En un inteligente y perspicaz artículo publicado recientemente en openGlobalRights, la académica mexicana Natalia Saltalamacchia escribe que “después de tres décadas de socialización, los mexicanos ven los derechos humanos como propios”. Basa sus conclusiones en una encuesta conjunta realizada por el Proyecto Organizaciones de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de México.

El gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto haría bien en estudiar con detalle el ensayo de Saltalamacchia y la encuesta, ya que ambos le ayudarán a comprender por qué su compromiso verbal con los derechos humanos carece de credibilidad ante el público.

La encuesta sobre la que escribe Saltalamacchia muestra que los ciudadanos mexicanos están muy expuestos al concepto de los “derechos humanos”. Aproximadamente el 90% de las élites y casi el 40% del público general escucha el término ya sea “frecuentemente” o “todos los días”. También existe una confianza alta en las organizaciones locales e internacionales de derechos humanos: el 70% de las élites y casi el 60% de los ciudadanos de a pie mostró altos niveles de confianza en estas agrupaciones. El estudio también muestra que las élites en México y el público en general no sólo asocian las palabras “derechos humanos” con cuestiones positivas, sino que además poseen una comprensión apropiada del contenido sustantivo de dicho concepto.

Lo más importante, quizás, es que el documento muestra que los mexicanos conciben los derechos humanos como un concepto legítimamente “mexicano”, y no como una imposición extranjera. La encuesta preguntó si se asocian las palabras “derechos humanos” con “promover los intereses de Estados Unidos” o con “ideas y valores extranjeros”, y los resultados muestran que ni las élites ni los ciudadanos de a pie aceptan este argumento. Solo el 7% de las élites y el 25% del público relacionó los derechos humanos con “promover los intereses de Estados Unidos”, mientras que solamente el 11% y el 28%, respectivamente, identificó a los “derechos humanos” como una idea extranjera.

La autora subraya, con razón, la magnitud del cambio correspondiente entre el público mexicano. Hace muy pocos años, el gobierno federal, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que se mantuvo durante años en el poder, y la izquierda política radical sostenían que la mirada o fiscalización externa en materia de derechos humanos, incluida la observación electoral, constituía una “injerencia extranjera” inadmisible en los asuntos internos mexicanos. En Cuba y Venezuela, varios líderes lo siguen pensando, pero en México las cosas han cambiado. Hoy, las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos gozan de la confianza de la sociedad mexicana.

El presidente mexicano Peña Nieto debe tomar en cuenta estos resultados. Su gobierno carece de credibilidad, en parte por dos acotamientos en su enfoque de derechos humanos, ambos equivocados.

En primer término, la idea de separar el respeto por los derechos humanos en México del respeto por los derechos humanos en el ámbito internacional es difícil de sostener éticamente, y desde el punto de vista político. Resulta contradictorio e inviable a mediano plazo invitar, o aceptar con resignación, una mirada externa hacia los derechos humanos en México por parte de organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, o de la ONU o la OEA, pero ser indiferentes a sus actividades o conclusiones en otros países. Esta actitud del actual gobierno de México solo debilita la posición del propio régimen afuera, sin conquistarle simpatía alguna con gobiernos orgullosamente violadores de derechos fundamentales.

En segundo término, Peña Nieto está causando un serio daño a su credibilidad al interior del país al rehusarse a examinar el pasado. Decidió que por ningún motivo habría investigación, acusación o juicio en torno a posibles violaciones de derechos humanos por el gobierno de su predecesor, Felipe Calderón del Partido Acción Nacional (PAN).

Durante los seis años que estuvo Calderón en el poder (2006-12), desaparecieron más de veinte mil ciudadanos mexicanos y entre sesenta y ochenta mil fueron asesinados, con frecuencia en circunstancias que no han sido aclaradas del todo. El presidente le declaró la guerra al crimen organizado, pero las políticas de mano dura de su gobierno ayudaron a detonar una ola de violencia que sigue aumentando sin control. Según Peña Nieto, sin embargo, ninguno de los responsables será objeto de escrutinio o esclarecimiento.)

Es difícil saber por qué Peña Nieto se niega a investigar las posibles fechorías cometidas durante el régimen del presidente anterior. Independientemente de si esa negativa proviene de la pasividad o de un encubrimiento activo, esa indiferencia oficial ante el pasado se convierte en un gran incentivo para la impunidad presente y futura. Cuando los criminales se dan cuenta de que las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las desapariciones no serán castigadas, se muestran menos temerosos de utilizar esos métodos ahora, y en el futuro.

Como demostró la encuesta conjunta de Minnesota y México, la sociedad mexicana no menosprecia la importancia de los derechos humanos. El gobierno mexicano tampoco debe hacerlo: ni dentro ni fuera, ni ahora, ni antes ni en el futuro.

*Esta columna de opinión fue publicada con anterioridad en el centro de estudios públicos Asuntos del Sur.