En un episodio de la comedia británica “Sí, Primer Ministro”, el jefe de gobierno y un par de asesores reflexionan sobre la línea editorial de los principales diarios del país. Uno de los asesores opina que “La forma de entender los diarios es recordando que todos ellos buscan complacer a sus lectores”. En un rapto de lucidez inusual en su personaje, el Primer Ministro procede entonces a identificar al “público objetivo” de cada uno de ellos: “El ‘Daily Mirror’ es leído por la gente que cree dirigir el país, ‘The Guardian’ es leído por la gente que cree que debería dirigir el país, ‘The Times’ es leído por la gente que realmente dirige el país, ‘The Financial Times’ es leído por la gente que es dueña del país (…) y en cuanto a ‘The Sun’, a sus lectores no les interesa quien dirija el país siempre y cuando tenga grandes senos”.

Claro que una broma como esa parte de la premisa de que existe una prensa plural que apela a una audiencia igualmente plural, cosa habitual en democracia. Pero, como en un espectáculo de sombras chinescas, las cosas no siempre son lo que parecen cuando se trata del pluralismo mediático en la democracia peruana. Cuando el gobierno de Hugo Chávez, en un claro ejemplo de ejercicio autoritario del poder, retiro la licencia de funcionamiento a Radio Caracas Televisión (RCTV), algunos periodistas peruanos organizaron una marcha de solidaridad. Luego incluso aparecieron mensajes televisivos reportando los flagrantes atropellos contra la libertad de prensa en Venezuela. Como peruano, uno se habría sentido tentado a expresar orgullo por nuestros medios de comunicación, de no ser por una pequeña incongruencia: cuando el gobierno de Alberto Fujimori privó de sus derechos de propiedad al accionista principal de uno de los mayores canales de señal abierta (V., Frecuencia Latina), no pocos entre los periodistas que marcharon en solidaridad con RCTV hicieron mutis por el foro. A diferencia del caso peruano, los dueños de RCTV no fueron despojados de su propiedad, y aunque perdieron la licencia para transmitir en señal abierta, el canal mantuvo su línea editorial transmitiendo por cable y por satélite. Es decir, periodistas peruanos que se movilizaron en favor de la libertad de prensa en Venezuela, permanecieron impasibles ante un abuso de poder bastante peor contra la libertad de prensa en su propio país.

De hecho, el gobierno venezolano alegó entonces que el retiro de la licencia a RCTV no constituía un acto de censura, precisamente porque esa estación podía seguir transmitiendo desde el cable, la televisión satelital o el Internet. Del mismo modo en que Fujimori podía decir que allí estaban la estación de cable “Canal N” y el diario “La República” como prueba de que existía libertad de prensa en el Perú. Aunque claro, ambos sabían que la gran mayoría de la población obtiene su información sobre política nacional a través de la televisión de señal abierta.

El paralelo es pertinente una vez más porque Chávez sigue esgrimiendo el mismo argumento hasta hoy: según datos de la empresa de rating AGB Panamericana de Venezuela Medición SA (filial de la estadounidense Nielsen Media Research International), la televisión privada (y tanto la de señal abierta como la de paga), tiene una audiencia bastante mayor que la televisión estatal. Claro que “televisión privada” no es necesariamente sinónimo de prensa independiente, que informe con veracidad sobre la política nacional. O, en el caso de Venevisión, ni siquiera es sinónimo de que informe, con veracidad o sin ella. Venevisión es la principal televisora privada de Venezuela, y pertenece a la “Organización Cisneros”, la cual, según su página web, “es una de las más grandes organizaciones privadas de medios, entretenimiento, tecnología, y productos de consumo masivo en el mundo”. Dado que sus negocios trascienden el ámbito de la televisión, la Organización Cisneros parece haber arribado a un modus vivendi mutuamente satisfactorio con el gobierno de Chávez. Se trata de una paráfrasis del “vive y deja vivir” con el que Richard Nixon definió la esencia de la distensión durante la Guerra Fría: algo así como “déjame gobernar (como me plazca), y te dejaré hacer negocios (como te plazca)”.

El quid de la cuestión sin embargo es el siguiente: siendo en mi opinión el venezolano un régimen autoritario que mantiene bajo acoso constante a los medios de comunicación, es muy probable que en Venezuela haya un mayor pluralismo televisivo que el que existe en el Perú durante la actual campaña presidencial. Para decirlo con más claridad: ni siquiera Chávez habría producido una televisión tan monocorde como la peruana en esta coyuntura, con el agravante de que la persona en torno a la cual se ha logrado esa virtual unanimidad (Keiko Fujimori), ni es aún presidente, ni, en caso de serlo, presidiría un régimen autoritario (al menos no al principio).

Algunos partidarios de Fujimori admiten tal estado de cosas, pero esgrimen dos argumentos para desestimar sus implicaciones. El primero es que, a diferencia de Venezuela, los medios de comunicación en el Perú responden a la voluntad de sus propietarios: si estos en su gran mayoría deciden respaldar una candidatura a través de ellos, tienen derecho de hacerlo. El segundo es que, de cualquier modo, la imparcialidad periodística es una quimera, así que no tiene caso pretender alcanzarla.

Comencemos por el segundo argumento, ya que de la idea de que la imparcialidad no existe deriva una visión del periodismo según la cual los medios no son sino un contendiente más dentro de un octágono de “Vale Todo” (el propio nombre es indicativo de la precariedad normativa dentro de la cual se realizan las peleas).

Un ejemplo habitual de ello serían los diarios estadounidenses: ¿acaso el “New York Times” no respaldó en 2008 la candidatura presidencial de Barak Obama del mismo modo en que el “Wall Street Journal” respaldó la candidatura presidencial de John McCain? La respuesta obvia es sí, pero con una atingencia que suelen olvidar quienes creen que el periodismo es un sucedáneo del “Vale Todo”: esos diarios respaldaron esas candidaturas a través de sus páginas editoriales y de opinión, no a través de su cobertura informativa. En otras palabras, esos diarios no ocultaron información porque pudiera favorecer al candidato contrario a sus preferencias, ni tergiversaron la información disponible para perjudicarlo.

Un caso de súbita desaparición de esa distinción en la televisión peruana es Canal N. Es decir, el único canal que, desde la señal por cable, informaba con veracidad durante la última etapa del gobierno de Alberto Fujimori. Fue, por ejemplo, el canal que emitió el video en el que Vladimiro Montesinos sobornaba a un congresista de la oposición para que se pasara a las filas del oficialismo (lo cual, a su vez, fue el preámbulo de  la fuga de Fujimori al Japón). Ese canal, lamentablemente, ha dejado de existir. El viraje comenzó con el despido de dos periodistas que, según su propia versión, se rehusaron a convertir la cobertura informativa en un medio de campaña en favor de Keiko Fujimori. Y existen múltiples pruebas de que decían la verdad. Hay un par de ejemplos bastante menores, pero de interés por los antecedentes que evocan. El 26 de Mayo se realizó en las calles de Lima una marcha en oposición a la candidatura de Fujimori. Canal N informó de la presencia de unos 300 manifestantes. El diario El Mundo de España, un medio que suele respaldar al Partido Popular de José María Aznar, habló de “miles de manifestantes” (cosa que podría constatar cualquiera que haya visto las imágenes). Canal N es propiedad del conglomerado mediático formado en torno al diario “El Comercio” que, en el pasado, hacía lo mismo en su cobertura informativa sobre el partido aprista y, en particular, sobre sus manifestaciones: cuando el APRA llenaba con sus militantes la Plaza San Martín de Lima, lo único que ese diario reportaba era la presunta presencia de unos cuantos facinerosos que habían causado disturbios antes de dispersarse. Era lo que algunos dirigentes del APRA denominaban una “Defunción Civil”.

Otros casos tienen antecedentes más cercanos en el tiempo. Por ejemplo, la cobertura de un acto de juramentación durante el cual Ollanta Humala se comprometía ante personalidades del calibre del Premio Nobel Mario Vargas Llosa a respetar la Constitución, la libertad de expresión, la división de poderes, los derechos humanos, etc. Canal N podía cubrir la información para luego mofarse si lo deseaba de la inverosimilitud del acto. En lugar de eso suspendió la cobertura para dar paso a un programa sobre “Las Reinas del Pop” (V., Madona y Lady Gaga). Es decir, algo parecido a lo que hiciera América Televisión (el canal de mayor sintonía en la señal abierta), cuando al constatar el 2000 que las encuestas a boca de urna y los primeros escrutinios daban un ventaja a Alejandro Toledo sobre Alberto Fujimori, dejó de lado su programación electoral para emitir un episodio de “El Chavo del Ocho”.

Claro que en ese entonces la cobertura de América Televisión respondía a los sobornos recibidos por sus directivos (según consta en un video que estuvo conspicuamente ausente de la cobertura televisiva durante esta campaña). Hoy en día en cambio, como parte del grupo “El Comercio”, su cobertura sólo obedecería a las preferencias de sus propietarios. ¿No tienen derecho a eso? Pues sí, pero no en forma incondicional. Según uno de los principales teóricos de la democracia liberal, Robert Dahl, bajo ese régimen los ciudadanos tienen derecho a acceder “a fuentes de información alternativas que no estén bajo el control del gobierno o dominadas por cualquier otro grupo o concepción política específica." La razón es obvia: sólo de esa manera podrían acceder a todas las posturas representadas en la contienda política, y emitir un voto informado. Con ese propósito en Chile por ejemplo, se restringe el derecho de los candidatos que participan en la segunda vuelta presidencial a contratar publicidad televisiva, y es el Estado el que contrata espacios en los canales para distribuirlos por igual entre ambos candidatos.

Para darse cuenta de la importancia de este tema en el caso peruano, sólo hace falta recordar las relaciones incestuosas que sostuvieron la prensa y el poder político en años recientes. Aún antes de Fujimori, la publicidad estatal (distribuida discrecionalmente) y las deudas tributarias (condonadas por “buena conducta”), eran poderosos instrumentos de negociación en manos del gobierno en su relación con los medios. Ya con Fujimori tocamos fondo: en un país en el que más de la mitad de la PEA labora en el sector informal, los únicos contratos que el gobierno hacía cumplir sin dudas ni murmuraciones eran aquellos mediante los cuales los canales de señal abierta le alquilaban su línea editorial y su cobertura informativa. Esa era la razón por la cual algunos de esos canales no aceptaban propalar ni siquiera publicidad pagada en favor de los candidatos de oposición. Lo cual trae a la memoria el caso de Mario Vargas Llosa (quien cuenta con experiencia dirigiendo programas televisivos) y de Luis Llosa (el director peruano de mayor éxito comercial en la historia del cine), quienes ofrecieron producir un programa electoral para América Televisión sin cobrar un sueldo por ello, pese a lo cual jamás recibieron una respuesta. Y estamos hablando de un canal que tiene un programa similar dirigido por Jaime Bayly (quien, en lo esencial, se dedica a atacar a Humala, aunque también a Vargas Llosa), con el que tal vez sea el sueldo más elevado en la historia de la televisión peruana, pero de escaso rating. Una posibilidad es que al canal no le importe el dinero cuando se trata de salvaguardar sus principios. Pero los antecedentes sugieren otras posibilidades menos altruistas.

La mayor paradoja en esta campaña es que con el fin de prevenir la posibilidad de que un gobierno de Humala produzca un virtual monopolio mediático, ha surgido algo muy parecido, pero en su contra. Lo cual sugiere que el problema no es que los medios tomen partido en forma masiva por una sola posición política, sino de qué posición política se trata. Prueba de ello es la trayectoria del propio Bayly. En 2006 Bayly sostenía en su programa que, desde el ejercicio del periodismo, Aldo Mariátegui, Cecilia Valenzuela y él podían atribuirse la derrota electoral de Ollanta Humala. Muy pocos entre quienes votamos por Alan García creímos entonces que la masiva parcialización de los medios fuera un problema. Pero cuando en Octubre de 2010 Bayly convirtió su programa en una maquinaria de demolición contra la candidata conservadora a la alcaldía de Lima, quienes no tuvieron reparos en que hiciera los mismo contra Humala en 2006 se sintieron traicionados, y lo expresaron en forma pública y estentórea (aunque, claro, no les preocupó que la mayor parte de la prensa hiciera entonces básicamente lo mismo, sólo que en contra de la candidata de izquierda). Ahora que Bayly enfila de nuevo sus baterías contra Humala, es bienvenido de vuelta al redil cual hijo pródigo.