resto del mundo.

La realidad es que los productores del campo en México son altamente improductivos. Sin embargo, vale la pena resaltar que los problemas del campo mexicano existen desde antes de firmar cualquier acuerdo comercial. El hecho de que una buena parte de los agricultores tengan problemas al acceso de crédito, aunado al abandono educativo de las zonas rurales, políticas de subsidios que acaban por ser regresivas y un mercado plagado de prácticas monopólicas en beneficio de especuladores, deriva en la terrible vulnerabilidad del sector. 

El que existan problemas no resueltos en el campo mexicano, no implica que un TLC acabaría por destruirlo todo. Se trata de dos temas que se tienen que tratar por separado. Al culpar a un acuerdo comercial de los problemas del sector agroalimentario se está buscando una salida fácil y no una que implique la modernización de la producción. Las declaraciones acerca de la fiebre aftosa y el incumplimiento de normas, que la CNA y demás organizaciones ponen como excusa para evitar la firma de tratados con Brasil, Colombia y Perú, constituyen tácticas dilatorias. Si existen preocupaciones reales, éstas pueden resolverse en las cláusulas del tratado correspondiente, con las precauciones y remedios pertinentes. Inclusive, algunos sectores agrícolas se pueden ver beneficiados de un mayor intercambio comercial con países suramericanos. 

En suma, falta información y faltan acciones para compensar a los perdedores.

En la discusión pública sobre las negociaciones comerciales con los países suramericanos, únicamente encontramos especulaciones políticas. El gobierno mexicano ha sido muy deficiente en presentar estudios, datos y argumentos que prueben que el beneficio total para el país es mayor a las pérdidas. Además de ofrecer datos se podrían ofrecer soluciones para la restructuración y recapacitación de los desempleados en sectores afectados, ya que políticamente parece infactible que la gente acepte el “desempleo a corto plazo” sin que parezca “complot neoliberal”. 

El argumento de la diversificación de acceso a mercados para los productos mexicanos tiene mucho sentido, pero debe ganarse el apoyo de la sociedad y acompañar la agenda comercial con una serie de políticas públicas que promuevan el crecimiento en todos los sectores y ofrezcan alternativas a los afectados. Sin esto, la oposición de las organizaciones campesinas se vuelve muy convincente y, contrario al beneficio general, se merma la percepción de que existen beneficios incalculables con una mayor apertura comercial.