La semana pasada la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó un detallado análisis sobre las políticas y regulación gubernamental de las telecomunicaciones en nuestro país (que se puede consultar en el sitio de internet de esa institución), que llega a conclusiones terribles para México.

El estudio aludido documenta en su cuidadoso análisis que el dominio monopólico que ejercen las empresas de Carlos Slim de telefonía e internet, le han costado a los mexicanos, en promedio, el 2,2% del Producto Interno Bruto cada año en la última década, en comparación con una situación en la hubiera habido libre competencia.

Trataré de desgranar en lenguaje llano lo que significa lo anterior para el bolsillo de cada usuario de los servicios de telefonía fija, de telefonía móvil o de conexión para el internet de las empresas de Slim.

El sobreprecio que el monopolio puede imponer a sus usuarios es exactamente igual a un impuesto como los que cobra el gobierno, excepto que lo recaudado por ese gravamen va a la cartera del señor Slim y no al financiamiento del gasto público, como ocurre con los verdaderos impuestos.

Para ilustrar lo mejor posible el monto del tributo de US$130.000 millones que pagamos los usuarios de los servicios de Telmex y Telcel cada año entre 2005 y 2009, se trata del gasto anual del gobierno en la educación pública del país de preescolar hasta secundaria, o el presupuesto de una década entera de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Con estas descomunales cifras del abuso que ejerce sobre los mexicanos usuarios de sus servicios telefónicos el monopolio de las empresas de Slim, se empieza a entender cómo es que se volvió la persona más rica del orbe, de acuerdo a la respetada revista Forbes, que lo ubica este año más de 24% arriba de Bill Gates, el segundo en la lista.

Como era de esperarse, Slim rechazó el estudio de la OCDE aduciendo que eran mentiras e inventos, que “era un refrito de varias cosas” y que estaba “jalado de los pelos”. Por supuesto, nunca explicó de dónde hubiera salido su fantástica fortuna, de no haber mantenido una posición férreamente dominante en el mercado de las telecomunicaciones de nuestro país por más de dos décadas.

El ingeniero Slim, quien dicta cátedra sobre los más diversos temas, como suele suceder con algunos millonarios que por el hecho de serlo se vuelven sabelotodo, no parece entender que los costos que registra el estudio de la OCDE de pérdida en el bienestar para una sociedad obligada a comprar sus servicios, no son exclusivamente ni las ganancias ni siquiera los ingresos de sus empresas.

Ello se debe a que los monopolios se apropian sólo de una parte de las pérdidas aludidas, pues el resto es simplemente una merma para la sociedad, que no utiliza los servicios de telefonía como la haría si los precios fueran menores y si los servicios fueran de una calidad que sólo se da cuando hay real competencia en el mercado.

Las pérdidas cuantificadas rigurosamente en el estudio de la OCDE, incluyen los costos de la gente a la que no le alcanzó para contratar un teléfono a las tarifas existentes, sumados a los de quienes usaron el servicio menos de lo que lo hubieran hecho con menores precios, en adición al tiempo perdido de millones de usuarios por interrupciones y conexiones lentas en internet, llamadas perdidas o equivocadas, etc.

Los males derivados del dominio monopólico de Telmex y Telcel incorporan también su severo y negativo impacto en el crecimiento económico del país al carecer del dinamismo que le inyecta la competencia en telecomunicaciones y tecnologías de la información, que ha sido clave para acelerar el crecimiento en muchos países.

Cuando se privatizó Telmex, hace dos décadas, el gobierno le otorgó al consorcio ganador en la subasta, encabezado por Slim, un monopolio que duraría cinco años, para que tuviera los recursos suficientes para realizar las cuantiosas y necesarias inversiones para elevar la calidad del servicio y ampliar su cobertura geográfica.

Como todo buen monopolista, el ingeniero Slim adoptó, desde que se hizo cargo de la empresa, una estrategia para impedir la apertura a la competencia, lo que logró cabalmente hasta hace poco apoderándose de los órganos regulatorios a cargo del sector, y aprovechando la extreme debilidad del sistema judicial del país como escudo para eludir o posponer indefinidamente decisiones desfavorables de la autoridad.

Hay indicios de que esta situación está cambiando y el estudio de la OCDE resulta una bienvenida aportación para acicatear al gobierno y a la sociedad a liberarse por fin de la tiranía del monopolio en telecomunicaciones.

*Esta columna fue publicada originalmente en el centro de estudios públicos ElCato.org.