La reforma del sector eléctrico mexicano, que implicaría cambiar la Constitución para favorecer a la firma eléctrica estatal, fue impulsada por el presidente López Obrador como un asunto de seguridad nacional, argumentando que los gobiernos anteriores favorecieron al capital privado.
México convino con Estados Unidos revisar "caso por caso" la situación de empresas extranjeras disconformes con una reforma eléctrica que se debatirá este año en el Congreso para otorgar mayor control al Estado en el negocio, dijo este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La iniciativa legal es el tema central de la visita que inició al país latinoamericano este jueves y concluye en las próximas horas la secretaria de Energía estadounidense, Jennifer Granholm, para reunirse con el mandatario y varios funcionarios de alto nivel.
"Donde hay, consideran que hay, una injusticia, se revisan los casos, ellos tienen ya una lista, hay algunas empresas que están pidiendo que se les informó, tanto estadounidenses como de Canadá, son pocas", dijo el mandatario en su habitual rueda de prensa diaria, sin ofrecer más detalles.
La reforma, que implicaría cambiar la Constitución para favorecer a la empresa eléctrica estatal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fue impulsada por López Obrador como un asunto de seguridad nacional, argumentando que los gobiernos anteriores sesgaron el mercado a favor del capital privado.
Según el gobernante, Granholm entendió que el objetivo del gobierno mexicano es "desterrar la corrupción" que supuestamente permitió que empresas particulares del sector se vieran favorecidas en contratos leoninos para el Estado. Por su lado, el mandatario le expresó su "disposición al diálogo", detalló.
Antes de la visita, cuatro senadores demócratas instaron en una carta a la funcionaria y al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a "expresar con más fuerza las preocupaciones" sobre la agenda energética de López Obrador, argumentando que era "antitética" a las relaciones bilaterales.
El embajador de la Unión Europea en México denunció recientemente que la iniciativa está obstaculizando la inversión porque podría poner trabas a los compromisos de las compañías para aumentar el uso de energía renovable.
