"Soy el primero en lamentar que el Congreso de Estados Unidos haya sacado e incluido estos dos puntos que son muy internos, nuestros", dijo, molesto, Pérez Molina, al rechazar las presiones de Washington.
Guatemala. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, rechazó las presiones de Estados Unidos para resarcir a un grupo de campesinos pobres a los que hace más de 30 años les fueron arrebatadas sus tierras para la construcción de una hidroeléctrica, y aseguró que no será "juguete de nadie".
"Aquí no vamos a ser juguete de nadie, son las leyes de Guatemala las que van a decir a qué paso van a avanzar" en el proceso de resarcimiento para las familias afectadas, dijo el mandatario a los periodistas tras participar en una actividad oficial.
El pasado 17 de enero, el presidente estadounidense, Barack Omaba, sancionó en Washington la Ley de Asignaciones Consolidadas 2014, que previamente había sido aprobada por el Congreso y el Senado.
Entre otras medidas, esa ley ordena al Departamento de Estado suspender la ayuda militar a Guatemala hasta que el Gobierno de este país de "pasos creíbles" para cumplir con el Plan de Reparación de Daños a las familias afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy.
También condiciona la continuidad del apoyo, a que se resuelvan los cerca de 57 casos de adopciones de niños guatemaltecos por familias estadounidenses que se encuentran detenidos desde hace más de tres años.
"Soy el primero en lamentar que el Congreso de Estados Unidos haya sacado e incluido estos dos puntos que son muy internos, nuestros", dijo, molesto, Pérez Molina, al rechazar las presiones de Washington.
La Casa Blanca se ha preocupado por este tema debido a que la hidroeléctrica Chixoy, la más grande e importante del país, la cual produce más del 40% de la electricidad que se consume en Guatemala, fue construida con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), de los cuales Estados Unidos es uno de los más importantes socios.
El mandatario guatemalteco dijo que su Gobierno, por medio de la oficina del Sistema Nacional de Diálogo, trabaja en el cumplimiento del plan de resarcimiento que fue pactado en 2010 con los campesinos afectados, de acuerdo a los ritmos nacionales y sin ninguna presión.
De igual forma, se pronunció respecto al tema de las adopciones, al indicar que se van a hacer "las que tengamos que hacer cumpliendo con la ley", para garantizar la protección de los niños guatemaltecos.
La semana pasada, vicepresidenta del país, Roxana Baldetti, dijo que el gobierno analiza utilizar los bienes inmuebles que le ha decomisado al narcotráfico para resarcir a las cerca de 6.000 familias de campesinos que fueron afectadas.
La vicepresidenta no precisó la cantidad de fincas y extensiones de las mismas, y si éstas son suficientes para cumplir con los compromisos de resarcimiento del Estado, cuya demanda por parte de los afectados se ubica en los 1.200 millones de quetzales (unos US$150 millones).
Además de la ayuda militar que Estados Unidos podría dejar de otorgar a Guatemala, la cual básicamente consiste en capacitaciones y becas de estudios para oficiales y soldados, analistas locales consideran que si el gobierno no cumple con las exigencias de Washington, las inversiones extranjeras podrían verse afectadas.
En la Ley de Asignaciones Consolidadas 2014, Estados Unidos también condiciona a los directivos del BID y del BM a que informen a la Secretaría del Tesoro sobre los avances de Guatemala en el cumplimiento del resarcimiento, aunque no establece posibles sanciones como suspensión de créditos para el país centroamericano.
