La palabra “democracia” ha acabado siendo trivializada en el discurso político, pero sobre todo entre la población. Muchos de quienes despreciaban al viejo presidencialismo y se dedicaron a combatirlo ahora desprecian la democracia: antes porque una persona tenía demasiado poder, ahora porque no tiene suficiente. En su acepción más fundamental, la democracia existe para proteger al ciudadano del abuso del gobernante; en la discusión pública mexicana la democracia es un instrumento para elegir gobernantes y luego no entrometerse en sus decisiones.

¿Cuál es el balance apropiado? En el contexto de un pésimo manejo político y en la antesala del año crucial del ciclo político, es necesario debatir por qué no progresa el país a pesar de tantos cambios y reformas en todos los órdenes. Sólo así será posible salir del momento tan peligroso.

Parece evidente que hay dos asuntos que nadie disputaría como problemas medulares: la ineficacia del gobierno y la pésima calidad de los servicios públicos. Aunque vinculados, son dos temas distintos que con frecuencia se mezclan o visualizan en términos de causalidad: no funciona el gobierno (y provee malos servicios) porque está mal organizado. Por supuesto que hay algo de cierto en esta relación, pero es imperativo entender bien las causas porque un error de diagnóstico siempre lleva a una mala solución.

Desde por lo menos 1963, en que se crearon los llamados “diputados de partido,” el país ha atravesado por una multiplicidad de reformas políticas y electorales que, bien a bien, no lograron más que resultados parciales, aunque sí la incorporación de todos los grupos políticos. Ciertamente, algunas reformas transformaron al sistema para bien (como la del 96 que creó un sistema electoral profesional ejemplar), pero el país sigue atorado. Las reformas atacaron -en algunos casos hasta la saciedad y el absurdo- problemas entre políticos, pero ninguna ha procurado escuchar a la ciudadanía y responder a sus preocupaciones y necesidades. La mayoría de las reformas ha acabado siendo asuntos de redistribución del poder entre quienes ya lo ostentan.

Como alguna vez dijera Einstein, no es posible esperar resultados distintos cuando se repite la misma cosa. ¿Qué es lo que hace pensar a los políticos que un nuevo trapito va a resolver el problema político del país?

No discuto la necesidad de reformar: lo que pregunto es reformar para quién. Docenas de reformas políticas y electorales -en adición a las centenas de reformas económicas, fiscales y de derechos sociales- no han logrado que se eleve la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes, que las calles estén bien pavimentadas o que la población goce de seguridad física y legal.

Cuando uno se pregunta por qué no crece la economía con mayor celeridad, la respuesta es obvia para los ciudadanos, tan obvia que los políticos no la quieren ver: porque no hay la más mínima confianza en el funcionamiento del gobierno. El sistema de gobierno está diseñado para extraer rentas de la ciudadanía, alimentar al ogro filantrópico y preservar privilegios de grupos dentro del sistema político y alrededor de éste. Mientras tanto, la ciudadanía vive en un mundo de incertidumbre respecto a su integridad física, seguridad patrimonial y el abuso del gobierno. Hasta pagar impuestos es complicado.

El viejo sistema político, el de Plutarco Elías Calles, se creó para concentrar el poder e institucionalizar el conflicto en la era postrevolucionaria. Los problemas de hoy son en cierto sentido producto del éxito de aquel entramado, toda vez que reflejan el crecimiento de la población, la dispersión geográfica y la diversidad económica, política y social. Aunque mucho ha cambiado gracias a las reformas emprendidas, el viejo sistema sigue ahí, como el dinosaurio de Monterroso, pero con una enorme diferencia: antes funcionaba y satisfacía lo mínimo necesario y hoy ya no.

Una posible explicación de esta paradoja es que el viejo sistema respondió al problema de su momento y luego dejó de hacerlo porque el problema cambió pero el sistema permaneció. Hoy el sistema político no responde a las necesidades de desarrollo del país que, en lo fundamental, nada tienen que ver con lo que lo que preocupa a los políticos. Mientras ellos siguen en la búsqueda de parches a lo que no funciona, el país necesita un gobierno que sí funcione. Desde luego, es imperativo reformar al sistema político para que el gobierno funcione, pero lo crucial es que la reforma que se emprenda se contemple con esa lógica: la de resolverle problemas a la población y hacer más fácil su vida cotidiana.

El problema de esta solución es que entrañaría una revolución en el sistema político del país. Las más avezadas de las propuestas de reforma buscan regresar a lo que antes parecía funcionar, que es, en esencia, lo que este gobierno intentó: re-centralizar el poder. Esa opción desapareció el día en que se liberalizó la economía y es imposible recrearse. Lo que necesitamos es un sistema político para el siglo XXI, no la continuación, así sea institucionalizada, del porfiriato. Y eso implica el fin de los privilegios, transparencia y rendición de cuentas: o sea, responderle a la ciudadanía. Si no se parte de esa premisa, nada cambiará.