La incorporación de Chile a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) se ha convertido en un boomerang. Ha puesto al desnudo las debilidades del modelo de crecimiento sin distribución. Hace algunos días un estudio de esa organización mostraba que nuestro país es el de mayor desigualdad de ingresos, con un coeficiente de Gini de 0,50 en comparación a la media de 0,31. Ahora, la OCDE nos dice que Chile es el país con mayor segregación social en sus escuelas; en otras palabras, la educación es clasista.
El índice de Duncan, que mide el grado de segregación social en las escuelas, es de 0,68 para Chile, mientras la media de la OCDE es 0,46, y en los países nórdicos alcanza 0,35. Siendo el índice 1 el más alto grado de segregación, en palabras simples, los niños y jóvenes chilenos, de diferentes niveles socio-económicos, no se encuentran, no conviven, no se conocen, al estar radicalmente separados según niveles de ingreso de sus familias.
Paralelamente, como los barrios y comunas se configuran según estratos sociales, resulta que en Vitacura, Las Condes y Providencia, dónde viven los de más ingresos, se encuentran los mejores niveles de educación, medido por puntajes de la pruebas Simce y PSU (El Mercurio, 17-04-11). Por tanto, los mayores y mejores recursos para la educación, incluidos los profesores, se concentran en estas comunas. En consecuencia, la segregación social y territorial pone en evidencia la división clasista en las escuelas y además las acentúa.
El modelo económico concentrador, el repliegue del Estado en educación y un sistema escolar basado en el lucro han afectado seriamente la educación chilena. Los hijos de familias de bajos ingresos reproducen la miseria de sus padres en escuelas municipalizadas inservibles y en privadas subvencionadas, que en vez de enseñar enriquecen a empresarios inescrupulosos.
Por otra parte, a nivel universitario las cosas no andan mejor. En efecto, en una Encuesta Nacional 2010, que realizó el Instituto de la Juventud, se informa que de cada diez trabajadores, técnicos y profesionales, seis no tienen un trabajo relacionado con lo que estudiaron. Al mismo tiempo, según un ránking de la OCDE, los aranceles universitarios que paga el alumno en nuestro país es más del doble que en los Estados Unidos, tres veces el de México, cinco veces más que España, ocho veces el de Francia y 20 veces más que Dinamarca, sin anotar aquellos países donde las universidades son gratuitas. Por tanto, el alto costo de la educación superior, cubierto principalmente por los estudiantes, es expoliador para las familias modestas y de suyo injustificado cuando su enseñanza no favorece a un mejor trabajo vinculado a los estudios realizados.
Así las cosas, sin una reforma radical en la educación, y además sin atender las desigualdades de origen, la división clasista se acentuará. Las mejores escuelas seguirán reservadas para los hijos de las familias ricas de Chile, con los más altos puntajes en el Simce y la PSU, accediendo así a las mejores universidades. Los dueños del poder económico y de la elite política del país tendrán asegurada en sus descendientes la administración del sistema económico y político que controlan. Y, la segmentación social y territorial que caracteriza a estas escuelas, seguirá reproduciendo en los jóvenes del barrio alto el clasismo, racismo e individualismo propio de las familias ricas.
Entretanto, persistirá la mala educación para el 90% de los niños chilenos, en las escuelas municipalizadas y privadas subvencionadas. Los que accedan a la educación superior, con sus bajos puntajes en la PSU, ingresarán a universidades de baja calidad y estudiarán profesiones sin demanda en el mercado. Crecerá el ejército de profesionales desocupados y en el mejor de los casos llegarán a servir como empleados de los jóvenes de su misma generación, que serán ejecutivos de las empresas de sus padres. El futuro de los niños de Chile está marcado por su nacimiento.
El sistema educacional chileno, en vez de enseñar a todos por igual, servir para integrar a los niños de distintos orígenes sociales, promover la convivencia en comunidad, estimular la promoción social, favorecer un mismo lenguaje y valores, se ha convertido en instrumento de exclusión y ampliación de las desigualdades.
La demanda por una educación decente y sin discriminaciones para todos los niños y jóvenes, hijos de familias ricas y pobres, es justa y necesaria. Está en juego el desarrollo económico del país, inviable con el sistema actual. Está en juego también la estabilidad del sistema político, con excluidos que acrecientan su desesperanza. Los estudiantes lo han entendido mejor que nadie y por ello exigen el término del lucro, el mejoramiento de la calidad y la eliminación de toda discriminación. Terminar con una educación inservible y clasista es tarea urgente.
