En los últimos meses, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ha estado activamente involucrado en implementar su ambiciosa agenda de reformas. La reforma energética ha concentrado la atención, dentro y fuera de México, pero la reforma fiscal es particularmente interesante por lo que revela acerca de lo que piensa el presidente en materia de crecimiento y desarrollo económico.
Peña Nieto desea aumentar la tasa y el ritmo de crecimiento económico mexicano, y al mismo tiempo reducir la desigualdad. Estas prioridades son comprensibles. El PIB mexicano aumentó a una tasa promedio de apenas 2% durante la última década. Más aún, mientras sus vecinos sudamericanos aprovechaban el boom de las materias primas del periodo 2005-2010, la disfuncional política energética mexicana se tradujo en declinantes exportaciones petroleras. Ahora que el boom se acaba, que la economía china se desacelera y la brecha salarial entre China y México se estrecha, México cree poder alcanzar mayores tasas de crecimiento y desarrollo si adopta las políticas adecuadas.
La última reforma fiscal es una de las prioridades del presidente. Sus disposiciones principales aumentan la tasa de impuestos a los ricos y al sector privado y agregan un número de gravámenes adicionales que afectarán negativamente a las clases medias emergentes del país. Los ingresos adicionales del fisco permitirán financiar programas sociales como las pensiones, en beneficio de los más pobres. También ayudarán a “destetar” al gobierno de su dependencia de los impuestos que percibe de Pemex, que representan aproximadamente un tercio del gasto fiscal. La reforma también simplificó el código tributario, reduciendo significativamente el número de días que le tomará a una empresa llenar sus planillas de impuestos.
Es interesante destacar lo que la reforma no hizo. Por ejemplo, no amplió la base tributaria gravando al sector informal, que representa el 65% de la economía mexicana. De hecho proporciona un incentivo perverso, pues limita la cobertura de la nueva “pensión universal” sólo a los trabajadores informales. La reforma no contiene ninguna provisión que estimule la productividad, la eficiencia o la “accountability” de grandes empresas estatales como Pemex y CFE, la compañía eléctrica del Estado. Más aún, la reforma fiscal no incluye ninguna iniciativa para reducir el gasto fiscal. De hecho va en la dirección opuesta al aumentar el déficit presupuestario para 2013 y 2014, que el gobierno contempla compensar aumentando su endeudamiento. Tampoco aclara la reforma cómo se gastarán los nuevos ingresos, ya que sólo 5% se destinará a programas sociales.
Tal vez lo más importante, el gobierno no explicó cómo o por qué la reforma fiscal generará más crecimiento económico y productividad. Aparentemente, la administración de Peña Nieto cree que el sector público es el más capacitado para producir crecimiento económico y atraer inversión extranjera y doméstica que el sector privado, y que los mayores impuestos no desincentivarán el crecimiento económico en la medida en que los ingresos tributarios son invertidos en aliviar la pobreza. Los impuestos a la renta y al valor agregado ya eran relativamente altos en México antes de la reforma fiscal. Pese a esto, el crecimiento económico ha sido débil. Sin aumentar la base tributaria para incluir a personas de los sectores informales, y sin reducir la evasión, cuesta ver de dónde vendrá el crecimiento económico.
El gobierno, aparentemente, cuenta con la reforma energética para resolver este problema atrayendo inversión privada y tecnología que permitan aumentar la eficiencia, la productividad y la competitividad. Está apostando a que los precios del petróleo se mantengan relativamente altos.
Sin embargo, una reforma fiscal no es sólo un tema económico y financiero, sino también político. México ahora es una democracia multipartidaria cuyos líderes deben trabajar de manera constructiva. La aprobación de la reforma fiscal debe ser vista como un primer paso -importante pero no definitivo- para alcanzar los objetivos de la administración Peña Nieto. Si los resultados iniciales resultan frustrantes, se necesitarán ajustes, así como la predisposición del gobierno para buscar los apoyos políticos para implementarlos.
