Un directivo de la petrolera española reveló ante el Congreso peruano que al menos el 98% de afectados por el derrame de enero de 2022 habían sido compensados. Estas afirmaciones llegan luego de un historial que involucra pescadores descontentos y hasta un caso de sportwashing. 

Faltan cuatro días para que se cumpla un año más del derrame de petróleo de Repsol frente a las costas de Ventanilla, un distrito ubicado al norte del Callao, el principal puerto de Perú. El 15 de enero de 2022, la refinería La Pampilla, administrada por la petrolera española, descuidó el proceso de descarga de un buque tanque y al menos 6.000 barriles de crudo fueron vertidos al mar peruano. Lo que siguió fue una catástrofe ecológica que acabó con flora y fauna marina, así como con la reputación de Repsol en el país andino. Por si fuera poco, el Ministerio del Ambiente de Perú denunció en su momento que la compañía no había informado inicialmente del accidente.

En su lugar, Repsol responsabilizó primero a la Marina de Guerra peruana del desastre y luego, al oleaje ocasionado por una erupción volcánica en Tonga, una remota isla del Océano Pacífico. No obstante, las excusas fueron en vano y el Ministerio del Ambiente de Perú le impuso una multa que ascendió a unos 138 millones de soles (US$ 35 millones aproximadamente). Un año después, Repsol solo había pagado un 10% de las multas impuestas.

La cobertura en torno al desastre fue apagándose en la opinión pública hasta que retornó el pasado 5 de enero, cuando Luis Vázquez, director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Repsol y vicepresidente de La Pampilla, asistió a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso peruano. El directivo de la petrolera debía informar sobre las operaciones de compensación a los afectados, así como la supervisión, monitoreo y fiscalización de la remediación ambiental del derrame de crudo.

¿BUENAS COMPENSACIONES O FALTA DE COMPROMISO?

Aparentemente, los avances han sido fructíferos, pues Vázquez señaló que la corporación había compensado al 98% de los afectados, según una lista presentada por la Presidencia del Consejo de Ministros de 10.300 personas. De este grupo, el 40% corresponde a pescadores artesanales y el resto a comerciantes y trabajadores de otros sectores económicos. Asimismo, en los distritos cercanos a la zona afectada en Ventanilla, se está avanzando con proyectos y que, en dos o tres meses, comenzarán los proyectos de infraestructura para reactivar la economía de dichas comunidades.

Cabe destacar que Repsol ha reconocido, pero también deslindado de ciertos daños. Pues si bien un portavoz de la compañía declaró a EFE que han destinado más de US$ 271 millones para los trabajos de limpieza inmediata, remediación, monitoreo ambiental y compensación, Vázquez a su vez aclaró que hay 124 hallazgos de hidrocarburos que no corresponden al derrame de enero de 2022. En su lugar, estos pertenecerían a la contaminación producida por barcos u otros sectores. 

Por otro lado, a pesar que la inversión en reparaciones ha sido millonaria, las quejas vuelven a aparecer cada cierto tiempo. Esta vez, Luis Antonio Díaz Barroso, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del distrito local de Aucallama, declaró ante la comisión parlamentaria que sus compañeros del gremio no pueden trabajar debido a las restricciones impuestas en varias zonas.

Díaz también denunció que cuatro de los 16 planes de rehabilitación impulsados por Repsol no cuentan con los requisitos completos para operar. La petrolera justificó las acusaciones argumentando que los mencionados planes aún son evaluados por el Ministerio de Energía y Minas de Perú. 

EL NEGOCIO DEL LAVADO DE IMAGEN

Como dato adicional, Repsol volvió a causar controversia en septiembre de 2023, cuando la Federación Peruana de Fútbol (FPF) nombró a la compañía como patrocinador oficial de todas las selecciones nacionales. En su momento, Agustín Lozano, presidente de la FPF, omitió cualquier mención al derrame de crudo del año anterior y en su lugar, destacó a Repsol como un “aliado en la captación y desarrollo de jugadores destacados que más adelante también serán parte de la Bicolor”. 

El rechazo de gran parte de la opinión pública no se hizo esperar, pues se acusó a Repsol de incurrir en una estrategia de sportwashing para limpiar su imagen. “Es usual que una marca quiera lavarse la cara después de ocasionar un desastre. Lo que no es normal es que un país les preste su camiseta nacional para ayudarlos a lavársela. Es una cachetada esta decisión de la federación de fútbol”, declaró el excongresista y vicepresidente de la ONG Oceana Perú, Daniel Olivares, en su cuenta de X. 

Ese mismo mes, un grupo de asociaciones de pescadores, astilleros y comerciantes había enviado una carta al presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola. En el documento se expresaba la preocupación ante la falta de atención a sus demandas, a cerca de cumplirse dos años del desastre ambiental. Hoy, con el aniversario a menos de una semana, las promesas se mantienen, al igual que la incertidumbre.