El control de la inflación y el gasto público se ven opacados por un crecimiento económico estancado, el atasco de reformas clave y un sistema político cada vez más fragmentado y desacreditado.

Chile ingresa al año final del gobierno de Gabriel Boric lejos de un colapso económico, pero sumido en la frustración. Según una encuesta reciente de la plataforma Cadem, el 62% de chilenos desaprueba la gestión del mandatario socialdemócrata, faltando diez meses para unas nuevas elecciones presidenciales.

La incapacidad del gobierno para responder al atasco de las reformas económicas en el Congreso y el fracaso del proceso constituyente han disuelto las esperanzas iniciales de los electores. Y si bien las candidaturas presidenciales aún no están definidas, hay una clara preferencia por los liderazgos de derecha.

Así, una encuesta de la consultora Activa posiciona a la economista Evelyn Matthei (29,2%) y al exdiputado José Antonio Kast (11,7%) como principales favoritos para ser los nuevos inquilinos de La Moneda. 

Mientras tanto, los indicadores macroeconómicos son aceptables, aunque con pasivos notables. Por ejemplo, la inflación cerró el año pasado en un 4,5% interanual, cifra que contrasta con el elevado 12,8% de octubre de 2022.

En aquel entonces, el alza de precios fue el resultado de la gran expansión fiscal y monetaria experimentada durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) para atender la pandemia del COVID-19. 

“Una vez que la necesidad de esa demanda de contención sanitaria y social bajó empezó a haber pesos excedentes y eso generó el salto inflacionario hasta el 12%. Aunque luego inició un programa de normalización que redujo el déficit fiscal y subió las tasas de interés. Esto generó una caída de la tasa de inflación y la dejó cercana a la meta del Banco Central de Chile. Creo que esta tendencia continuará en los próximos años si se mantiene una política fiscal austera”, declaró Fernando Marengo, Chief Economist & Partner de BlackTORO y docente de la Universidad Católica Argentina a AméricaEconomía. 

De hecho, el Banco Central tiene proyectado que la inflación anual descienda al 3,6% para diciembre de este año. Mientras tanto, el crecimiento económico continúa estancado desde hace diez años. Según el Banco Mundial, si bien los sucesivos gobiernos han mantenido políticas macroeconómicas sólidas, el crecimiento promedio del PIB chileno no ha superado el 2% en la última década.

Esta tendencia aumenta las brechas de género en el mercado laboral, limita la generación de empleo y mantiene las disparidades regionales. Como muestra, el PIB real creció 1,9% interanual en el primer semestre de 2024, impulsado por el sector minero.

No obstante, la informalidad laboral se elevó tres puntos porcentuales en el mismo periodo, al pasar de 26,9% a 29,9%. En paralelo, el desempleo cayó al 7,9% para los hombres, pero aumentó al 9,0% para las mujeres.

Para Alejandro Micco, ex subsecretario de Hacienda en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y profesor de la Universidad de Chile, un factor clave del estancamiento económico es el deterioro de la institucionalidad.

Esto se materializa en políticas populistas como los retiros de fondos de pensiones. Durante la administración Piñera, el Congreso aprobó en tres ocasiones el retiro del 10% de fondos desde las cuentas individuales de las AFP. Y si bien se rechazaron otros tres intentos, hay un séptimo retiro en debate desde el año pasado, que podría perjudicar a largo plazo las pensiones de los chilenos.

“Hoy en día, llevamos conversando la reforma de pensiones durante más de diez años y si el debate parlamentario se prolonga más allá de enero, todo se complica. Empezaremos a tener más discursos polarizadores y menos oportunidades de acuerdo, porque viene la campaña electoral”, explicó Micco a AméricaEconomía.

En paralelo, la última década ha visto una fragmentación del sistema político. En 2015, se abolió el sistema electoral binominal, que favorecía la existencia de dos coaliciones políticas en detrimento de partidos aislados y políticos independientes.

El modelo fue reemplazado por un sistema proporcional y al año siguiente, el número de partidos políticos legalizados en Chile se duplicó, pasando de 14 a 32.

Para diciembre de 2024, existían 22 organizaciones constituidas legalmente, cuatro en proceso de formación y tres en trámite. Mientras que en el Senado, hay 12 partidos con representación y en la Cámara de Diputados, la cifra asciende a 16, sin contar a los congresistas no afiliados. 

“Es un sistema político muy fragmentado y así, se hace mucho más difícil acordar políticas de mediano o largo plazo. Cuando toca el momento de debatir reformas urgentes como la del sistema de pensiones es muy difícil, porque uno debe negociar con más de 20 partidos e incluso, algunos tienen subdivisiones”, declaró Micco.

De esta forma, el economista advierte que el sistema político chileno se ha llenado de “partidos PYME”, que mantienen una representación mínima en el parlamento y son dirigidos por un “cacique local”, cuyos intereses se dirigen a obtener apoyo popular inmediato. 

“Todos los ministros de Hacienda estuvieron en contra de políticas como el retiro de fondos de pensiones, pero cuando tienes un sistema dividido es muy difícil pararlo. Porque es muy fácil que alguien desvíe la atención y convenza a la ciudadanía que está bien impulsar una reforma que permita obtener el equivalente a dos o tres meses de sueldo”, añadió Micco. 

Por otro lado, la fragmentación ha favorecido el crecimiento de fuerzas radicales de izquierda y derecha. Su éxito creciente en los últimos procesos electorales genera incertidumbre entre los inversores nacionales y extranjeros, lo que termina afectando el crecimiento económico de Chile. 

“El sector privado está buscando un resguardo fuera del país, una tendencia que inició con el estallido social de 2019 y se ha mantenido a lo largo del tiempo. Hablamos de un sector empresarial que históricamente invirtió su ahorro financiero en la economía chilena y a partir del estallido, diversificó su portafolio fuera del país. La decepción con el gobierno y los intentos fallidos de cambiar la Constitución también subieron la percepción de riesgo”, agrega Fernando Marengo.

Como muestra, en mayo de 2021, las tres coaliciones de izquierda participantes en la primera elección de constituyentes sumaron 48% de votos en conjunto. A continuación, los swaps de incumplimiento de crédito (CDS) registraron un alza del 33%, hasta alcanzar 72 puntos.

Pese a que continuó siendo el índice más bajo de la región, este fenómeno mostró el temor de los inversionistas a una Convención Constitucional favorable a un mayor gasto y endeudamiento público. Cuando en septiembre de 2022, el 62% del electorado rechazó el proyecto de Constitución, los CDS comenzaron a bajar gradualmente.

Del mismo modo, cuando el siguiente proceso constituyente se vio dominado por el Partido Republicano, organización de extrema derecha, el riesgo país promedió los 150 puntos durante las semanas previas al referéndum de aprobación en noviembre de 2023.

Al mes siguiente, una vez que la Constitución fue rechazada, el riesgo país cayó un 1,5% tras cuatro meses de alzas consecutivas.

La volatilidad en las preferencias del electorado y el auge de los “partidos PYME” llevaron en noviembre de 2024 a un grupo de senadores pertenecientes a partidos históricos de izquierda y derecha a presentar un proyecto de reforma al sistema político. 

De aprobarse esta iniciativa impulsada por los Partidos Socialista (PS), Por la Democracia (PPD), Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Evópoli se impondrá un umbral del 4% de los votos emitidos para que un partido cuente con representación en las elecciones de 2025. Cabe destacar que dicho umbral se elevará al 5% en futuros comicios. 

“Hay otra medida en la reforma que de lejos es la más importante: si un congresista es electo por un partido político y después se retira de la organización, automáticamente pierde su escaño. Esto le añade peso a la afiliación a un partido político y desalienta a los representantes de seguir agendas personalistas”, explica Micco, quien considera que esta reforma solo debería ser el primer paso de una más ambiciosa.

CONTEXTO GLOBAL Y BALANCE DEL GOBIERNO

Si dejamos de lado las disputas internas, el contexto internacional también jugará un papel importante en la economía chilena a corto plazo.

“Las economías de China y la Unión Europea se están desacelerando con tasas de inflación relativamente controladas, sobre todo en China. Además, tienes una economía estadounidense que todavía crece por encima del ritmo potencial, pero cuya actividad se está desacelerando y la inflación se halla aún por encima del rango meta de la Reserva Federal (Fed)”, señala Fernando Marengo.

En este contexto, el economista argentino señala que como el déficit fiscal de Estados Unidos alcanza el 7% del PIB, la inflación bajará a un ritmo más lento que el resto del mundo. En consecuencia, los capitales invertirán en dólares, esta divisa ganará valor y el resto de monedas se depreciarán.

Marengo cita como ejemplo reciente la depreciación que sufrió el tipo de cambio en septiembre del año pasado tras el primer recorte de las tasas de interés de la Fed en cuatro años.

Asimismo, una eventual alza de aranceles de Estados Unidos durante la futura administración de Donald Trump, perjudicaría a Chile debido a la caída de los precios internacionales de materias primas y por ende, un menor volumen en el comercio global. La otra consecuencia inmediata sería el agravamiento de la guerra comercial entre China y EE.UU.

Todo esto será abordado en mayor medida por el gobierno que asuma las riendas en marzo del 2026, lo que deja algunas preguntas sobre el legado de Boric. Tanto Marengo como Micco coinciden que el balance del gobierno es mediocre, debido a su incapacidad de revertir el estancamiento económico y afrontar problemáticas sociales como el brote del crimen organizado. 

De hecho, en agosto de 2024, una encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas reveló que el 87% de chilenos percibía que la delincuencia había aumentado en los últimos 12 meses. Tan marcada es la preocupación por la inseguridad ciudadana que, según LatAm Pulse, un 15,3% de chilenos votaría por la socialcristiana Carolina Tohá, ministra del Interior y Seguridad Pública, en las elecciones presidenciales de noviembre. 

Pero aún queda pendiente saber si el electorado chileno seguirá la tradicional “ley del péndulo” y votará por la derecha tradicional en las elecciones de noviembre. Como demuestra la volatilidad de los últimos procesos electorales, las cartas están sobre la mesa y aún es muy pronto para realizar predicciones.